La violencia feminicida que ubica a Veracruz como uno de los más violentos para las mujeres, no ha provocado en las autoridades la urgencia de activar medidas para disminuir estos ilícitos, y las que ha tomado no han sido suficientes.

A pesar de los 23 casos de feminicidios registrados en lo que va del año, el Grupo Intersectorial e Interdisciplinario de Trabajo (GIIN) no se ha reunido para tratar el tema, reconoció la presidenta de la asociación Equifonía, Araceli González Saavedra.

La activista agregó a que a esto se suman los retrasos en la creación y actualización del banco estatal de datos y que es la responsabilidad del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).

Señaló que este banco serviría para tener un diagnóstico de los feminicidios que han ocurrido a la fecha, pero hasta ahora no hay información sobre su avance.

Por si esto fuera poco, añadió que el Estado no logró acceder a los recursos que otorga la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y que forman parte de una bolsa de 100 millones de pesos que se destinan a estados con alertas por violencia de género.

Esto, debido a que el GIIN de la segunda alerta por violencia de género por agravio comparado, no argumentó debidamente los motivos para lograr que parte de ese fondo se destinara a Veracruz.

Indicó que esto provocó que el Estado se quedara sin los fondos federales de la Conavim y que actualmente sólo ejerza el presupuesto propio destinado para atender las recomendaciones; sin embargo, tampoco es claro el monto destinado para atender la primera alerta y la segunda alerta.

“Lo que sabemos es que este año, por argumentos mal plateados por uno de los grupos de trabajo fue difícil que el Estado accediera a los recursos. No sabemos si para ambas alertas o sólo para una”.

Añadió que si bien la alerta es un mecanismo para medidas urgentes, el Gobierno del Estado debe presentar una política pública para la prevención y atención de esta problemática a mediano y largo plazo, así como medidas específicas para garantizar justicia.

No obstante, dijo que a casi dos años desde que se emitió la primera alerta de género para el estado, las políticas siguen sin estar articuladas en prevención y atención de este tema.

“Decir que no se han hecho esfuerzos sería irresponsable de nuestra parte, hemos tenido reuniones de seguimiento y damos fe cómo se han hecho esfuerzo, la cuestión es que no son suficientes y el presupuesto tampoco lo es”.

González Saavedra lamentó que a este panorama se debe agregar los conflictos de intereses que existen en los GIIN, lo cual genera que no se ponga la atención requerida en esta problemática.

“Quienes estamos en la exigencia no debemos tener conflicto de intereses y si por un lado cuestionan y por otro lado son contratadas por el propio Gobierno o por el IVM para atender aquello que supuestamente están criticando pues entonces nos parece más preocupante porque al parecer lo que menos le preocupa es solucionar la problemática”.

Añadió que la prueba de estos conflictos está en la negativa de la Conavim de destinar recursos para Veracruz, a pesar de contar con dos alertas de género.

“Teniendo a dos alertas se podía acceder a las dos, pero es este tipo de consecuencias que hay cuando no hay seriedad en los planteamientos que se hacen. En el grupo de trabajo de la alerta por agravio comparado no hay una rendición de cuentas ni transparencia para que las organizaciones puedan participar en ese grupo, se opusieron con el voto de académicas y del IVM a que hubiera transparencia y participación de la sociedad civil”.

Acusó que en este Grupo no hay un planteamiento claro en cuanto a la metodología y criterios para evaluar a las diferencias instancias, y aseguró que la evaluación está basada en “anécdotas”.

Mientras tanto, la violencia feminicida arrebató la vida a tres mujeres tan solo en los últimas días en la zona centro del estado, los casos se quedan en total impunidad.

Perla Sandoval/Avc