Los 12 contratos que fueron asignados a la Empresa Desarrolladora CJEV IV, S.A.P.I, responsable de la construcción de 21 ciudades judiciales en la entidad, fueron observados como una falta grave por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). La firma está vinculada a la familia Ruiz Anitúa, que ha logrado negocios millonarios con el apoyo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

El pasado 5 de septiembre AVC publicó el reportaje Ruiz Anitúa, los negocios millonarios al amparo de Yunes y Borge, donde se detalla la manera en el que priista ha entregado concesiones a la familia de origen español.

Como parte de la Revisión de la Cuenta Pública 2018 el Órgano de Fiscalización observó los contratos de la asociación público-privada con la firma Desarrolladora CJEV IV, S.A.P.I, y confirmó que hasta marzo del 2019, cuando se hizo la supervisión física a los predios en los que se va a edificar la infraestructura se corroboró que solo se ha instalado el terraplén en cada uno.

En la revisión se observó la asignación de 12 contratos por un monto de 747 millones 227 mil pesos, aunque los contratos se entregaron a la Empresa Desarrolladora CJEV IV, S.A.P.I y no a Desarrolladora CJI, SAPI, SA de CV, que fue registrada ante Hacienda Federal como la firma con la que se mantiene un adeudo por 849 millones de pesos.

El Orfis detectó que ente público, es decir, el Poder Judicial no integró un expediente técnico por cada una de las 21 Ciudades Judiciales, en el que estaba obligado a presentar la descripción del proyecto de asociación público-privada y su viabilidad técnica; el dictamen emitido por el tercero especializado; la viabilidad jurídica; la rentabilidad y el beneficio social de las mismas.

Incluso, tenía que presentar las estimaciones de inversión y aportaciones, el estudio Costo-Beneficio de la infraestructura para el nuevo sistema de justicia penal; y la viabilidad económica y financiera del proyecto.

Incluso, la conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de asociación público-privada; y las autorizaciones para el desarrollo del proyecto que, en su caso, resulten necesarias, por cada proyecto de Asociación Público-Privada de las Ciudades Judiciales que se indican, pero se incumplió.

En septiembre del 2017, la LXIV legislatura, integrada por una mayoría panista, aprobó la posibilidad de concesionar la construcción de 17 ciudades en igual número de distritos judiciales, sin embargo, el Poder Judicial determinó ampliar a 21 el número de proyectos, sin contar con el aval o consentimiento de la Cámara.

El Orfis también detectó que no existe evidencia del análisis financiero, para conocer la capacidad de pago del Ente Público, que debió formular el H. Congreso del Estado, previo al otorgamiento de la autorización para la Construcción de las Ciudades Judiciales, por lo que se pide dar vista al órgano de control interno para que se tomen las medidas al respecto.

Y es que como parte de la aprobación solo se aprobó que el pago por la edificación de la estructura no podía superar los 13 millones 217 mil 245 pesos mensuales, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El TSJE decidió iniciar con los trabajos de construcción en los distritos judiciales de Poza Rica, Coatzacoalcos, Orizaba, Tuxpan, Mina, Martínez de la Torre, Tantoyuca, Camerino Z. Mendoza, Pueblo Viejo, Zongolica, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama, Álamo, Papantla, Isla, Choapas, Misantla, Naolinco, Huayacocotla, y en el caso de Boca del Río se determinó cambiarla a Medellín.

De los 21 proyectos, sólo entregó 12 contratos por lo que fue observado por el ente fiscalizador en los que se establece la proyección del costo de los edificios, que va desde los 155 millones hasta los 50 millones 976 mil pesos, es decir, en algunos casos se triplica el valor de la inversión.

Las observaciones que tendrán que solventar

En el 2018 el PJEV reportó 38 obras y servicios adjudicados de manera directa mediante contrato por un monto total de 154 millones 445 mil 513 pesos. De ese total, 19 acuerdos o convenios los adjudicó de manera directa, sin respetar la obligación de licitar o invitar a empresas a participar en el proceso de asignación

Las empresas beneficiaras son Infraestructura SA de CV, con 6 contratos por 9 millones 313 mil pesos; Asesores y Constructores de México SA de CV con 5 contratos por 12 millones 913 mil pesos; la persona física Pedro Rubio Gómez con cuatro contratos por 2 millones 284 mil pesos; e Inmobiliaria y Comercializadora Frajusa Sa de CV, que logró cuatro contratos por 36 millones 817 mil pesos.

Por lo anterior, el Órgano de Fiscalización pidió iniciar una investigación y sancionar a los funcionarios que violaron la legislación vigente sobre la contratación de obras y servicios por un monto de 45 millones 394 mil pesos.

AVC/Isabel Ortega