El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña, estuvo este martes en Xalapa, donde primero visitó el Banco de Alimentos Maná que preside una ex diputada ex priista que luego se mudó al PAN, la cual aprovecha los desechos de los supermercados de su millonaria familia para mitigar la hambruna de quienes sobreviven en pobreza extrema en los cinturones de miseria de la capital veracruzana y en algunos municipios vecinos.

Posteriormente, Meade firmó convenios con 28 Institutos Tecnológicos para el Combate al Rezago Educativo, y el Acuerdo Integral de Desarrollo Social Incluyente 2015. Sin embargo, a nadie de la prensa se le ocurrió preguntarle sobre un candente asunto que preocupa seriamente a los veracruzanos. Y no, no se trata del polémico nombramiento del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán como cónsul en Barcelona, cuya opinión hubiera sido interesante conocer ya que antes de ser titular de la Sedesol se desempeñaba como secretario de Relaciones Exteriores, sino de la exorbitante deuda pública del gobierno de Veracruz, tema que, por cierto, ha sido uno de los principales puntos de confrontación de los senadores del PRI, Héctor Yunes Landa y Pepe Yunes Zorrilla, gran amigo de Meade, con el gobernador Javier Duarte de Ochoa. El caso lo debe conocer muy bien el ex canciller porque en los dos primeros años de la administración duartista, en 2011 y 2012, él se desempeñó como secretario de Hacienda y Crédito Público con el presidente Felipe Calderón, del PAN.

En un comunicado que difundió el domingo 1 de noviembre, titulado “Veracruz hipotecado y la pobreza en aumento”, el senador Yunes Landa criticó que cuatro días antes el Congreso local aprobara “una nueva deuda hasta por 35,501 millones de pesos –aunque no se quiera reconocer como tal–, rehipotecando nuestro estado y comprometiendo su futuro económico.” Según el legislador, “la urgencia de aprobar este nuevo endeudamiento sin la adecuada deliberación, sin tomar en consideración la precaria situación del estado y el exhorto de varios sectores para no contratar más deuda pública, obedece a que el gobierno estatal no tiene recursos debido a una ineficiente administración.” Aseveró que el régimen de Javier Duarte “ha duplicado, y está por triplicar, la deuda ‘heredada’, pues recibió una deuda de 21,874 millones, misma que en menos de cinco años duplicó, dado que en agosto de 2015 se tenía registrada una deuda de 44,470 millones 800 mil pesos, a los que ahora se habrá que sumar, casi lo doble, derivado de la aprobación del pasado 28 de octubre, llegando ésta a niveles inmanejables.” Y refirió que “el gobierno federal ha buscado frenar el endeudamiento descontrolado de las entidades a través de la iniciativa de Ley en Disciplina Financiera para los Estados y Municipios, la cual desafortunadamente para los veracruzanos no aplicará a la brevedad para frenar el abuso en que se ha venido incurriendo.”

“En Veracruz –dijo– se deben apresurar los cambios en el marco jurídico para sumarnos a esta visión del presidente Peña Nieto para evitar endeudamientos sin menoscabo de las finanzas públicas y en detrimento del crecimiento y desarrollo económico, ya que es evidente la falta de transparencia y derroche irresponsable del gasto público estatal.”

“La situación económica de nuestro estado es precaria”, apuntó, tras aludir que entre 2012 y 2015 se perdieron en Veracruz 177 mil 531 puestos de trabajo. “El problema de destrucción de empleos y malos salarios se traduce en un incremento en los niveles de inseguridad. Si queremos frenar la violencia, el mejor camino es crear más y mejores empleos, por lo que la única solución es generar riqueza y no endeudar irresponsablemente más al estado.”

Sin embargo, lo que no dice Yunes Landa es que la administración del presidente Peña Nieto está peor que la del gobernador Duarte, ya que en menos de dos años el gobierno del mexiquense aumentó la deuda pública total en un 21%, al pasar de 5 billones 890 mil 846 millones de pesos al cierre de 2012, a 7 billones 125 mil 895 millones de pesos en 2014. Y en este tema tampoco se salvan los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, del PAN. El primero la dejó en 3 billones 135 mil 339 millones de pesos; mientras que su sucesor la aumentó en 88% en los seis años, dejándola en 5 billones 890 mil 846 millones. Pero Peña Nieto, en su primer año y siete meses de gobierno la elevó a casi 7 billones 126 mil millones. Para dimensionar el tamaño de la deuda del gobierno federal, con Fox representó el 29% del Producto Interno Bruto; con Calderón el 36%  y con Peña Nieto ya rebasó el 42% y estaría por alcanzar el 47% del PIB en 2016.

Pero este domingo 15, día en que el gobernador Javier Duarte entregó su quinto informe de gobierno, Yunes Landa difundió otro comunicado titulado “2016: Gobierno eficiente, eficaz, responsable y austero”, destacando el gasto público que la Federación ejercerá el año próximo, el cual ascenderá a 4 billones 763 mil 874 millones de pesos, que equivalen a 24.6 por ciento del PIB, o sea, casi la mitad del monto total de la deuda pública de la administración de Peña. Ello, obviamente, ha tenido graves repercusiones financieras y sociales, ya que el número de mexicanos en condición de pobreza pasó entre 2012 y 2014 de 53.3 a 55.3 millones; el gobierno federal está por recortar 16 mil plazas laborales, y la inseguridad sigue al alza en casi todo el país. Ayer, un diario capitalino consignaba que 201 hoteles de 22 estados y de la ciudad de México estaban al borde de la quiebra porque desde hace un año la Policía Federal les debe 653 millones de pesos por hospedaje y consumo de alimentos. Pero sobre ello, inexplicablemente, Yunes Landa y su homólogo Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, han hecho mutis.