El Congreso del Estado deberá hacer modificaciones al Código Penal para atender las recomendaciones derivadas de la segunda alerta de género decretada para Veracruz, en este caso por agravio comparado; es decir, por violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Esto, luego de que el pasado 3 de julio, el juez décimo octavo de distrito en Veracruz otorgó el amparo 1191/2017 a las organizaciones de la sociedad civil que reclamaron una omisión de los diputados locales que se negaron a discutir la reforma al Código Penal recomendada por el grupo de trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Al respecto, la integrante del Colectivo Feminista de Xalapa, Montserrat Díaz, indicó que con este amparo el Congreso local deberá modificar el artículo 149, 150 y 154 del Código Penal, antes de que finalice el actual periodo de sesiones que culmina el próximo 31 de julio de este año.

Entre las reformas que se deben hacer está la ampliación del término para el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), así como el incremento en las causales para acceder a este y la descriminalización de las mujeres que abortan por decisión o porque se ven obligadas a ello.

“Esta resolución marca un hito importante en materia de derechos humanos y primordialmente el de las mujeres, por estar apegada a criterios nacionales e internacionales a los que el Estado mexicano está obligado”.

Cabe destacar que el pasado 28 de septiembre del año pasado, la Legislatura declaró improcedente dictaminar de manera positiva la iniciativa de reforma al Código Penal, a pesar de ser una recomendación de la Conavim.

Por ello, diversas organizaciones como Akelarre AC, Colectivo Feminista de Xalapa, Justicia, Derechos Humanos y Género C, solicitaron un amparo por considerar que la omisión de legislar sobre este tema vulneró los derechos humanos de las mujeres.

Ante esto, el juez determinó que el Poder Legislativo violentó el derecho humanos a la protección de la dignidad AD humana de la mujer, a la no discriminación, a la libertad, a la salud sexual y reproductiva y a la salud de las mujeres.

Ante esto, Montserrat Díaz hizo un exhorto, a nombre de las organizaciones, a que cesen la violación de los derechos humanos de las mujeres y restituya los derechos de las mujeres.

“No daremos ni un paso atrás, no descansaremos hasta lograr que las mujeres puedan ejercer su libertad, salud sexual y reproductiva, y sobre todo, que tengan garantizada la salud y la vida con un marco legal que las proteja y no las criminalice”.

En Veracruz, las mujeres son criminalizadas por el delito de aborto: Lecxiur

El amparo otorgado por un juez que obliga al Poder Legislativo a modificar el Código Penal de Veracruz contempla, entre otros asuntos, la ampliación del acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), sus causales y la no estimagtización de mujeres se practican un aborto.

Al respecto, la integrante de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, Esmeralda Lecxiur Ferreira, detalló que esto se deriva de la alerta de violencia de género por agravio comparado, pues dijo que las mujeres son criminalizadas por el delito de aborto, a pesar de que no se toman en cuenta las características de cada situación.

Puso como ejemplo los embarazos forzados, aquellos que son productos de una violación, pues actualmente la legislación únicamente prevé que se pueda acceder a la interrupción legal del embarazo hasta 90 días después de la violación.

“Tenemos obstaculizaciones para que en el estado las mujeres puedan ejercer de manera libre la interrupción legal del embarazo (…) hay mujeres que difícilmente pueden llegar a denunciar este tipo de situación porque la mayoría son personas cercanas las que cometen esta violación”.

Agregó que la exigencia es que no se ponga un plazo para acceder al ILE en los casos de violaciones sexuales porque constituyen una forma de tortura.

Dijo que entre las recomendaciones es que no se criminalice ni se deje registro de que una mujer se practicó un aborto para evitar la estigmatización que esto conlleva.

Si diputados no acatan reforma al Código Penal serán denunciados por omisión legal: Pascual

Si los diputados locales no acatan la orden de un juez para reformar el Código Penal y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, podrían ser denunciados por una omisión legal de sus deberes, advirtió la integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidios, Miriam Pascual.

“Habría dos posibilidades, la separación del cargo de las autoridades por incumplimiento y lo otro es iniciar un procedimiento penal por incumplimiento de sentencia y eso es algo que se debe realizar bajo la inejecución del amparo”:

Y es que dijo que los diputados locales no pueden justificar el incumplimiento de esta resolución bajo el principio de soberanía del Poder Legislativo, ya que dijo ninguna autoridad está por encima de la Constitución Política de México.

“Todos los Gobiernos están obligados a someter su ejercicio con respecto al respeto a los derechos humanos y aún bajo el argumento de la soberanía, el Estado de Veracruz no puede pasar por encima del derecho humano a la vida y salud de las mujeres”.

Señaló que tal como está la ley actualmente, el Estado de Veracruz obliga a las mujeres a mantener embarazos forzados, algunos productos de violaciones sexuales, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad y tortura.

No obstante, reconoció que el Poder Legislativo podría solicitar un recurso de revisión y para lo cual tiene 15 días para responder a la dictaminación del juez

De no acatar orden del juez, Congreso podría caer en desacato jurídico

La diputada local Guadalupe Osorno Maldonado aseguró que si el Poder Legislativo no obedece la orden del juez para modificar el Código Penal para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, caerán en un desacato jurídico.

“Primero es una falta de cumplimiento de un compromiso del Estado veracruzano que asumió al reconocer las recomendaciones de la alerta por violencia de género; y luego están cayendo en desacato jurídico”.

La legisladora advirtió qué hay experiencias en que derivado del desacato a la orden de un juez por parte de alguna autoridad, incluso pueden ser detenidos los funcionarios.

“Se convierte en un delito, ya no nada más es una falta de compromiso, sino que además es un delito. Yo no sé hasta qué punto quieren llegar al seguir violentando la ley”.

Y es que dijo que si la bancada pianista “hace oídos sordos” a esta orden es incumplir la ley.

Añadió que distinto a lo que se ha dicho, estas reformas al Código Penal no despenalizan el aborto, solo se adapta la normativa veracruzana a la nacional e internacional sobre el tema.

“Es una situación de igualación de derechos. No obliga a nadie a interrumpir su embarazo, pero como están las leyes en Veracruz obligan a las mujeres a asumir un marco moral que puede que no esté de acuerdo con sus creencias y costumbres pues es una imposición de otro tipo”.

Perla Sandoval/Avc