Veracruz se ha puesto en el camino trazado por el gobierno federal en materia político-electoral, con la entrega ante la Legislatura de la iniciativa que, para homologar el código electoral local con lo aprobado por el Congreso de la Unión en la materia, fue remitida por el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Con esta acción, el gobierno estatal atiende una de las indicaciones del gobierno federal, que ve con preocupación cómo los diputados de oposición, particularmente los del PRD, han buscado atrasar la discusión sobre las leyes secundarias en materia energética y de telecomunicaciones, ante la dilación en congresos locales para discutir y aprobar este importante tema que ha puesto a los analistas ante lo que el escritor Jorge Luis Borges habría denominado problemas jurídico-matemáticos.

Y es que el próximo 30 de junio se vence el plazo para que estas nuevas normas logren la aprobación del poder legislativo de los estados con la adecuación en el campo local de lo que, en adelante, permitirá una mayor influencia al nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) incluso para organizar los comicios locales, nombrar y evaluar a los consejeros electorales locales y al consejero presidente, así como establecer las atribuciones del tribunal electoral local.

No solo se trata de estas adecuaciones. Otras complejizan la manera en que se ajustarán los calendarios electorales locales con los nacionales, lo que ha abierto la discusión sobre si la autoridad estatal que se elija en 2016 durará dos años o se mantendrá como hasta ahora e, incluso, si más adelante se abrirá un periodo de ajuste que obligue a una disminución de uno de los periodos de gobierno; también, si los alcaldes próximos, en lugar de cuatro años como el caso de quienes protestaron el 31 de diciembre, volverán –al menos en una de las elecciones– a los periodos de tres años.

En su conferencia de prensa de ayer, el gobernador Javier Duarte de Ochoa explicó muy someramente el contenido de la iniciativa de ley que ayer mismo remitió a los diputados locales.

Se refirió a la equidad de género, a la disminución de los periodos para campañas político-electorales (de 60 días la de gobernador, y de 30 la de alcaldes y diputados locales), la adecuación de las normas que regirán tanto en el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) como en el Tribunal Estatal Electoral y la apertura para las candidaturas ciudadanas, una de las novedades de la nueva legislación electoral que rompería con el monopolio de los partidos políticos para postular candidatos.

Y aunque se le cuestionó respecto a las interpretaciones que se han estado publicando en torno a la posibilidad de ajustar los calendarios estatales con los federales para que México no viva la inestabilidad de continuos comicios, lo que podría implicar –en 2016 o más adelante– un periodo gubernamental más corto que seis años, lo único que dejó claro es que en la iniciativa presentada no se contempla ajuste temporal alguno.

 Candidatos ciudadanos, ¿atole con el dedo?

 Hace tiempo que los mexicanos no nos sentimos representados por ningún partido político, que una multitud de líderes sociales, de hombres y mujeres con ánimo de cambiar las cosas a favor de los pobladores, no encuentra en esas instituciones la posibilidad de competir por un puesto de elección popular. Por ello han buscado ser candidatos postulados por corrientes ciudadanas no partidistas y no lo han podido hacer.

Una de las mejores noticias de la nueva legislación electoral es la posibilidad de que se postulen candidatos ciudadanos. En el caso de Veracruz, Javier Duarte señaló que estos se incluyen en la iniciativa que ya está en manos de los legisladores locales. Sin embargo, ¿qué tanto es posible lograr el registro de un candidato extrapartidista según las normas nacionales?

La primera oportunidad de quienes logren salvar la multitud de candados para ser candidatos ciudadanos la tendrán el 7 de junio del próximo año, si bien algunos estados ya lo admitieron en 2013. El primer problema que enfrentarán, según analistas y académicos, es cumplimentar los requisitos establecidos, considerados como exagerados.

Figúrese usted que para ser candidato presidencial en 2018, el osado ciudadano tendrá que recabar las firmas de al menos el 1 por ciento del electorado nacional, algo así como 780 mil votantes, y hacerlo en un plazo de cuatro meses (120 días). Su peregrinar y el de su equipo deberá ser a todo vapor sin que haya financiamiento y sin acceso a medios de comunicación. Como quien dice, a golpe de calcetín y sin chistar.

Una roca en el camino

La verdad es que la inclusión de esta figura más bien buscó un impacto mediático para los proponentes, si se toma en cuenta que mientras se exige el 1% a los llaneros solitarios, en cambio, a las organizaciones que buscan ser partidos políticos nacionales apenas se les pide el 0.26% (unas 220 mil personas), es decir, la cuarta parte de lo que se exige a aquel, y en un periodo mayor.

Todavía más, quien busque la candidatura independiente al Senado deberá comprobar el apoyo de al menos 2 por ciento del electorado en el estado en que busque competir, mismo porcentaje (aunque por el distrito electoral federal) que se pide al que quiere lanzarse por la libre a la búsqueda de un escaño en la Cámara de Diputados. Para colmo, cada uno debe constituir una asociación civil.

Los legisladores mostraron rápidamente la antipatía que les produce quien quiere llegar a los puestos de elección popular sin pasar por su rastrillo ideológico. Las normas que establecen las vías para lograr una candidatura están llenas de piedras y rocas en el camino de los aspirantes.

Según el abogado Luis Pérez de Acha, consultado por el portal ADN Político, además de oponer requisitos desproporcionados e inviables, incluyen lo que él denominó una ‘trampa procesal’, pues la ley “no permite que un aspirante acuda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) si sus derechos se violan durante la solicitud de registro”. ¿Así o más claro?

Para colmo, los propios legisladores de izquierda han sido los más recalcitrantes a aceptar esa modalidad, y es que está cerca la experiencia de Podemos, una asociación ciudadana española que de la noche a la mañana logró una importante representación en el Parlamento Europeo, a costa del PSOE y del PP, en el poder.

¿Qué pero le ponen a las candidaturas ciudadanas? El más estruendoso, por supuesto: que pueden ser financiadas por el crimen organizado. Y lo ha dicho el diputado perredista Jesús Velázquez, anticipando su postura en el debate ya próximo en el Congreso local.

Su partido ha sido acusado en Michoacán de recibir el apoyo de los grupos delictivos más importantes de ese estado, particularmente Los Caballeros Templarios, y varios alcaldes pararon en la cárcel; incluso, uno de sus célebres diputados federales, Julio César Godoy Toscano (primo de Leonel Godoy, exgobernador perredista de Michoacán), fue acusado de tener vínculos con el narcotráfico y de lavado de dinero, por lo que se encuentra prófugo de la justicia. De manera que no es necesario ser ciudadano para ser cooptado por la delincuencia organizada.

En los siguientes días, téngalo por seguro, habrá más tela de donde cortar.

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