Aunque desde finales del año pasado Andrés Manuel López Obrador, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), comenzó a perfilar al diputado federal xalapeño Cuitláhuac García Jiménez como futuro candidato de su partido a la gubernatura de Veracruz, en estos últimos días ha comenzado a ser encartada también la diputada por Coatzacoalcos, Rocío Nahle García, una ingeniera química de profesión a la que el ex perredista tabasqueño promovió para la coordinación de su grupo legislativo en la Cámara baja del Congreso de la Unión.

El nombre de Nahle García ha comenzado a sonar porque la ven mucho más competitiva que su compañero de curul, quien no ha logrado levantar en las preferencias electorales como esperaban.

La legisladora sureña milita en la izquierda desde 1999 y ha sido asesora de diferentes grupos parlamentarios en la Comisión de Energía del Congreso de la Unión. Es miembro del Comité Nacional de Estudios de la Energía y del “Grupo de Ingenieros PEMEX Constitución del 17”, en los que participó activamente en el debate de la Reforma Energética que se inició en el Senado de la República en 2008.

Pero a la representante popular del XI distrito electoral federal –que abarca los municipios de Coatzacoalcos, Nanchital y Agua Dulce– se le ha comenzado a cuestionar que no es nativa de Veracruz ni es hija de padres veracruzanos, requisitos que exige la Constitución Política local a los aspirantes a gobernar la entidad.

Y, en efecto, la coordinadora legislativa de Morena nació el 14 de abril de 1964 en Zacatecas, pero desde hace más de 27 años radica en el antiguo Puerto México, donde formó su propia familia, por lo que en opinión de algunos experimentados juristas la diputada Nahle sí podría ser postulada como candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz si se ampara en el Artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2008–, el cual estipula claramente en uno de sus párrafos que “sólo podrá ser Gobernador Constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la entidad federativa.”

La diputada Nahle, pues, estaría constitucionalmente habilitada para contender por la gubernatura, ya que lleva casi tres décadas viviendo en el puerto de Coatzacoalcos.

En esa misma condición legal estaría también el diputado local del PRI, Ricardo Ahued Bardahuil, quien este martes acompañó al senador Héctor Yunes Landa a comer con un destacado grupo de columnistas xalapeños.

Según la versión que corre, el respetado y exitoso empresario oriundo del estado de Hidalgo pero avecindado desde su infancia en Xalapa –municipio que ya gobernó de 2005 a 2007–, será uno de los principales operadores políticos en la campaña del virtual candidato priista al gobierno de Veracruz y, muy posiblemente, en 2017, contienda nuevamente para la alcaldía capitalina si no es que Yunes Landa, en caso de ganar la elección de junio próximo, lo incorpora a su gabinete.

Lo cierto es que por su congruencia y honestidad políticas, los bonos de Ahued siguen subiendo ante el descrédito y desgaste de los líderes y cuadros priistas. Por eso hay quienes le empiezan a ver al ex munícipe xalapeño espolones para la sucesión gubernamental de 2018, que se avizora sumamente complicada para el partido tricolor porque se empatará con la elección presidencial, comicios que el Revolucionario Institucional no ha ganado en la entidad desde el año 2000, cuando el PAN, con Vicente Fox, logró la alternancia en la Presidencia de la República.

‘Arde’ la zona sur

Por cierto, hablando de la región de Coatzacoalcos, la inseguridad sigue agudizándose en esa zona cuya economía, además, está muy deprimida por el despido de centenares de trabajadores de Petróleos Mexicanos y de las compañías contratistas de PEMEX, las cuales han tenido que recortar personal ante el desplome del precio mundial del petróleo, que sigue en caída libre igual que el peso frente al dólar.

El artero crimen de Jesús Gertrudis Guízar Valladares, hermano del diputado federal y dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES), Gonzalo Guízar, es un lamentable ejemplo más de la descomposición social que se vive en el extremo sur del estado.

Para que este homicidio no se politice ni sea manipulado mediáticamente para contaminar el proceso electoral, las autoridades ministeriales están obligadas a actuar con celeridad y agotar todas las líneas de investigación, a fin de esclarecer el verdadero móvil del atentado, evitar especulaciones y aprehender a los criminales, tanto materiales como intelectuales.