El Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Orfis, compareció recientemente ante la Legislatura del Estado, donde rindió un informe sobre el trabajo de revisión que realiza en materia del ejercicio presupuestal de las dependencias y organismos del gobierno estatal y los ayuntamientos.

El Orfis reveló que derivado de las observaciones a la cuenta pública 2016, hay 16 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado, que presumen un daño patrimonial por más de 5 mil 500 millones de pesos.

Entre las dependencias que registran un presunto daño patrimonial, durante el último año del gobierno de Javier Duarte, se encuentran las secretarías de Finanzas y Planeación, de Turismo y Cultura, de Seguridad Pública, de Protección Civil, de Gobierno, de Educación y de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, cuyos ex titulares deben estar pensando en cómo deslindarse de los señalamientos.

La reciente captura del ex secretario de Salud del gobierno estatal, Juan Antonio Nemi Dib, es útil para ejemplificar el rumbo que podrían tomar algunos casos de presunto daño patrimonial, si es que las autoridades logran acreditar el delito.

A estas alturas, los ex integrantes del gabinete duartista ya perdieron la tranquilidad, porque saben que no se puede descartar la acción penal en su contra. Así las cosas, lo que se espera es una fila para solicitar amparos.

En cuanto al monto de las observaciones correspondientes a la revisión al ejercicio fiscal 2016, el Orfis ubicó las cifras en un nivel de escándalo: la Secretaría de Gobierno presenta presuntas irregularidades por 242 millones; Seguridad Pública, 214 millones; Educación, 724; Infraestructura y Obras Públicas, 91; Desarrollo Social, 184; y Protección Civil, 28; en tanto que la Coordinación General de Comunicación Social presentó irregularidades por más de dos mil 284 millones de pesos únicamente en el ejercicio citado.

Esas, en síntesis, fueron las observaciones a las secretarías de la administración Duarte. Los ayuntamientos veracruzanos son una historia muy parecida porque en más de la mitad de ellos se detectaron presuntas irregularidades que hacen suponer un daño patrimonial por más de 608 millones de pesos.

Los ayuntamientos con los mayores montos observados de irregularidades fueron Cosamaloapan, con casi 134 millones de pesos; Coatzacoalcos, con cerca de 51 millones; Cosoleacaque, con más de 41 millones; San Andrés Tuxtla, con 35 millones; Coxquihui, con más de 27; Mecayapan, con 18; y Chinameca, con 17 millones de pesos.

Aunque la lista es de 101 ex presidentes municipales veracruzanos, quienes enfrentarán más problemas, debido a los elevados montos, son los ex alcaldes de Cosamaloapan, Adriana Maass Michel; Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol; Cosoleacaque, Ponciano Vázquez Parissi; Manuel Rosendo Pelayo, ya con líos judiciales, San Andrés Tuxtla; y Reveriano Pérez Vega, de Coxquihui.

La lista del Orfis sobre la auditoría al ejercicio 2016 también incluye a las administraciones municipales de Alvarado, Minatitlán, Papantla, Las Choapas, San Rafael, Tecolutla, Tres Valles y Vega de Alatorre.

En resumen, casi la mitad de los ayuntamientos de la entidad tuvieron observaciones en las revisiones del mencionado año.

A esa información, la relacionada con las dependencias del gobierno del estado y de los ayuntamientos, se suma lo encontrado por la Auditoría Superior de la Federación, por lo que se infiere que el  monto de las irregularidades podría dispararse.

Lamentable, porque esos recursos que habrían sido desviados pudieron ocuparse para mejores fines que llenar los bolsillos de ex funcionarios; por ejemplo, para la introducción de servicios básicos o para infraestructura; o bien para un mejor trabajo por parte de las dependencias, que más que oficinas públicas, por lo visto, parecían cuevas de ladrones. Basta decir que de acuerdo con el auditor general del Orfis, el organismo ha logrado recuperar mil 500 millones de pesos de 2012 a la fecha. @luisromero85