El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, dio a conocer la última actualización de las cifras que corresponden a las denuncias presentadas ante las agencias del Ministerio Público.

En la información relacionada con la incidencia delictiva del mes de octubre, Veracruz registró prácticamente la misma tendencia del resto del año: durante el mes pasado, en la entidad se denunciaron 3 mil 669 hechos delictivos, entre los que se encuentran mil 600 robos; 342 lesiones; 218 homicidios; y 11 secuestros.

La casilla de los homicidios dolosos establece que durante octubre se registraron 147 casos; un promedio de casi 5 asesinatos cada día. Por otro lado, la frecuencia de los secuestros fue de uno cada tres días.

Esos números, sin embargo,  aunque nos dan una idea, no reflejan la dimensión del problema de la inseguridad en la entidad veracruzana, porque según estadísticas que reconocen las propias autoridades, la inmensa mayoría de los delitos que se cometen en nuestro país no son denunciados y, por tanto, no se convierten en expedientes de investigación.

Como sea, las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en Veracruz, octubre ha sido, hasta hoy, el segundo mes con más homicidios en el año, sólo superado por agosto, cuando se registraron 179 asesinatos dolosos.

La tendencia que marcan las estadísticas del gobierno federal nos indican que conforme se acerca el cambio en el poder ejecutivo del estado, el problema de la inseguridad se ha intensificado; por ejemplo, entre enero, febrero y marzo se cometieron en Veracruz 192 homicidios dolosos; en tanto que en los tres meses más recientes en que se cuenta con registro, agosto, septiembre y octubre, la cifra se ubica en 456, más del doble.

Veracruz, de esa manera, se mancha de sangre cada día más. Por otro lado, cada vez con más frecuencia los medios informativos consignan casos de ejecuciones y homicidios con extrema violencia, como el ocurrido este lunes en Córdoba, donde un sujeto fue ultimado a balazos.

Los secuestros, como es comprensible, trascienden muy poco porque las víctimas no recurren, en la mayoría de los casos, a las autoridades. Aun así, Veracruz se mantiene en el top ten de las entidades con más casos de este ilícito; de enero a la fecha, en el territorio estatal se han registrado ante el Ministerio Público 106, con lo que ya fueron superadas, por mucho, las cifras correspondientes a todo 2015, cuando se denunciaron 97.

Así las cosas, lo que se vive en Veracruz en materia de inseguridad es una verdadera tragedia por el elevado número de homicidios dolosos y secuestros.

Lo único bueno es que el presente sexenio está a punto de concluir con un gobernador prófugo de la justicia y con una administración interina que ya pide esquina porque no ha podido enfrentar los problemas derivados de tanta corrupción y de tanto desvío.

Alcaldes exigen participaciones

Hablando de desvíos de recursos, el grupo de los alcaldes veracruzanos identificados con el Partido Revolucionario Institucional volvió a demandar la entrega completa de las participaciones federales que fueron retenidas, no entregadas por la administración estatal a los 212 ayuntamientos de la entidad.

Evidentemente se equivocó quien pensaba que tras la reunión con la secretaria de Finanzas, Clementina Guerrero, los presidentes municipales bajarían los brazos y se quedarían esperando la llegada de los recursos que fueron desviados por el gobierno estatal.

Lejos de ello, los alcaldes, unos 80, encabezados por Américo Zúñiga Martínez, difundieron una carta dirigida a los gobiernos federal y estatal en que denuncian la retención de las participaciones federales.

En dicho documento, los ediles subieron el tono y afirmaron que el dinero que debía llegar a los municipios fue retenido “de manera ilegal e indebida”; se refieren a más de tres mil millones de pesos que fueron depositados por la Federación al gobierno estatal para que éste lo trasladara a los municipios de Veracruz.

Como es sabido, los recursos no llegaron a su destino porque la administración estatal utilizó el dinero para otro fin, lo que constituye, evidentemente, un desvío.

Pues bien, los alcaldes destacaron que si bien fueron liberados algunos recursos, éstos no corresponden a la totalidad de los pagos pendientes.

Las protestas de los alcaldes, al menos de los identificados con el PRI, que son encabezados por Américo Zúñiga, continuarán en los próximos días y semanas, porque es poco probable que la Federación destine más recursos para los ayuntamientos veracruzanos; sobre todo tomando en cuenta que las participaciones fueron enviadas a Sefiplan por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; es decir, el gobierno federal no pagará dos veces.

De cualquier manera, los presidentes municipales están en su papel al denunciar un hecho que podría constituir un delito; no hacerlo sería convertirse en cómplices por omisión.

Por cierto, el alcalde de Xalapa está asumiendo un evidente rol de liderazgo entre los ediles de su partido; de esta crisis, la imagen de Zúñiga Martínez ha resultado fortalecida, al menos al interior del Revolucionario Institucional. @luisromero85