Por Rafael Pérez Cárdenas

Las marchas que encabezaron cientos de personas este fin de semana en defensa de la familia -en realidad, en contra del matrimonio igualitario-, no sólo ha puesto en evidencia la confusión que existe respecto de lo que se discute, sino también un escenario de confrontación en el que muchos sectores políticos y religiosos podrían haber encontrado una oportunidad de fracturar en su beneficio la frágil cohesión social de los mexicanos.

Y es que en el debate de lo religioso y lo político se ha excluido el reconocimiento de nuestro marco jurídico vigente, mismo que no tiene otra función que establecer reglas básicas de convivencia que nos permita actuar en sociedad. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el matrimonio igualitario es una verdad jurídica.

La Suprema Corte emitió en junio de 2015 una tesis jurisprudencial que declara inconstitucionales los códigos civiles de aquellos estados donde el matrimonio es entendido como la unión entre hombre y mujer, pues tiene como finalidad la procreación. Es decir, no se necesita legislar siquiera para reconocer los matrimonios igualitarios, es una realidad jurídica ya existente.

La Suprema Corte de Justicia sentó las bases para el matrimonio igualitario.
La Suprema Corte de Justicia sentó las bases para el matrimonio igualitario.

“Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social”, se lee en la jurisprudencia 43/2015 de la Primera Sala. Esta jurisprudencia emitida por la SCJN precisa que “vincular los requisitos del matrimonio con las preferencias sexuales y la procreación es discriminatorio, porque excluye a las parejas homosexuales”. La ley, a través de la tesis de la SCJN, ya formalizó el derecho al matrimonio, pues.

El debate es muy importante en lo jurídico pero también en lo social. En México, de 28 millones 700 mil hogares, 11 millones 700 mil (40.7%) están conformados por parejas heterosexuales casadas y con hijos comunes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Hasta 2014, se tenían registrados 1 mil 687 matrimonios igualitarios en el país, de acuerdo con datos del INEGI. De estos, 880 correspondían a parejas conformadas por hombres y 807 a parejas de mujeres.

Evidentemente, no se trata de un conflicto de números sino de derechos humanos y, frente a ellos, prevalece el riesgo de vulnerar el Estado de Derecho desde las entrañas de una fe que ha decidido enfrentar al Estado laico. Tal vez no es un problema de la política sino más bien de la fe y su incomodidad ante los derechos humanos.

Iniciativas: del costo político al oportunismo electoral

El 17 de mayo pasado, el presidente Enrique Peña Nieto firmó dos iniciativas de decreto para modificar artículos constitucionales y otras normatividades, a fin de combatir la discriminación y la homofobia. Las iniciativas incluyen el reconocimiento de los matrimonios sin importar origen étnico, religión, género o preferencias sexuales, y la expedición de actas de nacimiento que reconozcan la identidad de género. Prevé también la adopción en favor de parejas del mismo sexo, entre otras disposiciones, lo que ha generado la reacción de los grupos ultraconservadores.

Durante la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, el mandatario también anunció cuatro determinaciones de su gobierno para combatir la discriminación contra las personas en razón de género o preferencia sexual y, con ello, “abrir espacios de respeto a la dignidad y reconocer los derechos de todas y todos los mexicanos”.

Como primera acción firmó la iniciativa de reforma al Artículo 4 Constitucional para que incorpore de manera clara el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de reconocer como derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna.

El presidente Enrique Peña Nieto propuso el matrimonio igualitario.
El presidente Enrique Peña Nieto propuso el matrimonio igualitario.

Es decir, “que los matrimonios se realicen sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, de discapacidades, de condición social, de condiciones de salud, de religión, de género o preferencias sexuales”. “De esta forma quedaría explícito el matrimonio igualitario en nuestra Constitución”, como lo ha determinado la SCJN, “como ya ocurre en varias entidades federativas; sin embargo, no puede haber en nuestro país quienes en algunos estados o entidades tengan ciertos derechos y en otros no”.

Sin embargo, ante la respuesta de los grupos conservadores y la propia Iglesia, la iniciativa no ha corrido con suerte en su proceso legislativo. La Cámara de Diputados ha decidido que no es el momento para su análisis y discusión.

En respuesta, y ante el filón electoral que le podría representar, el grupo parlamentario del PRD en el Senado presentó el 6 de septiembre pasado, ante el pleno de esa Cámara, una iniciativa para reformar el artículo cuarto constitucional, a fin de reconocer en la Carta Magna el derecho al matrimonio igualitario.

En realidad, se trata de la misma iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que está detenida en la Cámara de Diputados, por lo que el PRD tiene el propósito de reabrir el debate, reconoció el propio proponente, el coordinador perredista Miguel Barbosa. Así, lo que para el Presidente podría resultar en un alto costo político, el PRD podría obtener un posicionamiento electoral de cara a las elecciones del año próximo.

A diferencia de lo social y lo político, desde la perspectiva jurídica hay consenso  en el camino que se debe seguir. A un año de su histórica decisión, la Suprema Corte ha resuelto en favor de los solicitantes, todos los amparos promovidos a fin de que las entidades federativas reconozcan este derecho.

En el mismo sentido, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció las medidas anunciadas por el Presidente, referentes a la creación de condiciones para que el matrimonio homosexual se convierta en una realidad en todos los estados de la República.

Resuelto el fondo, lo que sigue ahora es la forma. La ley sigue en espera de ser debatida en el Congreso de la Unión, esto tras la resolución de la jurisprudencia 43/ 2015 de la SCJN, emitida el 12 de junio de 2015, en la cual obliga a todos los jueces a seguir este criterio favorable en todos los amparos que se interpongan, en cualquier parte del país, y en donde aún no están legalizados este tipo de matrimonios.

El matrimonio igualitario, verdad jurídica: SCJN

Desde junio de 2015, la Suprema Corte (SCJN) sentó jurisprudencia, dejando claro que el Estado no reconoce un solo tipo de familia en particular o un “modelo de familia ideal”, sino que protege a la familia como realidad social.

Esta protección incluye todas las formas y manifestaciones de la familia que existen en la sociedad, incluyendo las homoparentales, integradas por padres o madres con la posibilidad de tener hijos e hijas (biológicos o adoptivos) o no tenerlos. De acuerdo con la tesis de jurisprudencia de la SCJN, “las parejas homosexuales tienen el mismo derecho a contraer matrimonio que las parejas heterosexuales”.

 Los criterios de jurisprudencia 84/2015, 85/2015 y 86/2015, emitidos por la Primera Sala de la SCJN y publicados el 11 de diciembre de 2015 en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, establecen que en el “matrimonio entre personas del mismo sexo, las normas civiles que impiden esta posibilidad, provocan una doble discriminación, al privar a las parejas homosexuales de los beneficios materiales y expresivos que se obtienen con dicha institución”.

En consecuencia, “cualquier norma general o acto de autoridad que tienda a menoscabar el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio o a adoptar, es intrínsecamente violatorio de la Constitución y de los derechos humanos”.   De tal forma, el tema ha quedado ya resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y constituye una verdad jurídica.

Los matrimonios igualitarios no están prohibidos.
Los matrimonios igualitarios no están prohibidos.

Luego de darse a conocer la jurisprudencia emitida por la SCJN, el ministro Arturo Zaldívar precisó, respecto a las creencias religiosas en la materia, que en términos de derechos no hay justificación para excluir a las personas del mismo sexo de que puedan contraer matrimonio. “Es muy respetable que en el seno de cualquier iglesia establezcan sus propias reglas para este tema, pero un Estado constitucional laico, debe proteger los derechos de todas las personas”.

No obstante la decisión de la Suprema Corte, muchas entidades federativas marchan a paso lento. Aun cuando en junio del año pasado los ministros fallaron a favor de declarar inconstitucionales las leyes de los estados que definen al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, en Veracruz una pareja del mismo sexo necesita entre seis y 12 meses, además de 15 mil pesos, para tramitar un amparo que reconozca sus derechos y le permita acceder al matrimonio civil.

El Código Civil de Veracruz aun prohíbe estos matrimonios y, bajo este argumento, rechaza decenas de peticiones y obliga a las parejas a realizar gastos innecesarios. A la fecha, cinco parejas gay han logrado contraer matrimonio con el aval de jueces y en próximos días cinco más que ganaron amparos federales podrían contraer matrimonio en Veracruz, lo que obligaría al Congreso local a legislar sobre el tema y derogar las leyes actuales del Código Civil para permitir uniones entre personas del mismo sexo.

A su vez, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), mediante un pronunciamiento que integra siete consideraciones, expuso que el Estado mexicano reconoce “a la familia como realidad social, incluyendo todas las formas y manifestaciones que de ella existen en la sociedad y el derecho de todas las personas al matrimonio sin discriminación alguna”.

El Conapred recordó la “diversidad que existe al interior de los hogares mexicanos”, ya que de un total de 28.7 millones de hogares, solo el 40.7 % están compuestos por parejas heterosexuales casadas y con hijos comunes a ambos cónyuges, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Para los grupos religiosos, el origen de la iniciativa no tuvo que ver ni con la decisión de la Corte ni con los compromisos contraídos por los Tratados Internacional. En aquel momento, la Iglesia católica sugirió que la iniciativa presidencial obedeció a “la presión internacional” y expresó su extrañeza por el hecho de que el Gobierno promueva los “falsos derechos” de los homosexuales.

Iglesia: Ni conservadurismo, ni posiciones arcaicas

En un reciente artículo publicado por el semanario católico Desde la Fe se intenta dar una respuesta a la pregunta sobre la oposición de la Iglesia al mal llamado “matrimonio” gay, precisando primeramente que “no es, como algunos medios de comunicación han planteado, ni por un conservadurismo que la hace aferrarse neciamente a tradiciones arcaicas, ni porque odie a los homosexuales”.

“Lo que la Iglesia propone tiene siempre dos razones: ser fiel a lo que dice la Palabra de Dios, y buscar lo que pueda ayudar al ser humano a ser verdaderamente libre, pleno, feliz, encaminándolo a su salvación”, justifican respecto del activismo que han realizado en el último año en contra de la iniciativa.

Considerando estos dos criterios, prosigue el artículo, “la Iglesia ve con preocupación cómo desde hace años se ha puesto en marcha un programa cuidadosamente diseñado para cambiar la mentalidad de la gente en relación con la homosexualidad”.

Sin embargo, de acuerdo con la Unión Nacional Cristiana por la Familia (UNCF), una de las organizaciones civiles adheridas al Frente Nacional por la Familia, su pronunciamiento es pacífico y no busca promover la discriminación contra la comunidad LGBT. Fueron ellos los promotores de las movilizaciones del pasado sábado en 120 ciudades del país. Será el próximo 24 de septiembre cuando se realice la más grande concentración en la Ciudad de México.

De hecho, este mismo domingo, tras la serie de concentraciones en las principales ciudades del país, la Arquidiócesis de Xalapa fijó su postura no sólo frente a la iniciativa presidencial, sino también respecto del papel que ha jugado el Frente Nacional por la Familia.

El Frente Nacional de la Familia y la Iglesia se manifestaron en contra.
El Frente Nacional de la Familia y la Iglesia se manifestaron en contra.

En primer lugar, señala el documento, la familia es la célula básica de la sociedad y por lo tanto hay que protegerla. “Los responsables de la educación integral de los hijos, son los padres de familia. El matrimonio entre un hombre y una mujer tiene una naturaleza específica con fines muy claros, como lo son la transmisión de la vida, la educación de los hijos, la unidad de los esposos; todo ello en un marco de permanencia, exclusividad, complementariedad sexual y afectiva, que protege a todos los miembros de la familia, especialmente a los más débiles”.

De tal modo, “al estar a favor de la familia, estamos en contra de las iniciativas del Ejecutivo Federal, que la atacan e intentan imponer la ideología de género. Estas iniciativas buscan redefinir el matrimonio, subordinar la política interior y exterior del país a la agenda de género así como ideologizar la educación”. “El futuro de México pasa por el futuro de la familia”.

Finalmente, se pidió a los legisladores que apoyen la iniciativa ciudadana presentada ya por el Consejo Mexicano de la Familia, así como las propuestas que como ésta busquen proteger la institución matrimonial en su diseño original, la familia, el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y el derecho de los niños en situación de orfandad a ser adoptados por un papá y una mamá”.

Es aquí donde se establece la necesidad de que el marco jurídico cumpla con su función y resuelva el conflicto natural entre la Iglesia y el Estado laico, con el propósito de garantizar el ejercicio de las libertades de todos los ciudadanos del país. Lo que no debe estar a debate es el cumplimiento de la ley ya establecida, porque de lo contrario, no estaríamos frente a una oposición del matrimonio igualitario sino al rechazo frontal del Estado de Derecho.