Hoy carece de sentido la insana polémica desatada por gargantas profundas del gobierno estatal, y animada por algunos colegas en sus espacios de reflexión, sobre si era periodista o no Moisés Sánchez Cerezo, asesinado el pasado 2 de enero, el mismo día en que fuera sustraído de su domicilio en Medellín de Bravo con lujo de violencia, por órdenes del alcalde panista Omar Cruz Reyes.

Señalada por la estadística como una gestión gubernamental en que autoridades y criminales han hecho de los periodistas el blanco de sus ataques, para el gobierno de Javier Duarte era importante que el ‘ciudadano’ Moisés Sánchez no ingresara a la larga lista de comunicadores veracruzanos secuestrados, desaparecidos, golpeados y, la mayoría de ellos, ejecutados, primero por bandas criminales y, últimamente, víctimas de autoridades locales.

Ayer domingo por la noche, el procurador Luis Ángel Bravo Contreras convocó a inusual conferencia de prensa y la razón todo mundo la intuyó. Por la mañana ya se sabía de la aparición de un cuerpo en Jamapa cuya identidad se sospechaba como la del periodista desaparecido 23 días antes en la comunidad El Tejar, en el municipio de Medellín de Bravo.

La celeridad de las investigaciones, así como la rápida convocatoria para que el procurador directamente diera detalles de los resultados, no se explican si pensamos que la víctima era un simple ciudadano.

Aunque fue tratado como tal en el comunicado, y no como periodista, calidad que hasta organizaciones nacionales e internacionales le reconocieron, lo cierto es que su labor de comunicación fue la causa de la exorbitante reacción del alcalde Omar Cruz Reyes (conocido como el Abarca de Medellín), el más firme sospechoso desde el principio, que ahora enfrentará juicio de procedencia en la Legislatura local para quitarle el fuero y ser procesado legalmente.

Lo que señaló Luis Ángel Bravo, independientemente de que después surjan otras versiones e, incluso, se ponga en duda los resultados de las investigaciones, habida cuenta del fuerte contenido político que tiene el caso, se resume en lo siguiente:

El alcalde Omar Cruz Reyes habría contratado, por intermedio de su chofer y escolta personal Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín, a Clemente Noé Rodríguez Martínez, integrante de la extinta Policía Intermunicipal (desaparecida de un plumazo por el actual gobierno al inicio de su gestión), para privar ilegalmente de la libertad y, posteriormente, asesinar a Moisés Sánchez Cerezo, actos que realizaron seis personas el mismo 2 de enero.

¿Cuál fue el móvil del asesinato ordenado desde las oficinas municipales? ¿Eran ciertas las versiones que se hicieron correr en el sentido de que su desaparición era producto de riñas personales e, incluso, diferencias con personas de su comunidad, entre ellos taxistas? No, porque si fuera esa la razón no podría explicarse la intervención directa del alcalde y la contratación de sicarios para desaparecerlo y asesinarlo.

¿Fue su labor periodística, sus señalamientos críticos contra el alcalde tanto en una humilde publicación impresa como en un blog en internet lo que le hizo caer sobre su cabeza la sentencia de muerte?, ¿Acaso su participación política como ciudadano, de la que también era partícipe? ¿Qué circunstancia tan grave hizo saltar los ánimos criminales de un alcalde pueblerino? ¿Por qué se le quiso desprender desde los primeros días de su calidad de periodista, como si la inseguridad y la violencia fueran menos notorias si recayeran en un ciudadano común?

Lo cierto es que, de nueva cuenta, como en el caso del también humilde comunicador Gregorio Jiménez en febrero del año pasado en Coatzacoalcos (con graves señalamientos sobre su forma de ejercer los rudimentos de los instrumentos periodísticos), se ha intentado demostrar: 1. Que la víctima no es comunicador, o 2. Que el móvil del asesinato no es su actividad como comunicador, cuando de plano no es posible demostrar lo primero.

Al final, a nadie engañan; el hecho delictivo se suma a las estadísticas de agresiones contra la prensa en México, en general, y en Veracruz, en particular, y nos coloca a los periodistas en un escenario de extraordinaria vulnerabilidad. Incluso con la certidumbre de que se nos juzgará, en caso de sufrir un atentado, como víctimas pasionales o como malandrines que, fuera de nuestra actividad periodística, hicimos daño a personas o instituciones.

Por eso es inquietante ver a algunos colegas escribir para descalificar a un comunicador solo porque no fue a estudiar a una universidad. Para su conocimiento, estamos entrando de lleno a la etapa en que cualquier ciudadano ejercerá el periodismo y la población consumirá cada vez más noticias y análisis de otros ciudadanos.

Descanse en paz, colega Moisés Sánchez.

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