Quienes conviven con él coinciden en que lo notan nervioso, inquieto. Se lo atribuyen a su exposición en medios, los señalamientos de periodistas sobre su presunta responsabilidad en la defraudación a las arcas de Veracruz mediante el método de crear falsas empresas.
Alberto Silva, por supuesto, lo niega todo. Afirma, incluso, que ninguno de los legisladores federales tiene problemas serios con la justicia.
“Tarek fue denunciado por la Auditoría Superior de la Federación, pero te puedo asegurar que va a solventar lo que esté pendiente y no tendrá problemas. De los demás, ninguno de nosotros hemos sido señalados penalmente, todo es ruido en los medios”, me aseguró.
Y sin embargo, no opinan lo mismo otros excolaboradores de Javier Duarte, que incluso se dicen víctimas de ataques mediáticos organizados por Silva Ramos. “Quiere desviar los reflectores, que los medios volteen a otro lado. Por eso envía a sus plumas a golpearnos”, advierte uno de los agraviados.
En la revista Proceso número 2095, que circula desde el pasado domingo, su corresponsal en Veracruz, Noé Zavaleta, le atribuye a Alberto Silva la entrega de “diversas facturas y una lista resumida de las cuentas que pagó la CGCS a empresas de dudoso origen por un monto de 383 millones de pesos, en 2012 y 2013”.
Alberto Silva asumió la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz, por primera vez, en febrero del 2014, por lo que los documentos que le entregó al corresponsal de Proceso corresponden a pagos y convenios realizados durante el período en el que estuvo al frente de la vocería Gina Domínguez.
Durante el período de Javier Duarte, hasta el 12 de octubre, en que pidió licencia, por la oficina de Comunicación Social pasaron tres coordinadores. Gina Domínguez Colio inició el primero de diciembre del 2010 y fue removida en febrero del 2014. Entró al relevo Alberto Silva Ramos, quien era el secretario de Desarrollo Social en el estado.
Alberto Silva dejó el cargo para ir en busca de la diputación federal por Tuxpan. Lo sustituyó Juan Octavio Pavón González, quien dirigía el sistema de Radio y Televisión de Veracruz.
En abril del 2016, cuando las críticas contra Javier Duarte se habían generalizado, no sólo en la entidad, sino a nivel nacional e, incluso, en medios internacionales; a unos días de que iniciaran formalmente las campañas por la gubernatura, Alberto Silva Ramos solicitó licencia al Congreso de la Unión para retomar la vocería de Veracruz.
La instrucción era –lo dijo él mismo- restablecer la relación con los medios, que se habría roto durante el período de Juan Octavio Pavón. Parte esencial de esa operación pasaba por el pago de los millonarios pasivos que se habían acumulado en materia de Comunicación Social.
No se consiguió. La bola de nieve de la deuda con medios había alcanzado ya dimensiones incontrolables y el Estado enfrentaba cada día más problemas de insolvencia.
En los medios de comunicación, Alberto Silva ha sido señalado de hurtar recursos del Estado mediante la creación de empresas ficticias, incluso desde su paso por la Secretaría de Desarrollo Social. Los datos que aportan los medios de comunicación coinciden con los difundidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Durante el período de 48 días en el que Flavino Ríos asumió la gubernatura interina, auditores del SAT acudieron a las oficinas de Comunicación Social para revisar las transacciones realizadas desde esa dependencia. Nada oficial se ha sabido de esas investigaciones.
Llegó a tal extremo el desprestigio de Javier Duarte y su más cercano equipo de colaboradores, que en el tema de los medios de comunicación, cualquiera que haya tenido nexos comerciales con la pasada administración es visto como “texto-servidor”, como suele ser llamado aquel que pone su plumas al servicio del mejor postor.
Las relaciones comerciales entre prensa y gobierno se dan en todos los ámbitos, Es obligación de las autoridades difundir obras y acciones, pero además alertar a la sociedad sobre eventuales situaciones de peligro.
La comunicación social es fundamental para que un gobierno cumpla con sus responsabilidades y es natural que se acuda a los medios privados para que se involucre en la difusión de estas acciones.
Seguramente en la pasada administración estatal hubo medios de comunicación que se beneficiaron de sus buenas relaciones con el poder. Si esos acuerdos comerciales violentaron las restricciones que impone la Ley, habrá que sancionarlos, pero no es válido que pretendan meter a todos en el mismo costal.
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