El famoso proceso de reordenamiento administrativo ordenado por Flavino Ríos Alvarado en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ha resultado un extraño respiro a las alicaídas finanzas del gobierno estatal, cuyos operadores han contado con más de dos o tres meses para retener el salario de miles de trabajadores del sector educativo.

Aunque pareciera un extraordinario movimiento para limpiar la nómina de la SEV, con mucho la más grande de la estructura gubernamental, y con ello acercarse a los objetivos y propósitos de la Reforma Educativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada por el Congreso de la Unión y los congresos locales, lo cierto es que miles de vidas han debido tropezar con la falta de pago de varias quincenas, sin que nadie les explique de qué se trata.

Es al menos paradójico que, mientras decenas de dirigentes de los sindicatos magisteriales, particularmente el SNTE en sus secciones 32 y 56, siguen disfrutando de sus pingües honorarios que les permite el contar con dos y hasta seis o más plazas de tiempo completo, miles de trabajadores han debido esperar –con la angustia de no poder llevar nada a sus familias– mientras los tortuosos administradores de la SEV aclaran si se dedican o no a las labores para los que fueron contratados.

En escueto comunicado emitido este lunes 25 de mayo, se señala que la SEV “cumple con [el] reordenamiento administrativo, con el objetivo de que sólo los docentes que cubran el horario de trabajo asignado perciban su salario, informaron autoridades de la dependencia, quienes señalaron que esta iniciativa responde a la Reforma Educativa.”

Lo cierto es que esta instrucción girada por el Ejecutivo estatal, es decir, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, y el titular de la SEV, valga repetir: Flavino Ríos Alvarado, supuestamente para ordenar y hacer “más eficientes” los recursos, “todo con base en la ley”, ha obligado a miles de trabajadores de la educación a sufragar con recursos de sus familias viajes extraordinarios a las sedes regionales de la SEV, aunque en la mayoría de los casos a la misma sede en Xalapa, para comprobar que sí trabajan, que sí acuden puntualmente a sus lugares de labor y que lo que hacen es indispensable para que se mueva ese enorme y torpe animal llamado sistema educativo veracruzano.

Aunque la SEV ha dicho que “se cubrirán los salarios del personal que desempeñe de manera adecuada sus funciones” (nada más faltaría que no lo hicieran), con el reordenamiento administrativo han ocurrido dos cosas: 1. Se ha logrado un plazo considerablemente largo para que la Sefiplan pueda atender otro tipo de compromisos financieros, sin necesidad de endeudamientos con la banca privada, y 2. La SEV tendrá manga ancha para, en las hipótesis que está manejando, pueda echar a cientos de empleados que auxilian en planteles y oficinas, con el ánimo de adelgazar el gasto administrativo.

Hace tiempo que el terrorismo aplicado por las autoridades educativas, que son ciegas a los actos de corrupción de sus funcionarios, ha permitido el despido de cientos de trabajadores y empleados. No solo ha ordenado la disminución de los salarios al sector que no está protegido por las mafias magisteriales, y la cancelación de apoyos como viáticos, vehículos y combustibles para el cumplimiento de sus labores; también ha afectado a varias dependencias cuyos empleados no realizan actividades docentes, a las que ha abandonado a su suerte.

Desde su entrada a la titularidad de la SEV, Flavino Ríos Alvarado se reunió con todos su personal directivo para ordenar una propuesta meticulosa sobre todo aquel personal del que se debía prescindir a raíz del anuncio del famoso decálogo de austeridad hecho por el gobernador Javier Duarte de Ochoa en marzo pasado.

Despidos de personal, la forma de ahorrar de Duarte

El decálogo duartista de austeridad no ha tocado a los grandes funcionarios. Los gastos gubernamentales han permanecido como si todavía se vivieran tiempos de bonanza y los órganos de control no solo no han apretado tuercas para evitarlos, sino que han sido omisos para investigar y castigar aún aquellos que han sido denunciados por organizaciones y medios de comunicación. El caso más patético es el que hemos documentado en este espacio para el caso del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytev), donde toda la familia del director general goza de extraordinarias plazas educativas sin hacer maldita la cosa.

La forma de recuperar parte del gasto corriente ha sido la disminución de los salarios y el despido de cientos de trabajadores, no solo en el sector educativo sino en toda la estructura gubernamental.

Para ello se anticipó el propio Gobierno del Estado. En febrero, un mes antes de anunciar su famosa reingeniería, Javier Duarte envió al Congreso local una iniciativa de reforma de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, que de inmediato fue aprobada por los diputados. Uno de los cambios fue para eliminar el pago de salarios caídos por más de un año durante juicios de laudos laborales.

Las reformas fueron publicadas en el número 083 de la Gaceta Oficial del Estado el 27 de febrero; el artículo 43 señala que si durante el juicio no se prueba la legalidad del cese del empleado, el trabajador tendrá derecho a la reinstalación, o tres meses de indemnización, y en ambos casos solo tendrá derecho a salarios vencidos por el periodo de doce meses.

Desde la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, su titular Gabriel Deantes Ramos, señalado infinidad de veces de enriquecerse inexplicablemente a su paso por la SEV y Sefiplan, ha salido con el discurso de que el ajuste que implementó el gobierno del estado al gasto corriente no implica el despido de trabajadores. Para probarlo, el exvendedor de teléfonos celulares, cínica y torpemente se fue a las estadísticas del INEGI sobre empleo en la entidad y aseguró que es una de las que tiene menor desempleo, incluso, por debajo de la media nacional. Menudo cochambre intelectual, como si dichas estadísticas se refiriesen al empleo burocrático.

“No hay despidos, hemos sido muy puntual (sic) que el recorte se ha hecho en gastos no prioritarios, pero no en despido de trabajadores”, dijo. Deantes Ramos no ve… pero vigila. Dijo que su dependencia está a cargo de vigilar que se respeten los derechos laborales y que en caso de que se rescinda un contrato se liquide conforme a derecho.

La realidad es que sí se está despidiendo a cientos de empleados públicos, a muchos de los cuales se coacciona para que presenten su renuncia y así evitar el pago de liquidaciones.

Lo que está ocurriendo en la SEV, donde se habla de ‘legalidad’ en el despido de empleados aduciendo argumentos tomados prestados de la Reforma Educativa, es un caso escandaloso. No hay nada de legal en el hecho de mantener sin pagos a miles de empleados so pretexto de que deben acudir a la SEV a demostrar que sí trabajan y sí son útiles, cuando en todo caso es la dependencia la que debería tomar decisiones contundentes porque se supone que conoce el intríngulis de las sucesivas contrataciones.

Flavino Ríos Alvarado, pasivo hasta la complicidad con los actos de corrupción que se hacen en sus narices, se vuelve un inquisidor soberbio que disfruta las largas y demoradas filas que sus empleados deben hacer para demostrar que sí devengan sus quincenas, mientras que con los dirigentes magisteriales ha sido permisivo para que cientos de privilegiados con ominosas comisiones sindicales sigan cobrando.

La gran ventaja es que a quienes ha estado despidiendo, muchos de ellos incluidos en la lista negra por los nuevos funcionarios que ha llevado a la SEV porque quieren meter a sus huestes, no están organizados ni son protegidos siquiera por los sindicatos que gobiernan la educación en Veracruz.

¡Vaya fiasco!

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