Considerados los penúltimos de una lista que muestra la percepción ciudadana sobre el comportamiento de servidores públicos, los diputados en general, y los diputados federales en particular, constituyen el segmento político más desacreditado en el país. Y, pese a ello, sigue siendo el puesto más apetecible.

Aunque muchos mexicanos pensamos en ellos y nos apena que nunca se quitarán de encima el desprestigio por su ignorancia y venalidad, lo cierto es que se empeñan en llegar al Congreso porque es el empleo mejor remunerado por hacer prácticamente nada.

Pese a que el trabajo en el Gobierno de Veracruz es de pura saliva (sin dinero, no tienen que coordinar obras o acciones que les obligue a andar de la Meca a la Seca), muchos funcionarios están que se las rascan por que llegue el momento de la selección de candidatos y lograr ser postulados para llegar al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Hace meses que están de lleno en campaña electoral, sin que haya autoridad electoral ni dirigente partidista de oposición que los llame a cuentas. Y están usando recursos públicos.

El más aventajado en el uso de los puestos públicos para lograr candidaturas a puestos de elección popular es, sin lugar a dudas, Adolfo Mota Hernández, secretario de Educación (SEV), quien ya en ocasión anterior obtuvo la candidatura a la diputación federal por Coatepec, trabajando desde una subsecretaria en esa misma dependencia.

Ahora busca afanosamente la postulación por el distrito de Xalapa Rural, donde hay fuertes aspirantes, en particular, Éricka Ayala, y para lograr su propósito no duda en poner a su disposición personal, programas educativos, infraestructura y recursos financieros de la SEV para ganarse a la gente, con lo que en cualquier convocatoria tendría una buena ventaja.

En sus antiguos dominios, Coatepec, la que marcha desesperadamente, utilizando recursos destinados a afectados por fenómenos meteorilógicos, es Noemí Guzmán Lagunes, titular de la Secretaría de Protección Civil, si bien ella, a diferencia de Mota, sigue atendiendo sus obligaciones por toda la geografía veracruzana.

Por la Cuenca del Papaloapan, el tesorero de la Sefiplan, Antonio Tarek Abdala Saad, se escapa a cada momento para promover su imagen pues quiere ser el diputado federal del distrito, para lo que deberá enfrentarse al elegido de Fidel Herrera Beltrán para esta zona, su propio hijo Javier Herrera Borunda.

Tarek confía en llevársela por dos razones muy poderosas: una, que a Fidel Herrera no lo quieren en su tierra ni en pintura porque dicen que agarró de pendejos a casi todos sus paisanos cuando fue gobernador, y dos, tampoco en el PRI nacional quieren que levante cabeza.

Por lo pronto, Tarek ya le aprendió al secretario de Educación, porque lleva recursos estatales para obras y, en ocasiones, hasta acompaña a los alcaldes en el banderazo de inicio de obras, como ocurrió el pasado 20 de agosto en Cosamaloapan: la tarde de ese día, ante unos mil 400 vecinos que le fueron reunidos, acompañó al alcalde Marcos Cano Ramos a iniciar la pavimentación de 640 metros lineales (5,558 m2) de concreto hidráulico en una calle que comunica a más de 14 mil habitantes. Eso sí, fue en representación del gobernador Javier Duarte, para que no le vayan a decir que iba en calidad de suspirante.

Quienes no han dejado de trabajar por esas posiciones son Jorge Carvallo Delfín, titular de la Sedesol estatal, quien quiere ir por Los Tuxtlas; Érick Lagos Hernández, secretario de Gobierno, quien la busca por su Isla, y el coordinador general de Comunicación Social, Alberto Silva Ramos, quien no para de hacer labor para ser postulado por el distrito de Tuxpan, donde acaba de ser alcalde.

La pregunta es: ¿cuándo tendremos funcionarios que solo quieran dedicarse a su trabajo y no se estén distrayendo con sus intereses político-electorales. Al parecer, no dentro de poco.

Secuestran al tesorero municipal de Coatepec

Como para incrementar las de por sí altas cifras del secuestro en Veracruz, desde el viernes pasado se encuentra desaparecido Guillermo Pozos Rivera, tesorero del Ayuntamiento de Coatepec, con un historial intachable en la administración pública estatal y municipal.

Como hemos comentado en este espacio, en los primeros siete meses del año, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz suma 111 denuncias por secuestro, lo que la ha convertido, luego de Tamaulipas, en la segunda entidad con mayor incidencia en este delito de alto impacto, lo que ha sido reconocido por el propio gobernador Javier Duarte de Ochoa.

A pesar de la rápida notificación de su desaparición, el trabajo de búsqueda emprendido por las autoridades ministeriales y de seguridad pública del estado no había tenido resultados positivos hasta el domingo por la tarde-noche. Se sospecha que las razones de su desaparición tengan que ver con sus funciones como Tesorero en el ayuntamiento que preside el alcalde Roberto Pérez Moreno, popularmente conocido como Juanelo.

A 48 horas de haber perdido contacto con sus familiares, el automóvil del funcionario municipal, un Cruxe Gris Plata con placas de Veracruz, no había sido ubicado, pese a que se han realizado operaciones de búsqueda en el municipio de Coatepec y en municipios circundantes como Xico, Teocelo, Xalapa, Acajete, Emiliano Zapata, Jalcomulco y Tlaltetela, entre otros.

Se presume que el profesionista xalapeño, quien también ha laborado en el gobierno estatal, en la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), como director del fideicomiso FIRME en el sexenio pasado, ha sido víctima de grupos locales, afectados por su gestión.

Y es que 48 horas después de su desaparición, sus plagiarios no habían tenido comunicación para exigir un monto por su rescate, por lo que se presume que haya sido levantado con otras intenciones.

Este mismo año, el periodista Alfonso Mora Chama habría sido secuestrado en dos ocasiones, en apariencia para amedrentarlo por reiteradas denuncias y críticas contra la gestión del alcalde Roberto Pérez Moreno. El propio comunicador ha denunciado públicamente que durante sus plagios habría sido golpeado inmisericordemente para detener sus denuncias.

A bote pronto

A pesar de varios intentos por extirparlos de la zona universitaria, los vendedores de comida, frituras y refrescos se han mantenido contra viento y marea. La rectora Sara Ladrón de Guevara, quien ha fortalecido campañas de salud como la prohibición del consumo de tabaco en áreas abiertas y cerradas de los campus e instalaciones universitarias, debiera impulsar un programa propio para reducir los riesgos de la obesidad, derivados del consumo de alimentos grasosos y refrescos con alto contenido de azúcar en las propias áreas universitarias. Un recorrido por el circuito Gonzalo Aguirre Beltrán, a unos cuantos pasos de Rectoría, le permitiría detectar cómo una empresa refresquera tiene mayor impacto visual que las campañas universitarias de salud. Todos los changarros ostentan el logotipo de esa empresa norteamericana. ¡No se vale!

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