Cada jueves durante un tramo amplio del sexenio de Javier Duarte, su esposa Karime Macías firmaba un ocurrente texto que la Coordinación General de Comunicación Social divulgaba como una columna titulada Casa Veracruz.

En la entrega del 31 de julio del 2014, la presidenta del Patronato del DIF estatal publicó “Rompecabezas” que iniciaba así:

“Tenemos un pequeño proyecto en casa estas vacaciones. He comprado un rompecabezas de quinientas cincuenta piezas lo suficientemente complicado para hacerle honor al nombre. La escena es una pequeña y divertida función de ópera con una loca orquesta sinfónica. ¡Muy parecida a la vida real!”.

La entradilla servía para correlacionar el entusiasmo que provocaba a sus hijos y familiares colocar una pieza más al rompecabezas con la alegría de los niños adoptados al abandonar la casa hogar…

Más allá de la anécdota contada en ese texto, habría que preguntarle a los Duarte Macías cómo ven la vida real —parafraseando a la señora Karime— que heredan a los veracruzanos. Y es que lo que pretenden al final del sexenio es cosa de locos.

Si algo distinto no ocurre, este jueves en el pleno del Congreso local los diputados del PRI y aliados aprobarán una parte del “kit de impunidad” que pretende el gobernador Javier Duarte.

La Junta de Coordinación Política de la Legislatura circuló desde este miércoles la propuesta del Ejecutivo para integrar la Sala Especializada en Combate a la Corrupción con una terna de personajes cercanos al mandatario durante el sexenio: Francisco Portilla Bonilla, Guadalupe Porras David y Alberto Tomasini Martínez.

También se anticipa que este mismo jueves, el Congreso del Estado anunciará la reposición del procedimiento para proponer al titular de la Fiscalía Anticorrupción, luego de que Portilla Bonilla declinara en un primer momento.

En la sesión además se votará la donación del predio denominado Casa Veracruz a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (Ceapp) y a la Comisión Estatal para la Atención Integral de Víctimas del Delito (Ceaivd).

De aprobarse la solicitud de Duarte, el gobierno cedería 6 mil metros cuadrados de Casa Veracruz a la CEDH.

Cada una de éstas pretensiones no tienen justificación si se revisan algunos números.

Por ejemplo, actualmente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz despacha en el edificio sito en la calle Felipe Carrillo Puerto número 21 de la Colonia Centro.

Ese inmueble tiene una superficie de mil 420 metros cuadrados (4 mil 580 menos de lo que tendría en Casa Veracruz), en donde labora un centenar de trabajadores. Para ocupar ese edificio la comisión eroga por concepto de renta mensual 51 mil 133.02 pesos IVA incluido, unos 613 mil 596.24 pesos anuales, que es apenas el 1.27 por ciento del presupuesto total que ejerce ese organismo público autónomo durante este año (48 millones de pesos).

¿En serio tiene sentido entregar Casa Veracruz? Muchos como el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares han dicho que no; también los vecinos de la Colonia Dos de Abril.

Tampoco deberían sacar adelante el resto del “kit de impunidad”.

Por eso si los diputados del Congreso local reconsideraran la enajenación de Casa Veracruz, tal vez muchos lanzarían “fanfarrias colectivas” como lo hacen los de la familia Duarte Macías cada vez que arman su rompecabezas.

Por Israel Roldán