Como es sabido, el pasado viernes la Legislatura del Estado aprobó diversos dictámenes como Ley de Víctimas, Ley de extinción de dominio, Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados, y Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, lo cual obedece a la obligación que tienen los estados de armonizar o adecuar sus ordenamientos locales con las disposiciones federales que ya están en vigor, misma que deriva de la propia Constitución General de la Republica, así como del artículo 8 transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se estableció un término, mismo que feneció este 30 de noviembre, para que la Federación y las entidades publiquen la reformas a sus leyes y normatividades complementarias para la implementación del citado Código.

De ahí que con tales dictámenes el Estado de Veracruz está cumpliendo en tiempo y forma a dicho mandato federal, puesto que lo se pretende es perfeccionar el sistema de procuración e impartición de justicia y que los principios y los procedimientos de la reforma penal sean homogéneos en todo el país; por tanto, con las leyes que se aprobaron, en primer lugar se busca el respeto a los derechos de la víctima y ofendido, así como dar respuesta a sus demandas de justicia, verdad y reparación, lo cual fortalece el pleno respeto a los derechos humanos.

En segundo término, se intenta enfrentar a la delincuencia afectando directamente a la economía que deriva de hechos ilícitos, reduciendo sus ganancias, además de combatir la práctica común entre los integrantes de la delincuencia organizada de buscar prestanombres para ocultar el origen ilícito de sus recursos.

Consecuentemente, con la administración de bienes asegurados la finalidad es que los recursos o bienes decomisados que sean objeto o producto del delito, se destinen en primer lugar para reparar el daño a la víctima y posteriormente darle un uso en beneficio de la sociedad.

Y por último, se trata involucrar a la sociedad para que forme parte de todas las estrategias de seguridad, lo cual dará mayor certeza de que éstas se cumplan adecuadamente.

Ahora bien, por cuanto hace a la Ley de Víctimas, será un reto para el Estado implementarla de tal forma que realmente cumpla con el objetivo para el que fue creada y que sea económicamente viable.

Uno de esos retos lo viene siendo el caso de la obligación del Estado de reparar de manera integral a las víctimas directas e indirectas, por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

Por otra parte, respecto de la Ley de extinción de dominio, cabe mencionar que las autoridades deberán ser cuidadosas en cuanto al procedimiento de extinción de dominio, puesto que podría atentarse contra el principio de presunción de inocencia, ya que en dicha ley únicamente se establece que para decomisar los bienes el Ministerio Publico deberá acreditar que existen elementos para determinar que sucedió el hecho ilícito, probar la actuación de mala fe del tercero y acreditar, al margen de duda, la procedencia ilícita de dichos bienes; es decir, basta con que exista una presunción por parte de la autoridad investigadora, sin que para ello exista una sentencia dentro del proceso penal que determine la existencia del delito y la culpabilidad del presunto delincuente.

A su vez, en tratándose de bienes que se presumen están bajo prestanombres, de no comprobarse tal circunstancia se estarían afectando derechos de terceros, quienes tienen en todo momento la garantía de audiencia, por lo que, en este tipo de procedimiento que se pretende llevar a cabo para extinguir el dominio, ambos procesos (el que se inicia en contra del presunto delincuente y el que se inicia en contra del que aparece como dueño de los bienes) necesariamente deberán estar sujetos a la demostración del hecho ilícito en base en la prueba del cuerpo del delito, por lo que, deberá atenderse siempre el principio de buena fe, tal y como lo ha sostenido recientemente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

LA ADMINISTRACIÓN de Américo Zúñiga ha decidido poner en orden la regulación y aprovechamiento de las instalaciones deportivas que dispone el municipio. El pleno de Cabildo aprobó el pasado viernes el reglamento correspondiente y con ello busca que ningún particular se beneficie explotando económicamente estos espacios deportivos como consecuencia del vacío legal que existía. Hay en la ciudad 80 unidades deportivas y en muchas de ellas se organizan torneos y competencias que tienen la ganancia económica como principal objetivo. Es común que promotores privados se apropien de estos espacios públicos que sufren un importante desgaste de sus instalaciones, en detrimento del resto de sus usuarios. El reglamento expone un cobro mínimo de recuperación para el mantenimiento de las instalaciones, sanciones económicas para los que incumplan el reglamento,  la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas y la definición de responsabilidades por el uso indebido del espacio, en caso de que haya un patronato administrando el espacio. La reglamentación de estos espacios se respaldará con una mayor vigilancia y la posibilidad de gestionar recursos públicos para mejorar sus condiciones, lo que debe representar un beneficio efectivo para los xalapeños. Bien.

CON MOTIVO DE la entrada en vigor de la nueva Ley, trabajadores activos y jubilados presentaron Juicios de Amparo en los Juzgados de Distrito del Estado de Veracruz, en los cuales la mayoría solicitó la suspensión del acto reclamado.

En atención a lo anterior, en los amparos que procedió la suspensión del acto, el juez ordenó que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran hasta en tanto se resuelve el amparo en lo principal. En ese tenor, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 139 y 158 de la Ley de Amparo en vigor, no se podrá realizar ningún movimiento so pena de ser sancionado por desacato a una resolución de autoridad jurisdiccional de amparo. Consecuentemente, quienes se encuentran en esta situación, no se les puede dar trámite a su petición de jubilación hasta en tanto se resuelva el amparo, salvo que se desistan del mismo para dejar sin efectos la suspensión ordenada por el juez. Pero ojo, mucho ojo, no se está “condicionando” a los pensionados a que se desistan del amparo para que de esa manera los pensionados que impugnaron la reforma puedan recibir sus prestaciones. En otras palabras, no se puede comer y chiflar al mismo tiempo. La suspensión del acto, para que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran –insistimos—no lo ordenó la dirección del IPE, sino un juez; pero a nadie se le está condicionando nada. Pero con todo respeto, a veces la ignorancia es atrevida y para colmo, algunos líderes, para llevar agua a su molino, pretenden engañar a sus seguidores y a la opinión pública. La verdad, no se vale.

LOS AGOREROS del desastre habían dicho que iban a cambiar la sede los JCC al DF porque Veracruz no podía con el paquete; dijeron que las obras no iban a ser concluidas en tiempo y forma; dijeron que la «violencia» iba a empañar los JCC; dijeron que los atletas no iban a estar a gusto en los hoteles; dineron que las protestas por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa iba a entorpecer los JCC; dijeron que los atletas se iban a enfermar con la «mala alimentación»; que iba a haber desorganización, que si esto, que si lo otro. Y nada de eso sucedió. Fallaron los pronósticos de quienes quieren que le vaya mal a Veracruz.  

AUNQUE USTED no lo crea, como diría el famoso Ripley, pero resulta que nos enteramos que uno de los caballos que compitieron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, vale la friolera de ¡12 millones de euros! Sí, leyó usted bien, amable lector. El valor de este equino que compitió en el Hípico de Coapexpan equivale a lo que vale un edificio de 14 pisos en esta capital veracruzana. Imagínense como han de cuidar a este equino.

LA PRIMICIA: quien dirá a adiós a la soltería es el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario Erik Porres Blesa. Y ya hay fecha de la boda. El 30 de mayo de 2015, este talentoso duartista dará acaso el paso más importante en su vida. Luego les contaremos quien es la afortunada.

EL SENADOR priista José Yunes Zorrilla tuvo dos eventos este fin de semana en el municipio de Tantoyuca. Cuentan que uno de esos encuentros fue un verdadero éxito, pero el otro no estuvo muy bien organizado, y no por culpa de Pepe, sino por Maru Pinete, a quien muchos militantes ya no la quieren ver ni en pintura. Y así quiere ser candidata.