Hemos dicho en esta columna la gravedad de la situación de personas desaparecidas en el país, ya que tan solo las cifras oficiales muestran parte del horror de los últimos 10 años: 33 mil desaparecidos a nivel nacional y casi 4 mil en Veracruz. La pregunta es ¿dónde está tanta gente desaparecida?

El pasado 16 de enero entró en vigor la Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta ley pretende hacer frente a esta crisis, pero no será suficiente para evitar que tarde o temprano haya responsabilidades penales internacionales de servidores públicos del más alto nivel.

Desde luego es un avance y pone orden a muchos de los aspectos que deben ya ponerse en marcha de manera coordinada entre los diferentes niveles e instancias de gobierno. Así, se crea el Sistema Nacional y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que contarán con un Banco Nacional de Datos Forenses, un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, un Registro Nacional de Fosas, un Registro de Detenciones, un Protocolo Homologado de Búsqueda y otro Protocolo Homologado de Investigación, entre otros instrumentos.

Además de la Comisión Nacional de Búsqueda, cada estado debe crear su Comisión Local de Búsqueda. Igualmente deberá haber en cada entidad federativa una Fiscalía Especializada, que en el caso de Veracruz ya existe.

Además, el Sistema Nacional contará con un Consejo Ciudadano, integrado por 13 personas: cinco familiares, cuatro especialistas y uno de ellos debe ser especialista forense, y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos.

Durante este año de 2018 deberán quedar instaladas las instituciones nacionales y locales que establece esta ley. Así el próximo 16 de febrero deberán estar en funcionamiento las fiscalías especializadas y la Comisión Nacional de Búsqueda, y el 16 de marzo deberán emitirse los protocolos rectores para el funcionamiento de esta Comisión.

Para el 17 de abril deberá instalarse el Consejo Ciudadano y también deberán estar funcionando las Comisiones Locales de Búsqueda. Y para julio se tiene que instalar el Sistema Nacional de Búsqueda, y emitirse el Protocolo Homologado de Búsqueda y el Protocolo Homologado de Investigación. Por lo tanto para esas fechas tendría que ya estar armonizada la legislación estatal local.

Igualmente para enero de 2019 tienen quedar listos y en operación el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, así como la certificación de todos los servidores públicos de las fiscalías y comisiones de búsqueda.

En cuanto a los derechos y medidas de atención de las víctimas directas o indirectas de desaparición, desde luego se reiteran y hace referencia a lo que señala la Ley General de Víctimas, pero también amplía o profundiza en derechos y medidas particulares, como participar en las acciones de búsqueda. Destaca también la posibilidad de obtener la Declaración Especial de Ausencia para proteger los derechos de la persona desaparecida.

Me parece muy importante hacer especial mención que derivado de esta ley, el Gobierno del Estado es responsable de asegurar la reparación integral a las víctimas de Desaparición Forzada de Personas cuando sean responsables sus servidores públicos, por lo que en Veracruz, por todos los casos donde la policía estatal tuvo participación en tantos eventos de desaparición, las víctimas podrán exigir la reparación integral.

En días pasados también se presentó una iniciativa de decreto de Ley de Desaparición Forzada para el Estado de Veracruz, que es una copia exacta de la Ley General, por lo que nuevamente se pierde la oportunidad de contextualizar y adaptar la ley a la realizad veracruzana.

Me parece increíble que otra vez los legisladores locales presentan una ley que establece derechos y medidas de atención a víctimas sin hacer una autoreflexión y una revisión del hecho de no haber aprobado recursos para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas, por lo que nuevamente lo que se señala en la iniciativa presentada en el Congreso Local carece de herramientas operativas y recursos para garantizar los derechos de las víctimas.

Me parece que los colectivos de víctimas de desaparición que hay en Veracruz, que son bastante activos y presentes en las búsquedas como Solecito de Veracruz o Familiares Enlaces de Xalapa, deben exigir a los diputados locales modificar el presupuesto y asignar recursos tanto a la Comisión Estatal de Víctimas y su Fondo de Ayuda y Reparación, como a la próxima Comisión Estatal de Búsqueda. De otra manera todo sigue quedando en la fantasía de los diputados y en la invisibilidad de las víctimas en el discurso oficial.

En Veracruz se vive una situación singular en el tema de desaparecidos, por la cantidad y calidad de los colectivos, por la cantidad de fosas clandestinas identificadas, por la gravedad de los hallazgos en Colinas de Santa Fe y en Arbolillo, por la actividad de las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional para capacitar y fortalecer a estos colectivos y la formación de nuevos cuadros de arqueólogos y antropólogos forenses (como recientemente lo ha hecho la Universidad Veracruzana con el Diplomado en Arqueología Forense donde se han graduado 25 profesionistas especializados), o la visita y colaboración del Equipo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, así como la asistencia técnica del Instituto para la Seguridad y la Democracia, INSYDE, a diversas instancias y colectivos.

Veracruz tiene un papel singular en la puesta en marcha de estas leyes con base a la experiencia que se ha venido teniendo a partir de la realidad social y criminal de nuestro estado. Desde luego Veracruz no es ejemplo de respeto y garantía a los derechos humanos, por el contrario, Veracruz es ya conocido por las graves violaciones a los derechos humanos. Ahora toca ser ejemplo de soluciones institucionales y sociales de grandes respuestas a dichas violaciones y, sobre todo, de reparar integralmente a las víctimas y enjuiciar a los responsables.

De lo contrario otra vez serán legislaciones y sistemas para enfrentar a la nada.