El abogado Juan José Llanes Gil del Ángel aseguró que sí es legal hacer acuerdos entre Ayuntamientos y Gobierno del Estado para el cumplimiento del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga al Poder Ejecutivo a pagar las participaciones federales pendientes.

El abogado señaló que al tratarse del fallo resultado de una controversia constitucional, si las partes están de acuerdo en un modelo de pago específico, este es posible y no generaría responsabilidades para la autoridad.

«Las partes pueden acordar formas de cumplimiento porque obligar al Estado a restituir el daño a entidades públicas sería imposible».

Agregó que si bien este fallo de la Corte debe acatarse, los tiempos y las formas pueden dejarse a criterio de los acuerdos a los que lleguen entre el Gobierno del estado y los Ayuntamientos.

«Habría que precisar que emanenuna decisión de la Suprema Corte no quiere decir que tenga más contundencia que el de otras instancias como un juez municipal».

Esto luego de que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, aceptó que se hicieron acuerdos con los Ayuntamientos para entregarles solo el 50 por ciento de los recursos que fueron retenidos de manera ilegal durante el el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

«Si las normas lo permiten, las partes pueden acordar formas para el cumplimiento y eso era perfectamente previsible».

El abogado consideró que de quién se espera mayor resistencia a aceptar este tipo de acuerdos es por parte del Ayuntamiento de Veracruz, pero dijo que esto se debe a un tema personal.

«Hay un mínimo de sensatez de parte de los Ayuntamientos, al menos para colaborar con el Gobierno del Estado para sanear el inmenso daño que dejaron las administraciones pasadas. El detalle es que el Ayuntamiento de Veracruz está inscrito en otro tema, en el tenor de una batalla particular que tiene el yuneslinarismo con las fuerzas políticas que evitaron que el otro hijo del patriarca fuera Gobernador».

No obstante, insistió en que estos acuerdos no son ilegales siempre y cuando los Ayuntamientos y el Gobierno del estado estén conformes con lo que se propone.

Perla Sandoval/Avc