Álvaro Belin Andrade | Por su ubicación geográfica, su intrincada orografía y la facilidad con que los grupos criminales se establecen con la complicidad de las autoridades policiacas, Veracruz está sufriendo las consecuencias de un modelo de combate a la delincuencia que se basa más en el amontonamiento de efectivos policiacos que en el uso del trabajo de inteligencia.
Solo ha bastado que los recursos públicos sufran un colapso como el resentido en 2015 para que el modelo empiece a mostrar enormes fisuras y se estén volviendo a percibir, guardadas las proporciones, los niveles de temor e incertidumbre entre la población por el empuje de los grupos del crimen organizado como los vividos en 2011.
Por supuesto que la violencia en 2011 se vivió en una zona, la conurbación Veracruz-Boca del Río, donde la cobertura mediática y el riesgo de colapso en el flujo turístico hicieron reaccionar a las autoridades estatales.
Hoy se vive en zonas más apartadas del centro financiero y turístico de la entidad, marcadamente la región más al norte, Pánuco y municipios colindantes con Tamaulipas y San Luis Potosí; la capital del estado, Xalapa; la zona centro, estableciendo niveles críticos de inseguridad en Córdoba, Orizaba e, incluso, la región montañosa de Zongolica y su extensión a Tierra Blanca; la Cuenca del Papaloapan y la zona de Minatitlán y Coatzacoalcos. No por ello sus efectos dejan de ser demoledores para el desarrollo de la entidad.
Aunque para la imagen del estado en el exterior los efectos más graves se sienten cuando la inseguridad golpea los centros neurálgicos de la entidad, particularmente la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, lo que muestran los últimos focos de violencia es un estado sumido en la inseguridad.
Carreteras, caminos rurales, ciudades importantes por su producción agropecuaria están trazando toda una ruta de trasiego de drogas y personas, dibujada por los recientes hechos de violencia, como los de Tierra Blanca, donde la policía de Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública, ha sido factor para quebrantar aún más la seguridad de una región asolada por el crimen organizado.
Fue necesaria la incursión de la Gendarmería Nacional para lograr, por ejemplo, la captura durante la madrugada del domingo de Francisco Navarrete Serna, considerado jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tierra Blanca, ante la infiltración de la Policía Estatal, señalada no solo de ser omisa ante la banda criminal sino de participar en colusión con ella.
Que estos hechos, la complicidad y coactuación policiaca con el crimen organizado, se puedan dar, es algo generalizado cuando no hay un solo mando, cuando impera el modelo de policías municipales manejadas por alcaldes, síndicos o regidores.
Lo imperdonable es que haya surgido entre elementos bajo el mando del Secretario de Seguridad Pública, aparentemente acreditados y que han pasado por exámenes de confiabilidad. Si no los pasaron, el responsable de los hechos es quien dio la orden de ponerlos en activo para proteger una región, a la que ayudaron más bien a ser dominada por la delincuencia.
Poco a poco, ante la ineficacia policiaca, Veracruz ha sido retomada por diversas bandas criminales. Sin la fuerza mostrada en estados como Tamaulipas, estos grupos han ido recuperando antiguos territorios, han enfrentado a las bandas contrarias y ya muestran fortaleza de sur a norte, estableciendo rutas para sus actividades criminales y estableciendo cabezas de playa en ciudades importantes donde se están haciendo fuertes con las policías.
¿Ha disminuido la incidencia delictiva?
El gobernador Javier Duarte de Ochoa y sus funcionarios del área de seguridad pública han insistido en que Veracruz ha vivido un proceso de abatimiento de la criminalidad durante sus cinco años de gobierno. ¿Qué tan cierta es esa percepción, cuando los veracruzanos opinan lo contrario?
Los números que muestran los reportes de Incidencia Delictiva del Fuero Común, elaborados por el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) con base en los reportes enviados por las procuradurías y fiscalías estatales, parecieran darles la razón.
En efecto, durante 2014 y 2015 se han reportado datos más bajos que de 2011 a 2013, considerados los peores años en el tema de seguridad. Tanto en delitos en general como en robos, homicidios y extorsiones, dichas cifras se han visto mermados en términos generales, lo que por desgracia no sucede con el de secuestro.
En 2015, la cifra de secuestros fue superior en más del 50 por ciento a la de 2011 y, si vemos 2014, que ha sido el peor año en este delito, observamos que hubo un incremento de hasta 140 por ciento respecto al primer año de gestión de Javier Duarte.
Cuadro. Incidencia delictiva del fueron común. Comportamiento durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2011-2015)
Estos datos no son alentadores para la percepción ciudadana de la seguridad. Si consideramos que solo se denuncia el 10 por ciento de los secuestros, por temor a que la policía esté coludida o a que los grupos criminales actúen con mayor violencia si se invoca a las fuerzas de seguridad, resulta que en 2015 nos acercamos a los mil secuestros en la entidad.
Solo con los datos aportados por las autoridades ministeriales se puede ubicar a Veracruz en el tercer lugar entre los estados con mayor incidencia en el delito de privación ilegal de la libertad durante 2015. En primer lugar aparece Tamaulipas, con 230 secuestros, seguido del Estado de México (163), Veracruz (97), Guerrero (81), Tabasco (78) y Distrito Federal (55).
Un dato terrible: la franja costera del Golfo de México, que incluye los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, muestra la mayor incidencia nacional en secuestro: 405 casos, que representan más del 38 por ciento de los cometidos en el país.
En su participación en la Reunión de Seguridad Sur- Sureste, celebrada en Oaxaca el 19 de enero, Javier Duarte dijo que el promedio nacional de homicidio doloso por cada cien mil habitantes es de 12.85 por ciento, mientras que Veracruz registra un índice de 8.97. Además, la entidad se mantiene por debajo de la media nacional en homicidios vinculados a delincuencia organizada con 3.68; frente a 5.75 por ciento que registra el país.
En términos comparativos, son datos alentadores, sin lugar a dudas, pero con la delincuencia y la inseguridad sucede como con la macroeconomía, se hace más caso a lo que sucede a flor de tierra, aunque los datos generales digan que la inflación ha sido la más baja en décadas. Y el problema mayor se ubica en las ciudades pequeñas, donde debe realizarse un trabajo preciso de inteligencia para atacar de raíz este problema.
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