Poco se dio a conocer el tema, pero ante la Fiscalía General del Estado fueron denunciados dos sujetos que trabajan en el Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud, dependencia a la que se conoce simplemente como seguro popular.

Lo que resulta poco común es que dicha denuncia fue presentada por el propio órgano interno de control, así como por la dirección del área jurídica, cuyos titulares acudieron a la instancia de procuración de justicia para exponer un tema que podría calificarse como compra-venta de plazas por parte de dos trabajadores de la dependencia.

El hecho ocurrió en mayo pasado: una trabajadora de dicho Organismo Público Descentralizado, expuso que dos servidores públicos le solicitaron a trabajadores de los módulos de la zona sur de Veracruz dinero a cambio del siguiente contrato.

No se trata de personal de base, sino de trabajadores que son recontratados cada año.

Se infiere que a cambio del siguiente contrato, funcionarios del Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud pedían una quincena, a lo que los afectados cedían por temor a perder sus fuentes de empleo.

Al recibir la denuncia, el titular del órgano interno de control pidió instrucciones a la contralora General del Estado, quien le habría dado luz verde para proceder; es decir, separa del cargo a los dos funcionarios señalados.

En la investigación realizada por parte del Órgano Interno de Control se concluyó que además de convertir el señalamiento en denuncia de hechos ante la Fiscalía, se debía turnar el expediente al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social, instancia competente para continuar con el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con testimonios de algunos funcionarios de la OPD, la persona denunciada trabaja dentro del sfaff del titular de la Sedesol, Guillermo Fernández Sánchez; incluso, habría acudido a las reuniones de la CGE en representación de la Secretaría, lo que habla de una relativa cercanía con el responsable de los programas sociales en Veracruz.

Se ignora si el secretario de Desarrollo Social estaba al tanto de las denuncias contra sus colaboradores; si es así, malo; pero si no lo es, peor porque quedaría en evidencia como un funcionario que no está al tanto de lo que ocurre en su dependencia.

No se trata de un tema escandaloso por los montos que se manejan; al contrario, es un asunto muy menor porque el probable responsable de esta irregularidad, condicionar las plazas, habría cobrado una quincena por contrato autorizado.

Si son dos o tres los quejosos, hablaríamos de que el señalado habría cobrado quince o veinte mil pesos a cambio de tres o cuatro contratos anuales; es muy poco dinero si se compara con los cientos de millones de pesos que maneja la dependencia; sin embargo, resulta importante que desde la Contraloría se alienten este tipo de denuncias, a efecto de dejar claro que no hay, en este gobierno estatal, tolerancia contra prácticas de corrupción, por pequeñas que sean.

Habrá que ver en qué termina esta investigación y, sobre todo, si más trabajadores eventuales se animan a denunciar prácticas similares en otras dependencias. @luisromero85