Aunque de origen fue una propuesta presentada por el entonces gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, quien debió cargar con los cacharros dejados por su amigo Javier Duarte de Ochoa, la propuesta de presupuesto para 2017, que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares logró contener e, incluso, obtener del Congreso local un periodo de gracia de tres meses para adecuarlo, castiga duramente a la Universidad Veracruzana.
Javier Duarte de Ochoa nunca tuvo en buena lid a la máxima Casa de Estudios de Veracruz. Durante su gestión, ni la principal formadora del capital humano de la entidad se salvó de la garra depredadora del hoy prófugo de la justicia. El conflicto entre el gobierno y la universidad autónoma, que comenzó con la retención de recursos federales y luego se endureció con el robo de buena parte del presupuesto estatal, se recrudeció durante el reciente proceso electoral.
Para Duarte, cualquier guiño o acercamiento, real o imaginario, entre la UV y el entonces candidato Miguel Ángel Yunes Linares, era tomado como una herejía, merecedora del más duro castigo: y no es que Duarte iba a ceder en la entrega de los recursos birlados a la UV, que ya no estaban en el cajón de Sefiplan sino transformados en casas, departamentos y ranchos de lujo para su uso personal, sino que convirtió el litigio en una confrontación política.
Y sí, desde antes del 5 de junio, cuando se dio el triunfo de la oposición por primera vez en Veracruz en más de ocho décadas de historia, los mensajes fueron y vinieron, la mayoría en los tonos más ríspidos; se protagonizaron las concentraciones más numerosas de universitarios para exigir el pago a la UV, con el apoyo de muchos sectores sociales; se degustaron viandas matutinas en que hasta participó quien, a la postre, sería identificada como el principal cerebro del saqueo, Karime Macías de Duarte, pero jamás se pagó.
Incluso se hizo participar al entonces director del Instituto de Pensiones del Estado, Armando Adriano Fabre (en noviembre de 2015, con la torpe conseja del titular de Sefiplan Antonio Gómez Pelegrín), para señalar que la deuda de la UV con ese instituto era incluso mayor a los más de 2 mil millones de pesos que adeudaba el gobierno a la casa de estudios.
En ese momento, Duarte estaba rojo del coraje pues la rectora Sara Ladrón de Guevara cabildeaba en la ANUIES, con los diputados federales y con los senadores, para presionar a la entrega de los recursos legalmente estipulados para la UV. Una carta abierta de apoyo firmada por las autoridades de 179 universidades del país y el respaldo recibido por Sara en el Congreso de la Unión tuvieron al prófugo con urticaria durante varios días y semanas.
Lo demás ya lo sabemos. Las corrientes de simpatía entre el candidato pan-perredista Miguel Ángel Yunes Linares y la rectora se hicieron más abiertas; el hoy gobernador mostró su respaldo a la UV, la hizo principal operadora en la consulta para definir el Plan Veracruzano de Desarrollo y le robó a la principal operadora financiera, Clementina Guerrero García, quien entró como titular de la Sefiplan en los últimos días del gobierno interino.
Pero el amor cobra facturas y no solo vive de palabras y suspiros.
Estás pobre, pero cumple lo prometido
Este lunes, la rectora Sara Ladrón de Guevara no se esperó a reunirse con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para corroborar si en el periodo de gracia de tres meses se analizaría con seriedad el otorgarle a la UV, si no más, tampoco menos de lo que se le ha autorizado con el paso de los últimos años.
En una carta abierta fechada el 2 de enero, dirigida al gobernador Yunes y a la LXIV Legislatura del Congreso de Veracruz, la rectora de la UV reitera su petición de que se desconozca la grosería de Flavino Ríos Alvarado, quien continuó la mala estampa de su hermano del alma, ese que le engañó y le puso una venda en los ojos para que no viera la realidad de Veracruz y al cual ayudó a escapar con un helicóptero oficial, de reducir drásticamente el presupuesto universitario para este año.
“El Subsidio Estatal Ordinario para la Universidad Veracruzana (UV) aprobado –señala en la misiva– asciende a dos mil 117 millones 834 mil 280 pesos, lo que representa un decremento de 7.7% con relación al del 2016”.
Dice el dicho que el que no chilla no mama, y la rectora de la UV expresa que, a sabiendas de que el Poder Ejecutivo estatal podrá presentar una propuesta de ajuste a ese Presupuesto en un plazo no mayor a 90 días, los universitarios “solicitamos al Gobierno de Veracruz incluya el apoyo anunciado a la Máxima Casa de Estudios en su toma de posesión”.
Y le recuerdan sus palabras del pasado 1 de diciembre, cuando el gobernador Yunes Linares dijo: “Reitero, para que no se reduzca el presupuesto de la Universidad Veracruzana, como se propuso, sino por el contrario, para que dicho presupuesto se incremente en términos reales en relación con los del presente año. La Universidad Veracruzana y los jóvenes universitarios no tienen por qué pagar las consecuencias de la corrupción”.
Ya veremos si de verdad la alianza va a rendirle frutos a la UV o tendrá que resignarse a detener la velocidad de su crecimiento como en todo el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.
Arteaga Aponte no pagó al IPE
Y ya que hablamos del Instituto de Pensiones del Estado, que quiso ser usado como instrumento de represión contra la UV, le cuento que el actual director general, el economista universitario Hilario Barcelata Chávez, ha puesto sal en la herida de las deudas con esa dependencia encargada de administrar el fondo de pensiones estatal.
Y es que han incumplido en el pago de cuotas y aportaciones al IPE varios entes públicos incorporados, lo que está provocando que esa institución les falle a jubilados y pensionados. Y las deudas no son precisamente de la UV como quisieron aparentar Javier Duarte, Antonio Gómez Pelegrín y Armando Adriano Fabre, sino entes dirigidos por compinches del priista.
En efecto, el director del IPE, Hilario Barcelata Chávez, en un mensaje en redes sociales dijo que hay diez entes, entre ellos el Poder Judicial, que mantienen un adeudo de 606 millones de pesos, de los cuales 474 son por omisiones de pago y 132 millones por concepto de recargos, acumulados a lo largo de varios años.
Y dijo algo sorprendente: el principal deudor es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytev), que estuvo encabezado por Fernando Arteaga Aponte y que tiene pendiente el pago de 273.5 millones de pesos, incluidos los recargos. “Este organismo concentra el 45 por ciento del total de los adeudos. Es seguido por el Tribunal Superior de Justicia quien adeuda 167 millones de pesos, de los cuales 40 millones son de recargo”.
Otros deudores son el Instituto Tecnológico de San Andrés Tuxtla (54 mdp), la Fiscalía General (40 mdp), el Instituto Tecnológico de Misantla (33 mdp), DIF de Veracruz (25 mdp), Maquinaria de Veracruz (7 mdp), Sesver (6 mdp) y Conecalli (1.5 mdp).
Con lo que estos organismos adeuda, dijo, alcanzaría para pagar once meses del servicio de seguridad social para todo los jubilados y pensionados. “La deuda de Cecytev alcanzaría para pagar cinco meses, la del Tribunal tres, la del Instituto Tecnológico de San Andrés Tuxtla uno, y con los recargos se podría cubrir 2.4 veces la cuotas del Seguro Social”.
Pero a esos que efectiva y evidentemente debían, los directivos del IPE durante el maximato fidelista jamás les llamaron a cuentas.
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