Quien no lo quiera ver, que no lo haga; sin embargo, hay varias denuncias penales ya presentadas por el presunto daño patrimonial detectado en las cuentas públicas del pasado gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Hay que dar el crédito al trabajo que ha realizado el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), instancia dirigida por Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, quien ha puesto el cascabel a un gato muy mañoso en el campo político.

Sin amedrentarse ni entrar en el terreno de la provocación, el Auditor estatal ha sido capaz de enfrentar los embates verbales del exgobernador, quien definitivamente tiene razones para estar intranquilo.

Basta recordar que ha sido el ORFIS quien en abril de este año interpuso 8 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por un presunto daño patrimonial detectado en la Cuenta Pública del 2017 por un monto superior a los mil 600 millones de pesos.

Ese monto se concentró en el sector educativo por anomalías en los institutos tecnológicos superiores de Perote, Pánuco, Las Choapas; las universidades Politécnica de Huatusco y la Tecnológica del Sureste de Veracruz.

Esa fue la primera denuncia de un monto total de más de 31 mil millones que ha sido denunciado por el ORFIS.

Para junio, el propio auditor se apersonó en las instalaciones de la Fiscalía General de la República para presentar tres denuncias por la comisión de varios delitos y violaciones a las leyes en el año 2017, una denuncia correspondió al presunto desvío de mil 116 millones de pesos por el Sistema Estatal de Videovigilancia, la segunda denuncia estableció que la administración anterior registró solamente en documento 27 mil millones de pesos a favor, pero que los recursos no existen; la tercera acusación fue presentada porque se falseó la existencia de ocho mil millones de pesos en varios fideicomisos.

A finales de junio, el ORFIS presentó otras 3 nuevas denuncias penales por un presunto desvío de 71 mdp en la Secretaría de Salud durante el ejercicio 2017, por irregularidades detectadas en la asignación de contratos de obras para la remodelación de los hospitales Luis F. Nachón y el Centro de Alta Especialidad Rafael Lucio.

Hace unos días, la Fiscalía General del Estado a cargo del yunista Jorge Winckler, ha sido observada en su Cuenta Pública 2018 por 18 millones de pesos debido a inconsistencias en el manejo de los recursos que van desde asignar montos superiores a lo ejercido en diversas obras, hasta transferencias bancarias cuyo destino no fue comprobado ni hallaron a sus beneficiarios.

De las inconsistencias financieras, quizá lo más delicado son las anomalías en cuanto a transferencias o depósitos bancarios que entre otras cosas, carecen de la identificación de los beneficiarios. Es decir, muchos de los depósitos girados a diversas cuentas no tienen el destinatario ubicable.

Destaca también el arrendamiento de una camioneta blindada para el uso del Fiscal Jorge Winckler por un monto contratado de 626 mil 400 pesos a la empresa Armo Ring SA de CV con diversas inconsistencias en el contrato, pagos y especificaciones de la unidad.

De acuerdo con lo dictaminado se resalta que hubo un sobrecosto, tan solo en 36 días arrendado el vehículo, del orden de 501 mil 371 pesos. También hay anomalías en la compra de otra unidad a la empresa Blindajes Alemanes SA de CV por un monto de 2 millones 713 mil 172 pesos. Ahora, Winckler deberá solventar las observaciones hechas por el ORFIS en un plazo no mayor a los 15 días, de lo contrario, sumaría una nueva denuncia, esta vez por el delito de daño patrimonial y uso indebido de los recursos públicos. Y quién podría negar que esta pudiera ser la punta del iceberg que hará agua la “pureza” del yunismo.

@luisromero85