Cuitláhuac García se reunió con los agremiados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y les pintó el panorama financiero que encontró el primero de diciembre. *** Dijo que el Gobierno del Estado debe casi cien mil millones de pesos, entre créditos bancarios y otros pasivos. Tan sólo de intereses, cada año se pagan 4 mil millones de pesos. *** “No es nada fácil. La deuda formal ante instituciones bancarias es de 45 mil millones de pesos, pero hay laudos, pasivos de otro tipo, unos están en 18 mil millones de pesos y otros como en unos 20 mil millones de pesos”. *** Recordó que en el año 2000, Veracruz debía a los bancos 18 mil millones de pesos, y en menos de dos décadas saltó a 45 mil millones de pesos. *** En octubre de 2018, a días de que Yunes Linares dejara la administración, la empresa calificadora Fitch Ratings hizo su última evaluación sobre la situación financiera de Veracruz. Informó que al 30 de junio de ese año, los compromisos financieros del Estado (excluyendo los bonos cupón cero y la parte municipal) ascendían a 42 mil millones de pesos, repartidos en 11 créditos bancarios. *** Sin embargo, en el rubro de “pasivo circulante”, esto es, la deuda con proveedores y contratistas, el bienio panista fue a la alza. Los pasivos de corto plazo, al 30 de junio de 2018, ascendían a 7 mil 480 millones de pesos, mientras que al cierre 2017 eran de 5 mil 990 millones de pesos. *** Un Estado limitado por sus deudas tendrá dificultades para reactivar su economía y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

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Lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, a través de su cuenta de Twitter:
“Esta tarde acompañado del Secretario de Gobierno @EricCisnerosB presenté una denuncia ante la @FGRMexico por el fallido sistema de videovigilancia heredado por la administración pasada, exigimos se investigue el presunto mega fraude orquestado por Yunes Linares”.
Lo dicho: La corrupción no tiene color, ni la distinguen siglas partidistas.
Ayer se actuó contra servidores públicos de la administración de Javier Duarte, y hoy se abre una investigación en contra de Miguel Ángel Yunes Linares.
Pero no sólo ellos. También a los de casa se les llama a cuentas.
Este mismo martes el delegado del gobierno federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dio a conocer que ya acudió a la Fiscalía General de la República (¿se dan cuenta que todas las denuncias se presentan en el ámbito federal? ¿Acaso desconfían de la opción local?) para denunciar a tres personas que, haciéndose pasar como representantes del gobierno federal, organizaban reuniones con alcaldes y con empresas a las que les ofrecían “bajar” recursos a cambio del consabido “moche”.
El combate a la corrupción fue la bandera de Andrés Manuel López Obrador en su campaña por la Presidencia y debe predicar con el ejemplo. Bien reza el dicho que “el juez por su casa empieza”.
El secretario de Gobierno, Eric Cisneros y el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, denunciaron ante la FGR la comisión del delito de peculado en el proceso de contratación del Sistema Estatal de Videovigilancia, durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, por el que se reportó una inversión de mil 100 millones de pesos, en un contrato otorgado sin licitación a la empresa Comtelsat.
En la auditoría técnica realizada por la actual administración, se detectó que sólo funcionan el 28% de 6 mil 324 cámaras (mil 695) las que además operan con deficiencias. Esto quiere decir que 4 mil 354 cámaras no funcionan.
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) detectó que para este programa se habían presupuestado 700 millones de pesos, pero más tarde, sin justificación alguna el contrato se elevó hasta los mil 160 millones de pesos.
La denuncia fue presentada “contra quien resulte responsable”, ante el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la FGR, Alberto Antonio Valle Gay.
Manuel Huerta, por su parte, explicó que en principio fueron denunciadas tres personas:
“Una que decía que era coordinadora de presidentes municipales de Andrés Manuel López Obrador, de nombre Antonia Romero Hernandez; otro que se llama Clemente Castell Sanabria, que se ostenta como coordinador de asesores de la Comisión de Hacienda y Crédito Publico de la Cámara y Polet Mendoza Martínez, que ha contribuido a procesar estas actividades”.
Se sabe que también actuarán en contra de Roberto Sánchez Migoni, quien se ostenta como “Delegado Alterno en la zona norte”.
Así como el secretario de Finanzas, José Luis Lima, llamó la atención sobre supuestos “gestores” que cobraban “moche” por la cobranza de empresarios a los que el gobierno estatal les adeuda, así se debe atajar cualquier intento de extorsión o cohecho.
La tentación es muy grande, y no va a faltar quien se quiera pasar de listo.
(Última hora).
El portal de noticias Gobernantes.com subió la noche del martes el siguiente Twitter: “Cónclave yunista: Téllez Marié, Winckler, Muñoz Gánem y Yunes Linares se reúnen en restaurant de Xalapa”.
¿Se imaginan el tema?

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Epílogo.

Nuevo “palo” a la operación política de la bancada de Morena en el Congreso local. Este martes se convocó a sesión extraordinaria para someter a votación un proyecto de decreto presentado por el gobernador Cuitláhuac García, que autorizaba al gobierno estatal y a los ayuntamientos a contratar créditos con Banobras, que funcionarían como adelantos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Sin embargo, ante la falta de consenso (se requería mayoría calificada) el dictamen fue devuelto a comisiones. *** El Presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro, y el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, coincidieron en que el dictamen se devolvía a comisiones para “analizarlo mejor”. ¿Entonces? ¿Se apresuraron al convocara esta Extraordinaria? *** El Grupo Legislativo de Morena en el Congreso local presentó un anteproyecto de Punto de Acuerdo para instruir al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), a que inicie los procedimientos de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018 de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), y de la Fiscalía General del Estado (FGE). El argumento fue que en 2017, el primer año de ejercicio de la pasada administración estatal, existieron observaciones. *** Que el alcalde de Xalapa rinda cuentas sobre el affaire del Relleno Sanitario. Eso fue lo que planteó el diputado panista Omar Guillermo Miranda Romero, quien presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Xalapa a rendir un informe respecto del manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos. Explicó que el argumento para la clausura del Relleno Sanitario fue que era necesario proteger el derecho a la salud de la ciudadanía, pero sin mediar un plan a corto plazo.

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