Resulta quizás increíble y a la vez triste que los seres humanos, y en especial creo que los mexicanos, nos estemos peleando para ver quién demuestra más cercanía o influencia o preocupación por los desaparecidos, por el tema de la crisis nacional y estatal por desaparición de personas.

El aberrante show mediático que montó el Fiscal General del Estado por el hallazgo de las fosas en Alvarado, es sólo una muestra de lo que quiero decir, pero hay muchas más. Ahí está la diligencia y visión política de Roberto Campa cuando el caso de Tierra Blanca, pero que también privilegió su posicionamiento en el tema y el favoritismo y parcialidad de las autoridades; las organizaciones de derechos humanos peleando por el favoritismo de las víctimas y por su protagonismo o influencia en los diálogos de pacificación; la diputada local Maryjose Gamboa gritándole a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y manipulando a las víctimas; las organizaciones internacionales que aprovechan el momento para posicionarse ya sea por recursos o por tan sólo decir que son los que más saben sobre el tema o los que tienen a los mejores especialistas.

La realidad es que estamos ante una tarea inconmensurable que requerirá por parte del Estado de una política pública muy bien planteada, diseñada e implementada, así como de muchos recursos presupuestales para llevarla a cabo; y por parte de los organismos y agencias internacionales un compromiso de trabajo y apoyo como nunca antes.

La crisis de derechos humanos en Veracruz es una realidad parcialmente diagnosticada, pero que resulta alarmante por donde se le quiera ver: libertad de expresión y agresiones a periodistas; desaparición forzada; ejecuciones extrajudiciales; feminicidios; trata de personas; tortura; discriminación.

Sin embargo es en los casos de desaparecidos donde estamos viendo una inmensa necesidad de acciones y recursos. La implementación de la Ley General de Desaparición Forzada y de la ley estatal en materia de desapariciones, la operación de la Comisión Estatal de Búsqueda y la coordinación entre ésta y la Fiscalía Especializada son grandes retos para la próxima administración. Pero donde está el verdadero problema actual es en la identificación de los cientos de cuerpos que existen en los servicios médicos forenses y en los servicios periciales.

Es urgente destinar recursos para procesar los cientos de fosas clandestinas y comunes que hay localizadas con miles de cuerpos y restos de personas, y para la individualización e identificación de esos restos. Se necesitan peritos especialistas. Se necesitan laboratorios de identificación humana con todas las herramientas y tecnología para hacer esta labor.

Para todo esto se necesita un plan emergente en el que la Federación destine recursos adicionales etiquetados a Veracruz, también que la Universidad Veracruzana plantee un programa de formación, capacitación y de acción para coadyuvar en la solución de esta situación.

Según notas en medios de los últimos días, se calcula que hay 600 fosas clandestinas en Veracruz y más de 500 cuerpos sin identificar. Además según cálculos del Colectivo Solecito los desaparecidos en Veracruz son aproximadamente 20 mil, de los cuales la Fiscalía General del Estado tiene denuncias y carpetas de investigación en 4 mil de ese universo. No se sabe cuántos de esas 4 mil carpetas se han resuelto, ni su status. De las fosas que sí se han procesado como las de Colinas de Santa Fé o de Arbolillo, tan sólo se han identificado una veintena de personas, es decir, solamente se han identificado al 0.1% del total de personas presuntamente desaparecidas o el 0.5 % del total de carpetas de investigación. Si se suman otros identificados en fosas comunes, en barrancas o en lugares como Rancho el Limón, el total de identificados no debe ser mayor a 50, lo que equivaldría a tan solo el 1% de las carpetas o el 0.3 % del cálculo de desaparecidos que hace Solecito.

En lugar de estar compitiendo por ver quién es el mejor o el que más sabe o el que más defiende a los familiares, se requiere el compromiso por acciones concretas para colaborar con las nuevas autoridades estatales y federales. Desde luego es imprescindible la voluntad política y compromiso de las autoridades desde las cabezas y titulares de los poderes y órganos autónomos. Sin embargo, la sociedad civil debe demostrar madurez y no sólo tener una posición de activismo en la que todo lo que hace el gobierno está mal.

Necesitamos en México y en Veracruz pasar a otra etapa. Una etapa de reconstrucción. Se necesita la voluntad política desde las más altas esferas del poder, y se necesita la voluntad social de las organizaciones civiles para participar y colaborar. No imagino otra manera.