Entre septiembre y octubre del 2015 el entonces precandidato del PAN a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, le hizo la vida de cuadritos al gobernador Javier Duarte al que acusó sistemáticamente de lo que ya conoces lector. Es decir, le dijo de todo menos que es santo.
Duarte contraatacó y anunció que en la Secretaría de Educación de Veracruz había 2 mil 173 “aviadores” que desfalcaban 800 millones de pesos anuales al erario veracruzano.
El presidente estatal del PRI, Alberto Silva Ramos, que andaba que se subía a las paredes porque Duarte lo designara candidato a la gubernatura, fue más allá al anunciar que daría a conocer la lista de esos aviadores puestos por Yunes Linares desde los tiempos en que fue Secretario de Gobierno, en la administración de Patricio Chirinos.
Silva echó a volar una lista (mucho menor que la de los 2 mil 173 de Duarte) y se armó el escándalo porque decenas de los 124 hombres y mujeres que aparecían en ella, resultaron maestros respetables que laboraban con normalidad y amenazaron con demandar al ser exhibidos y calumniados públicamente.
La SEV calificó de “irresponsable” la filtración y también amenazó con ir a los tribunales. Acalambrado, Alberto Silva no volvió a tocar el tema, los maestros balconeados ya no le movieron al asunto y lo vergonzoso fue que verdaderos aviadores siguieron cobrando porque ninguno fue acusado penalmente.
Casi cuatro años después el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, dijo que habían detectado la ingrata presencia de 214 aviadores en el Colegio de Bachilleres de Veracruz (COBAEV) que han estado sangrando al erario con 100 millones de pesos anuales.
El funcionario agregó que 150 de estos sujetos tenían compensaciones de 28 mil pesos mensuales; dos de 32 mil pesos; tres de 25 mil pesos; cuatro más recibían entre 20 y 24 mil pesos y 33 cobraban mensualmente entre 10 mil y 19 mil pesos de compensación.
De los 14 que faltan en esa lista de 200 no dijo nada; lo que sí dijo es que están en vías de suspender a otros 168 zánganos.
La denuncia le pegó a la diputada priista Erika Ayala, lideresa del sindicato de trabajadores del COBAEV que niega que sus agremiados sean aviadores, y retó a Zenyazen a que pruebe sus señalamientos. Éste contestó que va a proceder penalmente.
Y en este punto es bueno preguntar, ¿en serio habrá procesos penales?
Es más que sabido que en casi todas las dependencias públicas hay decenas o cientos de aviadores; pero también es del dominio público que nunca les hacen nada. Lo más que llega a suceder es que los quiten de la nómina, cuando deberían juzgarlos como delincuentes porque lo son.
Aunque parece para Ripley, hay casos de hombres y mujeres que se jubilaron después de 30 años de cobrar sin trabajar y siguen medrando en la ancianidad con derechos y prestaciones que deberían disfrutar los que llevaron el pan a su casa con el sudor de su frente.
Quien es aviador es un bandido que comete fraude corrupción y robo. Y tiene que ser llevado ante un juez que como primeras providencias debe ordenar que regrese lo que esquilmó por tantos años.
Si el gobierno de Cuitláhuac García le rasca un poquito a dependencias como la Secretaría de Salud o a la Secretaría de Finanzas, se espantará de la cantidad de sujetos que sólo van a firmar cada quince o treinta días y que llevan años haciéndolo.
Hacer una limpia de esos indeseables y llevarlos ante la justicia, no sólo ayudará a sanear las finanzas públicas, sino que sentará un saludable precedente.
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