Lo de ayer en Palacio de Gobierno fue verdaderamente kafkiano: un gobernador panista celebrando los 25 años de creación de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal priista, la misma que por más de tres décadas ha sido principal herramienta electoral de unos y otros.

Ahí estaban –igual que moros con cristianos- los miembros del gabinete estatal azulcrema y los delegados federales tricolores, muchos de ellos amigos de antaño. Sin embargo, el morbo de centró en las jóvenes titulares de la política de desarrollo social en el estado: Anilú Ingram –delegada de Sedesol en Veracruz- e Indira Rosales San Román, Secretaria de Desarrollo Social del gobierno yunista.

Ambas con la misma tarea y la misma aspiración: el Senado de la República. Y aunque el gobernador dijo que los programas sociales deben estar más allá de cualquier perspectiva electoral –cuentan sus cercanos que entrada la noche seguía destornillado de risa de sus ocurrencias-, en realidad nadie prestó atención al mensaje sino a lo que hacían y decían las dos posibles candidatas.

Pero pongámonos serios. En verdad ¿es sensato festejar los 25 años de una institución que ha perpetuado la pobreza y que ha servido al enriquecimiento de miles de funcionarios públicos y la operación electoral de decenas de comicios en este último cuarto de siglo?

Los programas “estrella” de los gobiernos federales de las últimas décadas para combatir la pobreza, operados precisamente por la Secretaría de Desarrollo Social, han cambiado de nombre en cuatro ocasiones desde 1988, pero lo que no ha cambiado son los niveles de esta problemática social que, desde entonces, afecta a más de la mitad de la población mexicana.

Las cifras oficiales muestran que los índices de pobreza patrimonial – insuficiencia para adquirir la canasta básica alimentaria, así como servicios de salud, educación, vestido y vivienda-, ha disminuido en menos de un punto porcentual en 22 años. En 1992, 53.1% de los mexicanos vivían en esta situación, mientras que en 2012 lo hacían 52.3%, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Desde 1988, los programas para combatir a la pobreza (Solidaridad, Progresa, Oportunidades y ahora Prospera) han sido más útiles para que quienes lo instauran estén en los reflectores, que precisamente para cumplir con su objetivo: abatir la pobreza y la miseria siguen afectando a una gran parte de la población en México.

El último gran proyecto social fue precisamente la Cruzada Nacional contra el Hambre y fracasó. Apenas en el segundo mes de su gobierno, Enrique Peña presentó la Cruzada Nacional Contra el Hambre en el municipio de Las Margaritas en Chiapas, comunidad que registraba los índices más altos de marginación. Por primera vez un Presidente había utilizado una palabra prohibida: el hambre.

Desde su creación, el programa tuvo como objetivo atender la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria en 7 millones de personas, ocasionada por la insuficiencia de ingresos económicos y la carencia de por lo menos tres de los derechos sociales, incluido el de la alimentación. La meta es que en 2018, al término de su administración, hubiera pobres pero ya no hubiera hambre.

La cosa no ha cambiado mucho en estos años. De acuerdo con los datos de evolución de carencias sociales presentados por el propio Coneval, uno de cada cinco mexicanos todavía sufre la falta de acceso a la alimentación, lo que en lenguaje llano quiere decir que padece hambre.

Las metas no se cumplieron pero el dinero sí se esfumó. De acuerdo con el análisis de la Cuenta Pública de 2015, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Cruzada Nacional Contra el Hambre no tuvo metas concretas para ese año ni reportó el avance en el cumplimiento del objetivo general: dejar el indicador “Porcentaje de la población en condición de pobreza extrema de alimentación” en 0 por ciento para 2018.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tampoco entregó información sobre los resultados de trabajo del Consejo de Expertos de la Cruzada Contra el Hambre, a pesar de que desde el inicio del programa se instaló y de que éste sería el encargado de elaborar propuestas y recomendaciones en la materia. No hubo pruebas de que dicho Consejo sesionara en 2015, por lo que se pone en duda la factibilidad de las medidas implementadas, indica el informe.

Al gobierno, de cualquier color, le gustan los pobres. Representan votos y recursos públicos. Tal vez por ello se echaron la puntada de celebrar lo que para millones de mexicanos ha sido una tragedia.

La del estribo…

  1. Este viernes, el presidente electo de Xalapa Hipólito Rodríguez andará de visita allá por la Sede del Poder Judicial de la Federación, para insistir –junto con un grupo de ciudadanos- en el juicio de amparo contra la prórroga de la operación del relleno sanitario. El amparo, dicho sea de paso, no se interpone contra un contrato que aún no existe –razón por la que se desechó en primera instancia-, sino en contra de los acuerdos tomados por el cabildo, el Congreso y quien ordenó su publicación. Y esos acuerdos, ni negarlos.
  2. Como aquí se dijo, la denuncia de la magistrada Concepción Flores Saviaga en contra del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Alvarez Peña, ya tuvo consecuencias. Ayer mismo, un grupo de pasquinerosos, escondidos tras un aparente portal de noticias que presume de 270 seguidores, pagó a Facebook para que corriera como publicidad una nota denostando a la denunciante. Ahora resulta que no está mal lo que hacen, sino que alguien lo haga público.