Tan serias son las cuatro denuncias penales contra Miguel Ángel Yunes Linares por el presunto daño patrimonial de más de 36 mil millones de pesos, desviados solo en el primer año de la administración, presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), que no ha resistido mantenerse en silencio… solo para decir que no dirá nada, que seguirá en lo suyo.
Este martes, el Auditor General del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, presentó las denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de fondos públicos federales. Incluye la querella por el Sistema de Videovigilancia por mil 100 millones de pesos que se pagaron a la empresa Coltelsat, SA de CV, sin que al momento (hay que decirlo) sirva para maldita la cosa.
Portilla Vásquez, quien está en el puesto desde el gobierno de Javier Duarte y busca reelegirse para estar también con Cuitláhuac García Jiménez, dijo que otras denuncias se dieron por la simulación de registro contable de más de 27 mil millones de pesos, y por la falta de 8 mil 800 millones en los fideicomisos públicos del Estado de Veracruz.
En sus declaraciones a la prensa, dijo que los culpables estarán ante el Ministerio Público porque las denuncias están sustentadas y documentadas; se refirió a las cuatro demandas presentadas, la primera por irregularidades en el Sistema de Videovigilancia por 1 mil 116 millones de pesos; y en la Cuenta Pública Consolidada de 2017 tres denuncias por los siguientes montos: 27 mil 455 millones 751 mil pesos, 18 mil 650 millones 565 mil pesos y 8 mil 869 millones 58 mil pesos.
Hace diez días concluyó la auditoria al sistema de videovigilancia, ordenada por el Congreso del Estado, con revisiones físicas en las regiones de Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos; el gobierno de Yunes había asegurado que se habían instalado las 6 mil 473 cámaras y que éstas operaban al cien por ciento. La auditoría arrojó otros datos: “El Sistema Estatal de Videovigilancia no cumple con los objetivos por los cuales fue contratado. Tampoco tienen la calidad del video que decía en el contrato, graban, pero no con calidad. Pueden detectar un vehículo pero no detecta las placas de circulación, ni el modelo”.
Las otras denuncias presentadas fueron por las afectaciones contables derivadas del ocultamiento de registro y soporte de 27 mil 455 millones de pesos operados en 2017 en la cuenta de activo del Gobierno de Veracruz; a que el gobierno de Yunes no provisionó ni registró el soporte documental que justifique la disminución de 18 mil 650 millones de pesos de esa cuenta y por observaciones derivadas de la Fiscalización en Materia de Deuda Pública y Disciplina Financiera de la Cuenta Pública de 2017.
De tal suerte que, “las afectaciones contables señaladas impactan directamente en la revelación de la información financiera de Cuenta Pública Consolidada 2017 del Poder Ejecutivo”.
A ese respecto, se detectó la reclasificación a cuentas del orden de los importes de fondos de reserva y fideicomisos por 8 mil 869 millones de pesos “por saldos presentados en la balanza de comprobación que no eran reales”.
Las benditas redes sociales
“No debemos arrumbar la escopeta del sufragio. Los datos de la jornada electoral no son alentadores para la democracia mexicana. 77% de abstención es demasiado. Y recuerda las cifras del antiguo régimen. Necesitamos no solo plazas llenas sino urnas llenas. La 4T las necesita”. Porfirio Muñoz Ledo @PMunozLedo
Yunes responde, sin responder
Tan cerca le llegaron las denuncias presentadas no ante su subalterno Jorge Winckler sino ante la Fiscalía General de la República, de hecho la primera que se presenta, que se vio obligado a emitir una declaración breve, en que sobresale la descalificación del Auditor General del Estado, por cierto quien estuvo en sus dos años de mandato.
La declaración es la siguiente:
“Desde el pasado 1 de Diciembre estoy fuera de Veracruz dedicado a trabajar, estudiar y hacer deporte. Me he mantenido al margen, y así continuaré; no serviré de “Caja China” para desviar la atención de los temas que lastiman a los veracruzanos, tampoco de escalón para que se reelija un auditor corrupto, protector de Duarte y de sus cómplices. Por ello no responderé señalamientos falsos y torpes; sería hacerles el juego. Continuaré en lo mío y seguiré en la lucha para lograr un cambio profundo en Veracruz y México”.
En realidad, ante quien tendrá que responder el exgobernador de Veracruz es ante la Fiscalía General de la República (FGR), cuyas investigaciones dirán si las denuncias presentadas son meros “señalamientos falsos o torpes” o hay materia para abrir un proceso judicial.
Constructora Mota Engil, en escándalo… de corrupción
El escándalo levantado por un video que tuvo una profusa dispersión en redes sociales, en que el exoficial mayor de la SEV, Edgar Spinoso Carrera, protagoniza un ríspido monólogo contra el supuesto representante legal de la empresa portuguesa Mota Engil, ambos rodeados de elementos policiacos que solo observan la escena, ha puesto en el centro de atención a este emporio europeo, responsable de la autopista Cardel-Poza Rica, acusado de corrupción, incumplimiento de contratos y baja calidad de sus trabajos en varias partes de América Latina.
Dada la magnitud de la empresa de ingeniería con sus portafolios, según un artículo del portal Corrupción al Día, de Colombia, Mota Engil “tiene una serie de problemas en la ejecución de sus proyectos tanto en Colombia como en otros países que obliga a una mirada crítica, analítica, sobre sus obras, en donde entrarían en consideraciones su cumplimiento y calidad”.
Desde el mismo título, “La constructora portuguesa Mota Engil, otra Odebrecht”, este portal atribuye a la empresa lusitana las mismas prácticas de corrupción que la brasileña, cuya persecución judicial ha hecho que varios mandatarios y funcionarios públicos de diversos países de América Latina dimitan y sean procesados y encarcelados. En México, apenas se ha abierto el proceso y ya ha logrado la detención de Alonso Ancira, dueño de AHMSA, y una orden de aprehensión contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Y es que no solo en Colombia la empresa ha prodigado dinero para obtener las más altas licitaciones públicas; en Perú, las revelaciones hechas por Jorge Barata, representante de Odebrecht, quien decidió colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, permitieron descubrir el entramado creado por varias empresas del ramo en un secreto Club de la Construcción. Según el diario peruano La República, en su edición del 11 de febrero de 2018, un patrón característico del Club de la Construcción era que las obras adjudicadas a sus miembros cuando ganaban las licitaciones, se intercambiaban para asegurar el control de los millonarios presupuestos.
Las empresas involucradas en esta investigación que desmanteló a la Cámara Peruana de la Construcción fueron el vicepresidente de Cosapi, Fernando Valdez Torero, a quien la Fiscalía Anticorrupción atribuye haber conseguido 8 obras públicas como parte del “Club de la Construcción”, en consorcio con las brasileña Construtora OAS, la portuguesa Mota Engil, las peruanas Obrainsa, Johesa e Casa Hidalgo y Alejandro Tello S.A., Aramsa y E. Reyna.
Las benditas redes sociales 2
“#MEXICO después de las elecciones del 2 de junio en México, la distribución de la población gobernada por partido político (por sus gobernadores) queda así: PRI 35%, MORENA sube a 29% (31% con PES) y PAN-PRD unidos 24%. En una jornada cambió el 2do. Lugar. @RoyCampos”. Consulta Mitofsky @Mitofsky_group
Mota Engil, favorecida por el gobierno de Peña Nieto
En México, el negocio de las empresas consentidas de Enrique Peña Nieto se vio favorecido con la entrega de contratos que produjeron un escándalo de corrupción entre el grupo Prodi con la portuguesa Mota Engil por más de 13 mil 600 millones de pesos con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT).
Mathieu Tourliere, en el blog El Plomero, señala que “el gobierno de Peña Nieto también abrió en grande la puerta de los mercados públicos mexicanos a las empresas de capital trasnacional, como las españolas OHL, Elecnor, Avanzia, Sacyr, Aldesa, Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles (CAF), Isolux, Sener o Infralux, así como la portuguesa Mota-Engil, la brasileña Odebrecht y la francesa Alstom, por citar las más destacadas. En conjunto ganaron contratos por más de 147 mil 322 millones de pesos” en los primeros cinco años del gobierno peñista.
En general, estas empresas extranjeras obtuvieron los contratos públicos en consorcio o asociación con empresas mexicanas. “Mota-Engil, por ejemplo, formó su filial mexicana con Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Prodi), dirigido por José Miguel Bejos (…) La empresa portuguesa ganó contratos por más de 19 mil millones de pesos durante el sexenio”.
Una de esas obras fue la de la autopista Cardel-Poza Rica que no ha sido concluida, pese a que fue contratada en 2014. Sobrecostos, retrasos, mala calidad y, a menudo, prácticas de corrupción mancharon los megaproyectos en el sexenio de Peña Nieto.
En un reportaje publicado por la revista Proceso en noviembre pasado, se hace un repaso de los megaproyectos concesionados mayormente a empresas extranjeras. “Lo mismo ocurrió con los contratos para la construcción de las autopistas Cardel-Poza Rica, en Veracruz y Tuxpan-Tampico, concesionadas a la portuguesa Mota-Engil y Grupo Prodi en la segunda mitad de 2014 por un monto total de 13 mil 824 millones de pesos, y que no se concluyeron por completo”.
Comentarios: belin.alvaro@nullgmail.com
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