Ante los graves hechos de violencia registrados la noche de este martes en Coatzacoalcos que había tenido como resultados, al momento de escribir estas líneas, la muerte de 27 personas, la hospitalización de más de 10 heridos y, lo más grave, la certidumbre de que ni la Fiscalía estatal ni la Fiscalía General de la República sirven para maldita la cosa a la hora de perseguir y encarcelar a los delincuentes, los veracruzanos debemos sentirnos absolutamente desprotegidos y expuestos a los designios de las bandas criminales que se disputan nuestro territorio.

Lo grotesco del crimen, ordenado aparentemente por una de las bandas criminales, uno de cuyos integrantes estuvo en dos ocasiones en manos de la delegación de la Fiscalía General de la República y en ambas ocasiones fue liberado sin ningún cargo que le llevara tras las rejas, es el número abultado de víctimas inocentes que murieron en el atentado, en que se atacó a los asistentes al centro nocturno El Caballo Blanco y luego se prendió fuego al local, que fue cerrado para evitar que se salvaran.

Aunque el par de pésimos funcionarios que ven el tema de seguridad hizo de nueva cuenta resbalar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y, para colmo, al mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, con la versión de que Ricardo Romero, alias “La Loca”, uno de los autores del ataque, había estado en manos de la Fiscalía General del Estado y había sido liberado sin ser remitido a un juez, cuando en realidad fue la Fiscalía General de la República la que cometió tales yerros, los cierto es que ni una ni la otra ayudan a castigar a quienes cometen los graves delitos que tienen hundido a Veracruz en su peor etapa de la historia.

Las dos fiscalías son ineficaces y están imposibilitadas para investigar y castigar los delitos: una, la Fiscalía estatal (FGE), a cargo de Jorge Winckler, por ser el ariete de Miguel Ángel Yunes Linares para destruir el gobierno de quien le arrebató el puesto a su hijo primogénito, y la otra, la federal (FGR), a cargo de un anciano como Alejandro Gertz Manero, encerrado en las investigaciones de corrupción en los gobiernos de la “Mafia del poder”, a quien le ha valido madre lo que ocurre en el resto del país, a grado tal que no ha cambiado la estructura corrupta que prevalece en las delegaciones.

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El crimen que la FGR pudo haber evitado

En dos ocasiones, la primera el 18 de julio y la otra en este mes de agosto, elementos de la Marina atraparon a “La Loca”, identificado como integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación, y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República; en ambas ocasiones, la FGR los puso en libertad sin cargo alguno. Si a ese hecho no se le considera contubernio con el crimen organizado, entonces puede ser que vivamos en una realidad alterna.

Por la detención de Ricardo Romero, (a) La Loca, del 18 de julio se abrió la Carpeta de Investigación FED/VER/0003461/2019 de la Unidad de Investigación y Litigación en Coatzacoalcos de la Delegación Estatal de la FGR. El presunto delincuente había sido detenido por posesión de 50 dosis de Cristal y 10 de cocaína,  y fue identificado como jefe operativo para el grupo delincuencial en Coatzacoalcos.

Romero fue detenido nuevamente el 7 de agosto pasado por elementos de la Policía Naval y nuevamente puesto a disposición de la Delegación Estatal Veracruz de la Fiscalía General de la República, que le inició la Carpeta de Investigación FED/VER/COATZ/0003721/2019 de la Unidad de Investigación y Litigación en Coatzacoalcos de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República.

Con ambos antecedentes de detención, ¿qué carajos hacía este criminal en plena libertad, operando el negocio de la venta de drogas y dando una sangrienta lección a todos los empresarios de giros negros en el sur de Veracruz para que no opongan resistencia a la compra-venta de drogas en el interior de sus negocios?

¿Qué sanción le corresponderá al ministerio público federal que no quiso hacer su trabajo y, derivado de su posible complicidad con las bandas criminales, hoy unas 30 familias están de luto, entre ellas las de tres marinos filipinos que estuvieron en el lugar y la hora equivocados?

Por lo pronto, la cifra de muertos iba creciendo conforme avanzaba el miércoles.

¿Se imagina una sociedad contralora de sus gobiernos?

Un día sí y otro también. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz sigue dando a conocer a la sociedad veracruzana las herramientas que ha creado para que los ciudadanos se conviertan en unos verdaderos contralores de la obra pública que realizan los gobiernos.

Un día con empresarios, otro día con presidentes municipales, uno más con universitarios, como fue el caso reciente en la Universidad de Xalapa. Ahí, un equipo del Orfis, especializado en capacitación, dio a conocer a la comunidad universitaria el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER).

¿Para qué serviría dar a conocer a los jóvenes universitarios esta herramienta? Para que sepan, como ciudadanos, que pueden consultar a detalle las obras que se realizan en cada uno de los 212 municipios veracruzanos. Los jóvenes universitarios son agentes de cambio, entes de transformación y la gran mayoría está convencida de que tiene que llevar conocimientos a sus comunidades de origen o a su entorno.

Ese, además, parece ser el interés del auditor Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, que las herramientas se conozcan, que el trabajo que los ha puesto a la vanguardia en innovación tecnológica, tenga una utilidad social. Por eso, durante toda su gestión, instruyó a que un grupo de capacitadores masificaran los conocimientos para que todos los veracruzanos –como en el caso del COMVER– sepan que puedan consultar en tiempo real cómo se está utilizando su dinero, el avance de las obras, el impacto que tendrá en cada comunidad, ya sean obras o inversiones en agua potable, drenaje, alumbrado público, educación, salud, caminos rurales, entre otras.

Así que bien por esta institución que sabe proyectar los conocimientos que posee a la gran comunidad veracruzana.

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Pepe Mancha y la hora de pagar las deudas

Quien se hacía pasar por propietario del PAN veracruzano, Miguel Ángel Yunes Linares, ya no está en la plenitud del pinche poder; tampoco hay manera de amarrar a los grupos blanquiazules en las diversas regiones de Veracruz bajo amenaza o promesa de beneficios políticos, ni existe la expectativa de mantener la gubernatura en poder del partido y la familia y, para colmo, no se ven ligas fuertes con el PAN nacional, como ocurría con Ricardo Anaya. Ninguna de esas ventajas puede contarlas a su favor el candidato a dirigente estatal del PAN José de Jesús Mancha Alarcón.

Eso sí, el grupo que quiere mantener el poder en el PAN a través de Pepe Mancha, encabezado por Yunes, lo que sí sabe es orquestar guerras sucias, como señalar al oponente, Joaquín Guzmán Avilés, Chapito, junto con todos los que lo apoyan, de encarnar una postura de entrega a Morena, mientras ellos representan la supuesta “dignidad” de una oposición absoluta contra quienes dominan el gobierno estatal y federal, además del Congreso. Pero ni eso.

Pepe Mancha está desinflado. Nadie parece creer que representa una posición de unidad de los panistas veracruzanos y, por el contrario, tanto él como su jefe Yunes son vistos con actitud de ruptura, de revancha y ánimo inquisitorial. La expulsión de dos diputados locales de la bancada panista fue el primer paso en falso en esa dirección, pero Joaquín Guzmán Avilés ha logrado mantener una creciente influencia entre los grupos tradicionales del PAN, y se le han unido diputados locales y miembros del de que fuera el gabinete de dos años de Yunes Linares, al que él también perteneció.

La contienda, por tanto, será sumamente difícil, complicada, y el que aparece con mayores posibilidades de triunfo es el compadre incómodo. Pero vamos a ver para cuánto le alcanza la maldad al choleño.

Ser periodista en México, un trabajo de alto riesgo

Causo mucho revuelo, críticas, posicionamientos y casi mítines de repudio la propuesta de un diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Óscar González Yáñez, de regular los medios de comunicación para evitar que se conviertan “en instrumento fundamental de la derecha” en 2021 y 2024, años en que se renovará la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República, respectivamente.

Muchos medios de comunicación y muchos analistas dieron por hecho que el diputado del PT, un partido que aspira a sostener una relación política con el partido gobernante en Corea del Norte, que domina a fierro candente el dictador Kim Jong-il, y que sueña con estar en todos los actos de Nicolás Maduro en Venezuela, representaba a la Cuarta Transformación, y atacaron al propio Andrés Manuel López Obrador de estar detrás de esta que ni a iniciativa legislativa llega, al menos ahora.

Nada que ver. Ante revuelo que causó la propuesta en los propios medios, el área de comunicación social del grupo parlamentario petista emitió un comunicado de prensa para aclarar que lo expuesto por el legislador “fue a título personal”. Es decir, ni siquiera representa la postura de la bancada petista.

Es cierto que López Obrador ha puesto como parte de su propuesta política el ataque persistente contra la prensa y los medios de comunicación, como lo ha hecho por cierto contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra las organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles e, incluso, contra los partidos políticos, en esa intención de desaparecer contrapesos, pero de ello a que busque plasmarlo constitucionalmente me parece difícil de pensarlo.

Sin embargo, el golpeteo de AMLO y sus seguidores contra la prensa, contra los medios y contra los periodistas ha abonado a incrementar la enorme vulnerabilidad y peligrosidad de la tarea periodística.

La más reciente encuesta en vivienda, realizada por Parametría en julio de este año, muestra que en general, la población considera que el ser periodista es un trabajo de alto riesgo; así lo menciona el 91% de los encuestados, por 8% que opina lo contrario. Datos que se han mantenido estables desde abril de 2013, oscilando entre 88% y 91%, pero destacando que en mayo de 2012, cuando se inició la serie, ese porcentaje era de 74%, 17 puntos menos que en julio de 2019, señala Parametría.

“Es de destacar que existan opiniones divididas sobre si el gobierno está realizando las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas, ya que mientras el 46% de los mexicanos considera que el gobierno sí está haciendo lo necesario, 48% piensa que aún se deben realizar más cosas para salvaguardar la integridad de los comunicadores. Al consultar este dato en el tiempo, es posible observar que esta percepción dividida sobre el trabajo del gobierno es nueva, en anteriores mediciones existía una diferencia entre las dos respuestas de alrededor de 20 puntos porcentuales, esto podría explicarse por el hecho de que la gente en parte también califica de acuerdo a la imagen que tenga del gobierno federal en turno.

“Un dato que resulta interesante tiene que ver con si los mexicanos creen que la situación de inseguridad en el país está obstruyendo el trabajo de los periodistas, ya que tres de cada cuatro encuestados así lo consideran, mientras que un 20% no piensa en la inseguridad como un factor. Sin embargo, es probable que este dato este subestimado si consideramos que las encuestas en vivienda se realizan en las localidades donde los encuestadores pueden entrar, pero en aquellas zonas del país donde nuestro personal no puede acceder, simplemente no es posible obtener la opinión de la gente que vive en lugares muy inseguros.”

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