Muy recientemente se han multiplicado los viajes turísticos emprendidos por políticos y funcionarios locales tanto dentro del país como al extranjero, algunos de los cuales se han pretendido cubrir con el señuelo de lograr beneficios para el estado o el municipio que gobiernan. Sin embargo, no todos los viajes financiados con recursos públicos han dado resultado alguno.

En febrero pasado, el alcalde panista de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, se fue con ocho amigotes a disfrutar del Super Bowl, celebrado en Atlanta, y lo lució su viaje de lujo en sus redes sociales con una foto donde se le ve feliz en el área VIP del estadio, mientras el municipio afrontaba graves problemas de todo tipo. Incluso llegó a argumentar que había ido a refrescar el hermanamiento de Veracruz con esa ciudad norteamericana.

El 17 de marzo, de nueva cuenta, el junior de Miguel Ángel Yunes Linares, se fue de puente a Nueva York, donde participó en el medio maratón, sin importarle que en su terruño adoptado las cosas estuvieran de cabeza. Por supuesto, dijo que no tenía que pedirle permiso a nadie y que había ido con dinero de sus abultadas cuentas bancarias.

Esas escapadas del panista, una vez con amigos y otra con la ‘amiga’, no aminoraron la batería de golpes mediáticos que periodistas afines y compañeros de partido le propinaron al secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, por haber realizado un viaje a Baja California Sur con funcionarios y empresarios, señalándolo de “ir a vacacionar” en lugar de atender la política interna del estado, tarea que le fue conferida desde el 1 de diciembre pasado.

La diferencia radica en los propósitos y en los dividendos. Pocos saben y entienden que, si algo caracteriza al titular de la Segob, es su visión para ver lo bueno de las políticas públicas que allá se están emprendiendo y que se traducen en beneficios para los habitantes de ese estado turístico.

Ejemplo de ello es el esfuerzo conjunto que están realizando los bajacalifornianos del sur en materia de seguridad pública. Allá, quienes acudieron al breve periplo, pudieron percatarse de lo que están realizando los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, a los que se les ha sumado de manera decidida el sector privado, para abatir los niveles de violencia que se había experimentado el año pasado y que hoy ha sido controlado.

Por ejemplo, el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial con sede en la ciudad turística de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, declaró en entrevista que el éxito en un tema tan sensible como lo es la seguridad ha radicado justamente en la suma de esfuerzos.

“Nosotros entendimos que todos teníamos algo que hacer por nuestro estado, que a todos nos competía hacer algo; así lo asumió el sector empresarial y lo refrendamos al aportar más de 24 millones de pesos en hospedaje y alimentación para la gendarmería, cuando ha sido necesaria su presencia”, comentó a un medio local de esa entidad.

Pero además, informó que destinarán un total de 194 millones de pesos para la construcción de un cuartel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), obra en la que llevan el 40 por cierto de la inversión, pues a decir de él, sería más lamentable para toda la sociedad si no se hacía lo que les correspondía a cada quien.

Con todo este contexto, no es de extrañarse que Eric Cisneros esté interesado en empaparse de toda la sinergia de colaboración que permea en Baja California, esa que mucha falta le hace a Veracruz, sobre todo cuando pareciera que algunos políticos prefieren participar en maratones en Nueva York y asistir al Super Bowl, en vez de buscar alianzas de este tipo, que permitan la construcción de la paz en nuestra entidad.

Las benditas redes sociales

“México, donde el presidente, el mismo día:

-Pide a España disculpa por abusos de hace 500 años.

-Pide a los mexicanos respeto al gobierno de Estados Unidos ante la aprobación de presupuesto de 1,000 millones de dólares para construcción de un muro en la frontera, hoy”

Peniley Ramírez @penileyramirez

Empieza a brotar la mancha de la corrupción durante el yunismo

Aunque ya se han publicitado varios actos de corrupción y se han señalado otros por parte de la prensa, parece que los datos brutos de estos movimiento mediante los cuales se desviaron recursos públicos durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares empezarán a acumularse una vez que empiezan a concluir los trabajos de entrega-recepción y los aportes del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

Por ejemplo, este lunes, el secretario de Educación (SEV), Zenyazen Escobar García, anunció que presentarían denuncias por las irregularidades durante la pasada administración por el uso de recursos federales destinados a atender daños en escuelas; se trata de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) destinados a por lo menos 50 escuelas dañadas en 2017 y que no fueron aplicados.

Por su parte, la directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) presentó 37 denuncias penales por la retención irregular de las aportaciones mensuales de los trabajadores, así como por el desvío de fondos de la reserva técnica, en los que se señala a secretarios de Finanzas y Planeación, desde Salvador Sánchez Estrada hasta quien ocupó ese cargo con Miguel Ángel Yunes Linares, Clementina Guerrero, actual Tesorera del ayuntamiento morenista de Xalapa, por haber dispuesto de la reserva técnica del IPE por un monto de 7 mil 887 millones de pesos sin que a la fecha lo devolvieran.

A ello habrá que agregar lo declarado por el titular de la Sedesol estatal, Guillermo Fernández Sánchez, quien dijo que durante la gestión de la actual senadora panista Indira Rosales San Román en esa dependencia, se rentaron cientos de vehículos sin control del gasto. Esto, dijo, es parte de las irregularidades encontradas en el proceso de entrega-recepción que generarán otras denuncias que se interpondrán contra funcionarios de la pasada administración.

El funcionario agregó que en las revisiones que se han hecho no está documentado el uso del dinero para la renta de los vehículos. “Fueron cientos de vehículos y es parte de la administración de la actual senadora Indira Rosales San Román”.

Las cosas se pondrán candentes cuando vuelva a analizarse en el Congreso local la cuenta pública 2017, que fue lavada por los diputados panistas que controlaban la Comisión de Vigilancia en la Legislatura pasada. Pero será mucho más rudo cuando llegue a manos de los actuales diputados el análisis de la cuenta pública de 2018, último año de Yunes, en que se destinaron pingües recursos públicos a las campañas, tanto de senadores, diputados federales y diputados locales, como sobre todo la de Gobernador del Estado, donde participó Miguel Ángel Yunes Márquez… y perdió.

Las benditas redes sociales

“López Obrador es el digno Presidente de México.

Tiene mucha razón en exigirle al Rey que pida perdón por los abusos en la “Conquista”.

Si Gobierna Podemos habrá un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas”

Ione Belarra @ionebelarra

Feminicidios, la maldición que no mengua

Cuatro de los 30 municipios del país que más feminicidios registran en lo que va de 2019 se encuentran en Veracruz, según el reporte del Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De hecho, en enero y febrero se registran 22 casos, lo que le otorga a la entidad el nada honroso primer lugar nacional.

Los municipios veracruzanos que se encuentran en el podio nacional son Xalapa, Coatzacoalcos, Veracruz y Papantla, los tres primeros incluidos en la declaración de alerta de género declarada el 23 de noviembre de 2016, sin que se hubieran implantado las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física de las mujeres. Papantla no había sido incluido en esa lista de 11 municipios.

Entre los primeros 100 municipios con presuntos delitos de feminicidio se encuentran Xalapa con 3 (en el lugar 8), Coatzacoalcos con 2 (lugar 22), Papantla con 2 (lugar 23), Veracruz con 2 (lugar 24). Además, se encuentran con uno cada uno, Córdoba (lugar 97), Cosoleacaque (98), Ixhuacán de los Reyes (99) e Ixtaczoquitlán (100).

No solo se ha hecho casi nada para prevenir el homicidio doloso contra mujeres por razones de género, sino que se ha hecho menos para perseguir y castigar a los feminicidas.

La directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana (CEGUV), Estela Casados González, dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe explicar a los ciudadanos por qué no ha sido judicializado ni el 50 por ciento de las 219 Carpetas de Investigación sobre feminicidios.

En tanto que la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Yolanda Olivares Pérez, informó que sólo 56 de un total de 219 Carpetas de Investigación se les dio seguimiento.

Casados González dijo ignorar los motivos por los que la FGE no ha dado seguimiento, y expuso que si se observan las cifras del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo que se verá es un número menor de las Carpetas Iniciadas y de las Judicializadas que se reporta oficialmente. Las Carpetas Judicializadas no corresponden en tiempo a aquellas que se iniciaron en el mismo año, sino que se arrastran de años anteriores.

Polvo de gis

AMLO, preocupado por la inseguridad en Veracruz… Por lo visto, los niveles de violencia criminal en Veracruz ya forman parte de la agenda nacional y, aunque en un principio no había sido contemplado dentro de las zonas prioritarias para fortalecer la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere tomarlo en sus manos. En su mañanera conferencia de prensa, López Obrador dijo que Veracruz también será sede de las reuniones del gabinete de seguridad, y adelantó que cada 15 días, dichas reuniones se celebrarán fuera de la Ciudad de México, para reforar la seguridad y fortalecer la coordinación entre todos cuerpos de seguridad, tanto federales como estatales. La primera ciudad elegida ha sido Tijuana, y las siguientes serán Guadalajara, Veracruz y Nuevo Laredo. A dichas reuniones, que son privadas, acuden los titulares de la SSPC, Alfonso Durazo; Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y los mandos militares y navales, además del Gobernador y los responsables de seguridad pública local. En esas reuniones se revisan los índices delictivos, además del plan contra el huachicolero, y se plantean estrategias de seguridad a seguir. Ojalá que ello vaya respondiendo al clamor ciudadano de contar con mayores niveles de seguridad  Dante Delgado quiere cobrar sus vacaciones en Pacho Viejo… No se sabe si porque las prerrogativas de Movimiento Ciudadano ya no son tan jugosas o, aun siéndolas,  ya no tan fácilmente le dejan disponer libremente de ellas. Lo cierto es que el exgobernador Dante Delgado Rannauro, antiguo dueño del partido naranja (hoy parece haber sido desbordado por las nuevas corrientes ganadoras, provenientes principalmente del occidente del país), está buscando convertir en numerario los meses que pasó hospedado en el Penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec. Según un trascendido del diario Milenio, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Dante Delgado, ganó un juicio por daño moral interpuesto en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando se le encarceló por presuntos desvíos en obras realizadas en Veracruz, y ahora pide que se le resarza con 15 mil días de salario. Y señala algo preocupante: “Esperemos que se refiera al salario mínimo, porque si se trata de su sueldo como senador, el gobierno federal deberá desembolsar una fortuna, ya que ganan en promedio 3 mil 500 pesos diarios”. Si hacemos cuentas, sería una suma superior a los 52 millones de pesos. El miércoles 18 de diciembre de 1996, Dante fue detenido y encarcelado en el penal de Pacho Viejo; originalmente, la procuraduría local (por órdenes del entonces secretario de Gobierno Miguel Ángel Yunes) lo acusaba de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes legales, peculado y enriquecimiento ilícito, delito este último que prosperó, pues la PGJ presentó pruebas por desvíos de recursos que alcanzaban los 55 millones de pesos. Permaneció encerrado hasta el sábado 4 de abril de 1998, es decir, 441 días. Si la base fuera su dieta senatorial, el alvaradeño-cordobés estaría tasando cada día que pasó en calidad de reo en cerca de 120 mil pesos. ¡Vaya negocio!

Comentarios: belin.alvaro@nullgmail.com

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