Apenas el miércoles 12, mientras la ciudad se inundaba de variopintas peregrinaciones guadalupanas, la rectora Sara Ladrón de Guevara acudió al recinto de la Legislatura del Estado para reunirse con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Javier Gómez Cazarín.

El breve comunicado que salió a medios ocultaba en lugar de informar el contenido de la reunión; según el texto, el diputado de Morena “habló sobre la importancia de trabajar en coordinación con la máxima casa de estudios (…) y aseguró que se deben redoblar esfuerzos para que los estudiantes concluyan con éxito sus estudios”, mientras que la rectora “agradeció las atenciones de Gómez Cazarín, con quien mantendrá comunicación para dar seguimiento a los temas legislativos que competen a la Universidad Veracruzana”.

Este jueves, sin embargo, a pesar de un segundo exhorto al Congreso local por parte de la rectora Sara Ladrón de Guevara para que se retirara de la orden del día una iniciativa para reformar el marco normativo de la UV, bajo el argumento de que ello violentaría la autonomía universitaria, el diputado panista Rodrigo García Escalante (quien, por cierto, continuamente falta a las sesiones legislativas) subió a la tribuna a presentar una iniciativa para modificar diversos ordenamientos, entre ellos la Ley Orgánica de la UV y la Ley de Autonomía, y a lanzar una severa diatriba en contra de la rectora Sara Ladrón de Guevara, a quien acusó de estar mal asesorada.

“Ya basta de que una sola voz quiera hablar por todos” en la UV, dijo el diputado blanquiazul, al referirse al proceso que vive la casa de estudios para reformar su propia Ley Orgánica y, aunque consideró que la reforma que había dotado de capacidad a la UV para presentar iniciativas en el Congreso local, expuso que su iniciativa tenía como propósito establecer las reglas a las que debe sujetarse la UV para iniciar un proceso de elaboración de proyectos de iniciativa relacionados con su autonomía, organización y funcionamiento.

García Escalante se notaba molesto. En la anterior sesión ordinaria no se presentó la iniciativa por el exhorto de la rectora a no considerarla en la orden del día sino porque él no acudió por supuestos problemas de salud. Sin embargo, tildó a la rectora Sara Ladrón de Guevara de miedosa, de buscar entrometerse en los asuntos del Congreso local, de estar mal informada y confundida sobre su iniciativa, y aunque reconoció el derecho de solicitar que se retire de la orden del día su iniciativa, le recordó que quien legisla en Veracruz es el Poder Legislativo y no la rectora de la UV.

García Escalante se refirió al proceso de consulta para hacer cambios en la Ley Orgánica universitaria por iniciativa de la Rectoría, y criticó el hecho de que según su apreciación no se tomaran en cuenta las diversas voces de la comunidad universitaria.

En la presentación de su iniciativa, el diputado panista afirmó que la casa de estudios inició un proceso de elaboración de un anteproyecto de reforma de Ley Orgánica, antes de la publicación en la Gaceta Oficial de la reforma constitucional que le otorga esa atribución y antes que la Legislatura le otorgue al Consejo Universitario General las atribuciones para conocer de la materia.

¿La iniciativa presentada con encono por el diputado panista significará un pretendido ajuste de cuentas del yunismo con la rectora de la UV? Ya veremos si el dictamen de comisiones mantiene en pie la propuesta o la modifica, y si al ser presentada al pleno este lo aprueba o la regresa a comisiones.

Tres diputadas locales marcan rumbo en Veracruz

Tres diputadas locales brillaron este jueves durante la sesión ordinaria del Congreso local, con iniciativas de alto impacto, relacionadas con la mujer, la infancia y la familia, presentadas con tal contundencia que generaron la inmediata solidaridad de los demás legisladores, quienes pidieron sumarse a las propuestas.

Diputada Montserrat Ortega Ruiz.

Las iniciativas presentadas por la panista Montserrat Ortega Ruiz, la perredista Brianda Kristel Hernández Topete y la priista Érika Ayala Ríos tienen que ver con adopciones anticipadas, la normatividad para protocolizar en planteles educativos la atención para evitar el maltrato infantil, y la obligatoriedad por ley de la actualización de las pensiones alimenticias.

Me llama la atención la diputada panista. Decir que es la esposa del aspirante a seguir dirigiendo el PAN estatal, Pepe Mancha, a quien se le acusa de beneficiarse con contratos de obra otorgados por el extitular de la SIOP, Julen Rementería, hoy senador, y de lograr contratos de la anterior Legislatura para dos medios informativos digitales, no la describe mucho, aun cuando se le menciona como participante en algunas empresas familiares.

En anterior colaboración reconocí su inteligencia y valor al subir a tribuna para manifestarse en favor de la reforma constitucional que ya dota al Congreso local de la facultad de revocar el nombramiento del Fiscal General, lo que abordó con argumentos sólidos.

Este jueves logró la adhesión de su bancada, de del PAN, además de la del PRI-PVEM y de varios diputados y diputadas de las demás fracciones parlamentarias, a su propuesta de reformar el artículo 5 de la Ley Estatal de Adopciones. En Veracruz, dijo, cada año se registran en torno a 26 mil embarazos adolescentes, 2 mil de los cuales son de menores de 14 años, y paralelamente, crece el número de niños abandonados. Por ello propuso que las mujeres embarazadas en condiciones de vulnerabilidad tengan posibilidades legales de otorgar en adopción anticipadamente.

La diputada Brianda Kristel Hernández Topete, coordinadora de la fracción PRD-MC, presentó por su parte una iniciativa de decreto para reformar el artículo 18 de la Ley de Educación, en el párrafo segundo de la fracción VI, que dote a los maestros de educación básica de Veracruz con los instrumentos y protocolos que les permita detectar y combatir el maltrato infantil.

Por su parte, la diputada priista Érika Ayala Ríos presentó una iniciativa de decreto que reforma el artículo 242 del Código Civil local para permitir no solo que se obligue al pago de pensiones alimentarias, que en Veracruz cada año genera la presentación de más de 800 denuncias por incumplimiento del deber de dar alimentos, sino además que cada año se actualicen los montos de dichas pensiones (sobre todo en los casos en que no se establecen porcentajes sobre los ingresos de los deudores alimentarios) con base en el índice inflacionario.

Diputada Érika Ayala Ríos.

Como en el caso de la iniciativa de Montserrat, también las de Kristel y Érika lograron la adhesión de bancadas y de diputados, una armonía que se sintió incluso cuando se aprobó el exhorto al titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para que realice una revisión exhaustiva de los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras que integran el sistema estatal de videovigilancia anunciado por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares en octubre de 2017, que contó con el voto de la bancada del PAN en voz de su coordinador Sergio Hernández, si bien lo condicionó al aire para que en el futuro también Morena acepte propuestas de transparencia a actos del gobierno de Cuitláhuac García.

Las tres diputadas de tan disímbolos orígenes partidistas contrastaron profundamente, gracias a propuestas e iniciativas que buscan el bien común, con el protagonismo unipersonal de la diputada panista Marijose Gamboa, cuyos únicos temas en tribuna y en masivas entrevistas de banqueta han sido… ella y su abogado durante el juicio que se le siguiera tras el homicidio imprudencial de un joven en Boca del Río, Jorge Winckler. Su más reciente capítulo en la única historia que le interesa, la suya, es que promoverá juicio político contra el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, por una serie de supuestas amenazas que solo pueden materializarse en su cabeza.

La fracción del PRI se mantiene gracias al PVEM

El diputado Juan Carlos Molina está decidido a presentarse a las internas del PRI estatal, de donde han tratado de bajarlo desde la dirigencia nacional. Para marcar su oposición a un hipotético manazo en la mesa que le hubieran dado desde la Ciudad de México, el miércoles presentó su renuncia a la bancada priista, que no al PRI, lo que prácticamente la había desaparecido.

Un día después, este jueves, la diputada plurinominal del PVEM, Andrea Guadalupe Yunes Yunes, hija del desesperado excandidato priista a Gobernador y actual diputado federal (también plurinominal) Héctor Yunes Landa, decidió dejar su carácter de diputada independiente, para unirse a la bancada mixta PRI-PVEM, y con ello mantener la bancada que coordina Érika Ayala Ruiz.

Cosas de partido, este mismo jueves acudió al Congreso el todavía dirigente estatal del PRI, Américo Zúñiga Martínez, a dialogar con el compayito, acaso para despresurizar el ambiente de confrontación del diputado, quien quiere sustituir a Américo en la Presidencia del CDE del PRI, aunque algunos lo han señalado como posible Caballo de Troya de Miguel Ángel Yunes Linares que, con él, buscaría jalar para sus ambiciones políticas a un partido inmerso en profundas cavilaciones y acentuadas divisiones internas.

Por lo pronto, Érika Ayala, quien por cierto fue suplente de Héctor Yunes en el Senado, y estuvo en esa curul hasta que el choleño perdió la elección de 2016 y regresó como de rayo a seguir cobrando sus jugosas dietas, seguirá coordinando a una fracción, con la hija de Héctor y con el prohombre de Héctor, Jorge Moreno Salinas, quien actúa como secretario de la Mesa Directiva.

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