A 35 meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, familiares y sus representantes legales advierten que “hay un retardo injustificado para dar con el paradero de los 43, por lo que amerita verificar si el Estado mexicano está incurriendo en responsabilidades ante su obligación “ineludible”, de dar con el paradero de los estudiantes y salvaguardar su vida.

Frente al Antimonumento a los 43 en Reforma y Bucareli, tras cambio de planes de los estudiantes, familiares y defensores humanitarios que decidieron partir hacia el cruce carretero entre Cuernavaca y la Ciudad de México para levantar plumas y dejar el paso libre en la casetas antes de su marcha de las 16:00 horas de la Procuraduría General de la República al Hemiciclo a Juárez, el abogado Vidulfo Rosales dijo a los micrófonos de MVS Noticias que “se está incumpliendo” la medida cautelar ordenada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que obliga a México a encontrar a los estudiantes.

“Lo que se ve es que vamos a llevar ya el caso en términos formales ante los tribunales internacionales, eso lo que vemos, tendríamos que llevar a las autoridades mexicanas ante los tribunales internacionales; no podemos esperar las elecciones y a ver quién sale nombrado como presidente y tener expectativas de ahí”, aclaró el abogado Rosales. Por ahora “solo se explora”, interponer un procedimiento contra el gobierno de carácter internacional; “después del 26 de septiembre, con todo lo que ocurra en estos días, haremos ese balance y valoración”, detalló.

“Estamos a un mes de que se cumplan tres años de los hechos abominables de Iguala; el Mecanismo Especial de Seguimiento llegará a México el 28 de agosto y directamente se trasladarán a Ayotzinapa para que padres y estudiantes hablen con la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora país para México, además de coordinadora desde marzo pasado del Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa.

El 29 de agosto es la reunión con PGR, veremos qué resultados nos presentan y el 30 de agosto el Mecanismo de la CIDH rendirá un informe de sus actividades en México; “no sabemos si la presentación será pública o privada”, detalló Rosales.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Guerrerense, Tlachinollan subrayó que el Mecanismo de la CIDH termina su mandato en noviembre.

“Estamos en una coyuntura que nos coloca en una situación sumamente complicada; prácticamente nos quedan unos dos meses en los que las autoridades mexicanas puedan avanzar, de ahí en adelante la agenda electoral ocupará los primeros planos y se perderán los temas de justicia y verdad”, estimó Rosales.

“Acabado el mandato del Mecanismo de la CIDH tendremos que realizar un análisis jurídico y un balance de cuál sería la ruta”; si el gobierno federal entrega resultados sobre las 4 líneas de investigación propuestas por el Grupo Interamericano de Expertos Independientes (GIEI) sobre la participación de los militares del 27 batallón de Iguala quienes estuvieron presentes en casi todas las horas en las que se desarrollaron los hechos, y la detención de elementos de la Policía Federal y municipal de Huitzuco, ante evidencias de que ellos se llevaron al menos a un grupo de 25 normalistas.

Asimismo el GIEI ha demandado la investigación de la telefonía celular de los aparatos tanto de los detenidos como de los estudiantes desaparecidos, pues hay evidencias de que algunas de las líneas siguieron funcionando después de los hechos. Además, se pide indagar el factor del trasiego de droga de la ciudad de Iguala, Guerrero a Chicago, en Estados Unidos.

“Si hay avances en estos 4 puntos sería una buena señal, pero nosotros hoy solo tenemos malas señales”, lamentó Rosales al comentar que tan solo para el pasado mes de junio -de acuerdo a su cronograma-, “el gobierno federal ya tendría que haber consignados los policías de Huitzuco y a los policías federales pero eso no lo hace, si hay retrasos ahí, menos esta listo lo comprometido para julio y agosto”.

Este mediodía en varios estados de la República se levantarán plumas carreteras en protesta por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y por el encarecimiento de la vida, en especial los combustibles, “en una expresión de nuestra inconformidad por lo que pasa en el país”.

En las jornadas de septiembre 2017 se elevará la lucha de los padres de los 43 normalistas desaparecidos y del 20 al 26 habrá más actos de protesta en las calles; el 26 de septiembre del 2017 se hará la marcha nacional de todos los años.

Con información de MVS Noticias