Los actos de corrupción de funcionarios públicos de Veracruz, en lugar de ser materia de una denuncia penal y un proceso judicial orientado a la recuperación de lo defraudado y el castigo que establece la ley, se incorporan al nebuloso terreno de la anécdota política, el rumor, la especulación, la trama sobre el castigo a posibles traiciones políticas, la idea generalizada de que se trata de ofrendar al tlatoani federal una que otra cabeza para contener su furia.

 

Mientras en el ámbito del análisis serio se sopesan los efectos de las observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación a la cuenta pública de 2012, en torno a los recursos federales enviados al Gobierno del Estado y los municipios, y se esperan respuestas verosímiles que pudieran explicar y desactivar las sospechas, lo  que calienta el caldero mediático son meros actos de sacrificio y deshonra de dos funcionarios, sin que haya evidencia de que serán llevados a tribunales.

 

Si Edgar Spinoso Carrera, exoficial Mayor de la SEV, y Gabriel Deantes, subsecretario de Sefiplan (ayer mismo sustituidos por Vicente Benítez González y Sergio Armando de la Llave Migoni, respectivamente), fallaron a la confianza que les depositó el gobernador Javier Duarte de Ochoa, la opinión pública demanda saber si esa falla afectó o no las finanzas estatales de una entidad que no ha tenido dinero para hacer obra pública trascendente.

 

Mientras en Cosoleacaque, el presidente Enrique Peña Nieto cumplía con el sometimiento del senador Carlos Romero Deschamps, quien por primera vez daba su respaldo total y el del sindicato petrolero a la reforma energética, ese mismo martes 18 de marzo, en Xalapa, y en todos los círculos políticos de la entidad, la salida de los dos funcionarios –antaño considerados los más cercanos al Gobernador– levantaba una fuerte polvareda.

 

Las expresiones iban desde aquellos que señalaban que por fin se acabarían los actos deshonestos de las jóvenes promesas de la política veracruzana, hasta quienes consideraban que era un acto de total injusticia. Prácticamente nadie fue indiferente a esa señal lanzada en exclusiva en el principal periódico xalapeño que daba a entender no solo que los señalados habían fallado a la confianza de su jefe sino que podrían haber sido culpables de defraudar las arcas públicas.

 

El propio Duarte, al tomar protesta de los nuevos funcionarios este miércoles, mandó el mensaje que pudiera explicar las razones de la salida de sus antiguos amigos, al señalar que en su administración solo hay espacio para servidores públicos que se conduzcan con eficiencia, lealtad, compromiso y ¡transparencia!

 

Ya veremos en los próximos días si solo se les castiga con el despido o se les exige reintegrar lo que supuestamente no manejaron con transparencia y, en el escenario más duro, se les denuncia penalmente por acciones que pudieron poner en riesgo las finanzas estatales o se les inhabilita para ocupar puestos de la administración pública.

 

Necesarios, mecanismos preventivos

 

La pregunta que todos nos hacemos es por qué hasta después de cometer reiteradamente los actos deshonestos se toman decisiones.

 

Ya sabemos la inutilidad de los órganos encargados de vigilar la correcta aplicación de los recursos del Estado (Orfis y Contraloría del Estado), pero estamos hablando en estos dos casos de funcionarios que estaban bajo la égida de dos diferentes secretarios del despacho (el de Finanzas y Planeación y el de Educación) que, por omisión o ineficacia, dejaron hacer, dejaron pasar.

 

El caso más crítico es el del secretario de Educación, Adolfo Mota Hernández, pues en los tres años de la administración tuvo a ambos en el puesto de Oficial Mayor y, sea por conveniencia o simple acomodo político, nunca se impuso como responsabilidad cuidar el buen manejo de los recursos estatales y federales confiados a su dependencia.

 

Fernando Charleston, titular de la Sefiplan, tiene como atenuante que lleva poco tiempo en el puesto y que, justo en su gestión, se lograron tener los elementos para que se diera de baja a ambos.

 

El problema es que, tanto en las auditorías llevadas a cabo por la Federación como por el órgano estatal, hay otras áreas y otros personajes con similares comportamientos. Tal es el caso, por mencionar uno, de quien hoy cuenta con el fuero que le da su cargo de diputado local, Raúl Zarrabal Ferat.

 

En efecto, el boqueño tiene sobre su cabeza observaciones hechas por el Orfis por cerca de 45 millones de pesos que no cuentan con respaldos administrativos suficientes sobre su utilización, tan solo en 2012, cuando fungió como titular de la Secretaría de Comunicaciones (Secom).

 

Gerardo Buganza Salmerón, actual secretario de Infraestructura y Obras Públicas (dependencia que sustituyó a la Secom), ha emprendido acciones de rescisión de 245 contratos con empresas constructoras por incumplimiento o anomalías en el ejercicio de los anticipos, que significan recursos cercanos a los 2 mil 500 millones de pesos. Y esos contratos fueron entregados y avalados por el ahora legislador. Además, hay varias denuncias que siguen su curso en la Procuraduría General de la República que pueden afectar a funcionarios y particulares involucrados en actos de corrupción.

 

Buganza Salmerón muestra con ello a sus colegas del gabinete cómo debe actuar un secretario a la hora de vigilar que los recursos destinados a las funciones de su dependencia sean adecuadamente invertidos a favor de los veracruzanos.

 

Y lo peor está por venir, es decir, cuando se analice la cuenta pública de 2013.