Gobernadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional  respaldaron este día la Ley de Seguridad Interior, mientras que académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Iberoamericana alertaron sobre posibles violaciones a los derechos humanos.

Senadores se reunieron este día con los mandatarios de Durango, José Rosas Aispuro; Guerrero, Héctor Astudillo; de Colima, José Ignacio Peralta; de Tlaxcala, Marco Mena; de Querétaro, Francisco Domínguez; de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, y de la Ciudad de México, Miguel Ángel mancera Espinosa.

El Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, aseguró que la Ley de Seguridad Interior “ha generado controversia, pero su servidor cree que es conveniente, con los arreglos que se puedan consensuar, salga adelante en beneficio de las mexicanas y los mexicanos”.

Marco Mena, mandatario de Tlaxcala, sostuvo que “es impostergable que se deba aprobar la ley” y aseguró que “a los estados nos pone en la vía de fortalecer a nuestras policías”.

A su vez, el Gobernador de Colima, Ignacio Peralta, apuntó que “ley no buscaría sustituir a las autoridades civiles y menos militarizar al país, sino establecer una adecuada coordinación entre los tres órdenes de Gobierno para enfrentar el reto de la seguridad interior”.

Y agrego que “por ningún motivo estaríamos de acuerdo con que se invadan las esferas de competencia de lo que nos corresponde a las autoridades locales e intermedias”.

“Nosotros no venimos a renunciar a nuestra responsabilidad constitucional y legal que tenemos en materia de seguridad pública pero habrá que reconocer que el país vive  problemas muy complejos que se han originado de años atrás y, hoy en día, la colaboración de las fuerzas armadas, en los temas no de seguridad necesariamente, sino en los temas de seguridad interior, que es algo que sobrepasa las responsabilidades de la seguridad publica, seguirá siendo de los tres órdenes de gobierno”, sostuvo el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, señaló que el proyecto contiene excesos “que incluso han solicitado las Fuerzas Armadas”.

ALERTAN ACADÉMICOS DE LA UNAM E IBERO

Directivos y docentes de la Universidad Iberoamericana (IBERO) se pronunciaron este día en contra de la Ley de Seguridad Interior– aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre–, a la cual calificaron de “ambigua” y “problemática”.

La casa de estudios urgió al Senado de la República atender, antes de aprobar la Ley, las obligaciones de interpretación que tienen en relación con el marco constitucional y convencional de derechos humanos.

Recordó que entre las obligaciones que tiene el Congreso de la Unión en el marco de la expedición de las leyes, se encuentra, necesariamente, realizar un análisis de compatibilidad que nos rige en materia de derechos humanos para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas de Derecho Constitucional en la materia.

“La aprobación de una legislación sobre la seguridad interior que reconoce la posibilidad de realización de tareas de seguridad ciudadana a cargo de las fuerzas armadas no puede, desde ninguna arista, superar los estándares elementales de constitucionalidad/convencionalidad”.

La IBERO señaló que el concepto de “Seguridad Interior” que se discute en el Congreso es ambiguo y problemático, y su empleo diluye la separación que debería existir entre las acciones relacionadas con la seguridad nacional– que se encomiendan a las fuerzas armadas– y las tareas de seguridad ciudadana–que se encomiendan a los cuerpos civiles de la policía–.

“La ley de seguridad interior constituye, desde su concepción, una clara expresión del intento de extender el alcance de las tareas de las fuerzas armadas a la realización de tareas de seguridad pública (ciudadana), a través de una interpretación del concepto de ‘Seguridad Interior’ que no es compatible con el marco constitucional/convencional”, reiteró.

Asimismo, citó a la Constitución Mexicana en su artículo 21, que establece que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil”.

“De este modo, la propuesta de Ley de Seguridad Interior vulnera en su concepción y diseño algunos de los principios constitucionales más elementales para la vida de una democracia constitucional. Uno de esos principios es el que se relaciona con la subordinación de las autoridades militares a las autoridades civiles, y que se marca la importancia de que la vida democrática y el ejercicio de las libertades se lleven a cabo en un contexto de normalidad constitucional y sin interferencias”.

Más allá del debate y problemáticas que suscita el concepto e interpretación que pretende darse a la seguridad interior, resultan particularmente preocupante las consecuencias que el diseño de una legislación con este enfoque ocasiona, resaltó la casa de estudios.

Así, explicó, cuando se analiza cuáles son las implicaciones que tiene la realización de tareas de seguridad pública o ciudadana a cargo de las fuerzas armadas, los incentivos para la generación de afectaciones sistemáticas a los derechos humanos están dadas, generando con ello una suerte de estado inconstitucional de cosas.

“La propuesta de Ley de Seguridad Interior no se encuentra orientada al fortalecimiento de las corporaciones civiles de policía y, por el contrario, constituye un importante aliciente para la ‘normalización constitucional’ de ese estado de cosas inconstitucional que se ha mantenido en México desde hace más de una década”, expresó.

Un grupo de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) coincidió en que la Ley de Seguridad Interior es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado mexicano, además de ser “contraria al desarrollo jurisprudencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

En un pronunciamiento, académicos y especialistas en derecho sobre la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Iniciativa de Ley de Seguridad Interior señalaron que esta vulneraría el equilibrio de poderes al otorgar excesivas facultades al Poder Ejecutivo sin establecer contrapesos del Poder Legislativo o Judicial.

Igual que la IBERO, refirieron que la Constitución Política no faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre seguridad interior ni a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo las tareas de seguridad que hoy realizan.

También coincidieron en que la definición de Seguridad Interior es vaga e imprecisa, por lo tanto podría permitir calificar un conjunto muy amplio de conductas como riesgosas a la misma. “La iniciativa incluye diversas definiciones (tales como uso legítimo de la fuerza) que posibilitan al Ejecutivo utilizar a las Fuerzas Armadas con propósitos ambiguos y en un marco amplio de discrecionalidad”.

Los especialistas de la UNAM resaltaron que la iniciativa contiene disposiciones, como la reserva de la información, cuya aplicación violaría garantías procesales, poniendo en riesgo el acceso a la justicia de las víctimas.

CARTA DE ORGANIZACIONES CIVILES

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo. 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.
Sen. Emilio Gamboa Patrón. 
Sen. Fernando Herrera Ávila. 
Sen. Manuel Bartlet Díaz.
Sen. Luis Sánchez Jiménez. 
Sen. Carlos Alberto Puente Salas. 
Sen. Miguel Romero Medina. 
Sen. Sonia Mendoza Díaz. 
Integrantes de la Junta de Coordinación Política. 

Sen. María Cristina Díaz Salazar.
Presidenta de la Comisión de Gobernación.  

Sen.  Angélica de la Peña Gómez. 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. 

Sen. Ernesto Gándara Camou. 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública. 

Sen. Fernando Torres Graciano. 
Presidente de la Comisión de Defensa. 

Sen. Ricardo Barroso Agramont. 
Presidente de la Comisión de Marina.

Sen. Benjamín Robles Montoya. 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.  

P r e s e n t e .- 

En seguimiento a la interpelación pública que hemos hecho por la preocupación que genera la posible aprobación de una Ley de Seguridad Interior, expresamos lo siguiente:

  1. Hasta el momento, las preocupaciones puntuales que el Dictamen genera no han sido atendidas ni contestadas técnicamente. Como lo señalaron sus respectivos representantes incluso ante el Senado, no se han observado las múltiples observaciones -agrupadas en 14 rubros- formuladas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ni los 10 puntos que propuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Subsisten preocupaciones específicas y concretas sobre aspectos tan relevantes como la convencionalidad del concepto de seguridad interior; la inexistencia de límites temporales precisos respecto de la vigencia de las declaratorias de afectación a la seguridad interior al preverse la posibilidad de que se soliciten prórrogas ad infinitum sin controles agravados de carácter progresivo (artículo 15); la ausencia de controles adicionales en materia de derechos humanos durante la vigencia de las declaratorias (artículos 7 y 12); y la ausencia de contrapesos legislativos ex post para evaluar los resultados de las declaratorias (artículo 33), por mencionar puntualmente algunos numerales en un esquema meramente enunciativo y no limitativo.
  1. Dada la trascendencia de la discusión que está teniendo lugar, reiteramos nuestro llamado a que no aprueben la Ley de Seguridad Interior pues existe un amplio consenso internacional, regional y nacional sobre los riesgos de las propuestas albergadas en la minuta. Así lo han advertido, cabe señalar, instancias de Estado, como la CNDH y el INAI; organismos intergubernamentales nacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Relatores sobre Libertad de Expresión tanto de la ONU como de la CIDH, el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tanto a través de su titular Zaid Ra´a Al Hussein como por medio de su representante en México; organismos empresariales, como la COPARMEX; instancias académicas; y organismos civiles de derechos humanos. Aunque el debate sobre el tema ha sido prolongado, en realidad la discusión sobre un Dictamen en concreto apenas lleva una semana, pues la opacidad de la Cámara de Diputados no permitió su conocimiento y revisión previa.
  1. Por la relevancia del tema que nos ocupa, es fundamental que el debate ocurra sin premura, que sea robusto e inclusivo; celebrar reuniones para dialogar sobre la Minuta, para terminar aprobando un Dictamen sin cambios esta semana, no implica realizar un debate serio. El viernes 8 de diciembre de este año, ante las fundadas críticas de la CNDH a la Minuta aprobada por su Colegisladora, el Titular del Ejecutivo y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas se pronunció a favor de ampliar el debate sobre la Ley de Seguridad Interior. En respuesta, ha sido pospuesta la sesión de Comisiones Unidas a la que se había convocado para, previsiblemente, aprobar un Dictamen. Sin embargo, considerando que aún es posible que esta semana intenten sesionar las respectivas Comisiones, pues se ha expresado la determinación de dirimir este asunto antes de que concluya el presente Período Ordinario de sesiones, reiteramos que el debate sobre este tema debe ser genuino y no precipitado. Consideramos que las respectivas discusiones deberían ser abiertas al público, con el máximo de transparencia, en formato de “Parlamento Abierto” y estimamos también que en ellas tendrían que oírse las diversas voces que se han pronunciado sobre el tema, incorporando el máximo de evidencia empírica posible, conforme a un cronograma claro y en cumplimiento cabal de lo que algunos legisladores han denominado “ruta crítica de discusión”. Es materialmente imposible que esto ocurra durante la última semana del Período de Sesiones. En consecuencia, si las referidas reuniones se realizan a puerta cerrada, con el Senado bajo resguardo y sin transmisión en el Canal del Congreso; y si al término de la semana las Comisiones Unidas aprueban con precipitación el deficiente dictamen, y éste se remite apresuradamente al Pleno; entonces se confirmaría que la apertura a revisar la Minuta no es tal; que este proceso legislativo no se guía por parámetros democráticos y ello, en última instancia, lesionará a las Fuerzas Armadas.

La Minuta que está bajo su análisis tiene profundos problemas de constitucionalidad, de convencionalidad y de ausencia de contrapesos y controles democráticos. Y lo que es más grave aún, no contribuye a transitar hacia el México seguro y en paz que anhelamos. Aún están a tiempo de no perpetuar el fallido modelo de seguridad que tenemos y que tanto dolor ha causado.

A t e n t a m e n t e,

Cauce Ciudadano, A.C.
Causa en Común, A.C.
Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan Larios, A.C.
Colectivo Germen Crew
Colectivo de Investigaciones Interdisciplinaris en Derechos Humanos y Género
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Enjambre Digital
Estudiantes por una política sensata de drogas, México A.C.
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.
FUNDEM
FUUNDEC
Greenpeace México
Idheas Litigio Estratégico en DH
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
Instituto de Justicia Procesal Penal
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C.
Junto por tu Durango es A.C.
Laboratorio de innovación para la Paz
Legalidad por México A.C.
México Unido Contra la Delincuencia
Parlamento Cultural del Estado de México
Participación responsable y democrática a favor de las mujeres
PARDEM OVIDIS AC
Poder Femenino
Proyecto 21
Red de Apoyo al CIG/Marichuy del Estado de Sonora
Red de Mujeres contra la Violencia de La Magdalena Contreras
RED VIRAL
Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)
Sustenta XXI
Unidas A.C.
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):
Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).;
Personas 

 

Adriana García Gómez
Adriana González Mateos
Adriana Portillo
Alberto Athié
Aldo Iván González Cuevas
Aldo Rodrigo Álvarez Álvarez
Alejandro Espriú
Alejandro Perla Macías
Alejandro Valenzuela Landeros
Alfredo Lecona
Ana Rocío Antúnez Soria
Ángel Eugenio Hinojosa Salas
Angie Ariadna Villa Villanueva
Aram Barra
Argelia Guerrero Rentería
Azomali A.C.
Benjamín Ruíz García
Catalina Pérez Correa
Carlos Cruz Santiago
Carlos González Martínez
Cinthia  Isabel Flores Ceron
Daniel Antunez Rutiaga
Daniel Antúnez Soria
Denise Dresser
Diana Paolina Orta Córdoba
Dulce Nataly Pineda Bustamante
Edgardo Prieto
Edith Estrada García
Eliana García
Emilia Fernanda Hernández García
Emma Rodríguez Romero
Emma Rosa Tenorio Bueno
Emmanuel Alejandro Hernández
Emmanuel Valdés
Enrique Provencio
Ernesto López Portillo
Eunice Rendón
Evelyn Valladolid Pérez
Fernanda Chazaro
Gabriela Morales
Gabriela Pérez Torres
Gerardo Espino Balderas
Hassid Rojas
Helga Jáuregui Ballesteros
Idalia Arvizú
Isabel García Pérez
Ixchel Cisneros
Jesús Robles Maloof
Jorge Javier Romero
José Alberto Patiño Basurto
José Luis Escamilla Díaz
Juan Carlos Arjona Estévez
Juan Carlos Islas Hernández
Juan Francisco Marín Hernández
Layda Negrete
Lisa Sánchez
Lizeth Rocío Fuentes Cervantes
Luis Fernando
Luz Abril Reza López
Maite Azuela
Marco Antonio Reyes Velázquez
María Astrid Carrillo Abrego
María Elena Morera
Maricela Moreno Rodíguez
Marieclaire Acosta
Maritza Islas Vargas
Martha Socorro Reyes Martínez
Mely Carreón
Miguel Concha Malo
Mirel García
Nayely García Sánchez
Noemí Guzmán Romero
Norma Angélica Ruiz Salas
Omar Cano Ramírez
Pablo Giralt
Paulina Elsa Zepeda García
Ramiro Antúnez Soria
Rodrigo Zamora Castillo
Rogelio Moreno Guinea
Rosa Elia Soria Ceniceros
Rosa María Cabrera Lotfe
Saldaña Bárcenas
Seidy Daniela
Vanessa Michelle Vázquez
Vania Sisaí Rodríguez
Vázquez Acevedo Jennifer
Xóchitl Daniela Mejía Pacheco
Xóchitl Libertad Mejía Valderrama