Con la presentación este miércoles al Congreso local de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, cuyo punto nodal es hacer coincidir en 2018 la elección presidencial con la de Gobernador del Estado y diputados locales y, por ende, una elección previa, en 2016, de gobernador y diputados locales para un periodo de solo dos años, las reacciones en contra no se hicieron esperar.

Y de qué manera.

Salvo el diputado panista Julen Rementería del Puerto, quien consideró como positiva la iniciativa que él mismo había adelantado (se dice que como favor pagado), la clase política veracruzana reaccionó como resorte, con extremada beligerancia, incluso entre personajes del propio PRI, al considerar el contenido de la propuesta como un claro mensaje de la fidelidad de trascender políticamente más allá de los 12 años que sumaría con los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte.

Aunque la argumentación oficial para justificar la propuesta es que con ello se busca ahorrar a los veracruzanos tanto agitación política como gastos electorales, lo cierto es que está muy lejos de lograrla.

Veamos: además de los comicios federales de 2015 para renovar la Cámara de Diputados, Veracruz viviría en 2016 comicios para renovar los poderes ejecutivo y legislativo locales de duración de dos años; en 2017, la elección de los 212 presidentes municipales, y en 2018, de nueva cuenta, comicios para elegir gobernador y diputados locales, además de Presidente de la República, senadores y diputados federales.

Y todo ello entraña un excesivo gasto público en elecciones, particularmente en las dos consecutivas para llegar a la gubernatura de seis años en 2018, en un momento en que no solo Veracruz está en recesión sino que ello mismo amenaza al país, con una virtual devaluación del peso y la drástica caída en los precios internacionales del petróleo.

Cuando el diputado panista Julen Rementería lanzó el borrego de una propuesta similar (que le valió ser sustituido en el liderazgo de su fracción en el Congreso local), y Cuauhtémoc Pola Estrada, de Movimiento Ciudadano, señaló su coincidencia y añadió el ingrediente de que ese gobernador de dos años fuera designado por el Congreso para evitar comicios, de varios frentes surgieron discordancias y abucheos.

Pero en esta ocasión, la cosa va en serio. Está fundada en una iniciativa formal enviada al Congreso por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, y fue defendida ayer mismo por uno de los posibles candidatos priistas para ese periodo sui generis, el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández.

Por ello, las reacciones de dos de los Yunes (Miguel Ángel, del PAN, y Héctor, del PRI) fueron inmediatas y duras, muy duras, sin que ningún dirigente priista haya salido en defensa de la propuesta.

¿Rebelión en la granja?

Que Miguel Ángel Yunes Linares, enemigo acérrimo de la fidelidad y quien se prepara para contender por segunda ocasión por la gubernatura, señale que “lo que Duarte busca es imponer a un Gobernador de dos años que lo encubra, que borre las huellas de sus ilícitos y retirarse tranquilo y con las bolsas llenas”, puede ser fuerte, aunque predecible.

Lo más preocupante para el gobernador Duarte e, incluso, para el presidente Enrique Peña Nieto, quien debió autorizar el contenido de la iniciativa, es la reacción entre los propios miembros del PRI.

El senador priista Héctor Yunes Landa, quien prácticamente coincidió con su primo blanquiazul, consideró que con la propuesta se busca convertir la Constitución política local en un traje a la medida, lo que consideró como un retroceso inadmisible y una aventura peligrosa: “La tentativa de asestar un golpe a la democracia para enmascarar la reelección de una facción implica anteponer la ambición al progreso de Veracruz”.

Al referirse a la iniciativa de reforma político-electoral enviada por el Ejecutivo estatal, Yunes Landa dijo que es preocupante y genera indignación pretender que la ley se ajuste al capricho, y añadió que una gubernatura de dos años afectará la economía –que ya roza el escenario recesivo–, la seguridad ciudadana y la gobernabilidad. Además, expresó que estará atento a la resolución del Congreso para evaluar su participación en la contienda electoral, independientemente de las modalidades que determinen las leyes.

Aunque ayer no había mandado una declaración al respecto, se espera que en breve el senador José Francisco Yunes Zorrilla (el otro aspirante a la candidatura del PRI) reaccione casi en los mismos términos en que se ha pronunciado en los últimos meses, en que ha declarado su oposición a la elección de un gobernador de dos años.

Por si las cosas no estuvieran al rojo vivo, se comenta que muchos diputados locales del tricolor estarían evaluando la posibilidad de brindar un voto negativo a la iniciativa gubernamental, amén del voto en contra ya anunciado por el diputado del Partido del Trabajo, Fidel Robles Guadarrama, y de al menos dos de los diez diputados panistas.

El tiempo también podría operar a favor o en contra de la propuesta. Si es aprobada en el presente periodo ordinario de sesiones de la Legislatura local, tendría que ser ratificada en un segundo periodo, que podría ser en junio próximo y, luego, ser sometida a la consideración de los ayuntamientos y ser ratificada por al menos 107.

Esto último, por supuesto, es pan comido para un gobierno que ha adquirido fama de actuar como avalancha política, con apoyo incluso de los partidos en apariencia opositores.

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