De acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Mujeres, cada día mueren siete mexicanas en nuestro país como consecuencia de actos violentos.

En el ámbito nacional, diez entidades registran el mayor número de casos: Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Oaxaca, Puebla y, sobre todo, Estado de México, donde ya fue decretada una alerta por violencia de género.

De acuerdo con cifras oficiales, Veracruz no se encuentra entre las entidades con más problemas de violencia de género; sin embargo, no faltan las voces que, con argumentos, han manifestado su preocupación en torno al tema

Activistas y organizaciones pro derechos humanos han expresado que la mayoría de los asesinatos contra mujeres no se investigan como feminicidios; un ejemplo es Guerrero, donde en dos años, 2012 y 2013, se cometieron 297 homicidios contra mujeres, pero sólo 29 casos fueron tipificados como tales.

Estado de México es otro caso grave porque se estima que casi 57 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de violencia.

Hace poco más de una semana, el 29 de julio, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que agrupa a 49 organizaciones de derechos humanos y de mujeres en 21 entidades de la República, habló de la necesidad de que el Estado reconozca el problema de la violencia sistemática contra mujeres, y aplique medidas en consecuencia.

El caso del Estado de México es el más reciente y también el que ha encendido los focos de alerta por la violencia de género, debido al elevado número de agresiones y feminicidios, pero no es la única entidad con esos problemas: Veracruz registró, entre 2012 y 2013, 175 asesinatos contra mujeres, pero menos de la mitad se investigaron como feminicidios.

Recientemente, medios nacionales manejaron reportes de las dependencias del sector salud en la entidad, que establecen de que en ese mismo periodo, más de 9 mil mujeres ingresaron a hospitales para ser atendidas por golpes y lesiones relacionados con violencia.

Datos extraoficiales hablan de más de mil mujeres que no sobrevivieron; esto es, seis veces más que las estadísticas oficiales, que sólo reconocen 175.

Mil o 175; al margen de números, cifras y estadísticas, son temas, feminicidio y agresión contra mujeres, que no deben quedar sin castigo ni medidas preventivas.

Obras por asociación público privada

Después del anuncio del gobernador Javier Duarte en el sentido de impulsar cuatro importantes obras de infraestructura, una de ellas con el 85 por ciento de avance como es el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Tomás Ruiz González, tendrá que trabajar a marchas forzadas en una intensa labor que parece difícil pero, en teoría, no será tan complicada para alguien que, dado su paso por diferentes dependencias e instituciones del gobierno federal y sus contactos con el mundo financiero, ha mostrado que puede apoyar al mandatario veracruzano en este tramo final.

Lo interesante es que con las obras enlistadas por Duarte de Ochoa, como el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, la autopista Minatitlán-Coatzacoalcos, el puente Chintón en Pánuco y el escénico de Alvarado-Boca del Río, el cierre de su gestión se desarrollará con la entrega de infraestructura de gran impacto.

De concretarse, esas obras podrían sentar las bases para una ruta para desarrollar más proyectos estratégicos, como los esquemas de asociación pública privada, las llamadas APP’s, que dan viabilidad financiera a obras de gran calado. Se trata de una figura jurídica que fue aprobada y elevada a Ley en enero de 2012.

Para el cierre de la administración

Un ejemplo de dicho esquema es la carretera Minatitlán-Coatzacoalcos, que tendrá una longitud de 13.5 kilómetros de rehabilitación con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno. Esa obra tendrá una duración de ocho meses e incluye 675 luminarias, estabilización y construcción de pavimento. Representa una inversión total, entre los trabajos y los costos administrativos, financieros y de supervisión, de poco más de 195 millones de pesos. El proyecto, contando conservación y mantenimiento durante diez años, asciende a 474 millones, que no serán financiados por el gobierno del estado, sino mediante el esquema de APPs.

En el caso del puente Chintón, esta obra comunicará a la ex hacienda conocida como La Quina con Chintón de las Flores, en el municipio de Pánuco, prácticamente en los límites territoriales de Veracruz con Tamaulipas. Son 325 metros de longitud. Los trabajos completos no sólo incluyen la estructura del puente, sino caminos e intersecciones, así como rampas de acceso, para un costo de 180 millones de pesos.

No importan las fronteras sexenales, parece ser el mensaje en el caso de algunas de estas obras que seguramente arrancarán en unos meses pero que serán concluidas por el próximo gobierno de Veracruz. En ese sentido, es evidente el impulso que a la administración estatal ha dado Tomás Ruiz González desde la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. @luisromero85