Llevamos 30 años tratando de crear un sistema de seguridad pública que funcione y apenas unos dos o tres años en la puesta en marcha de un nuevo sistema de justicia penal, y, entre esas dos experiencias de reforma legal e implementación de política pública, no se ha logrado un consenso nacional que permita hablar de una solución estructural, institucional y profesional a los crecientes niveles de violencia, delitos e impunidad en nuestro país.

En medio de esos dos debates hay tres variables que seguimos sin entender su relación o interconexión, pero de las cuales todos hablan como si una dependiera de la otra: número de policías, número de delitos (en particular los homicidios dolosos o intencionales) junto con la cifra negra, y el nivel de impunidad.

Aquí expondré los números estadísticos a nivel mundial y nacional, para compararlos con los de nuestro estado Veracruz. Al final de revisar esta relación me parece que sería erróneo concluir que necesariamente más policías significaría menos delitos, o que más policías equivale a bajar los índices de impunidad. El problema es mucho más complejo, estructural y profundo.

Por lo que respecta al número de policías, un análisis muy básico de una selección de países, nos demuestra que no necesariamente más policías equivale a menos delitos o menos impunidad. Por ejemplo, países de Europa del Norte como Finlandia, Noruega, Dinamarca tienen una tasa de 0.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras tienen números de policías por cada 100 mil habitantes mucho más bajos que la media mundial: Finlandia 130, Suecia 195, Noruega 210, Dinamarca 190. Por el contrario, países que tienen igual o más policías cuentan con mayores índices delictivos o de homicidios, como por ejemplo: Brasil cuenta con 220 policías por cada 100 mil habitantes, pero una tasa de 27 homicidios por cada 100 mil habitantes; Estados Unidos con 280 policías por cada 100 mil habitantes tiene una tasa de 9 homicidios por cada cien mil habitantes; o un caso extremo como el de Bahamas que tiene uno de los cuerpos policiacos proporcionalmente más grandes del mundo de 850 policías por cada 100 mil habitantes y un índice de homicidios de 37 por c/100 mil hab.

Otra conclusión podría ser también que no necesariamente un número muy alto de policías significa un menor índice de delitos u homicidios que se comenten.

A continuación les comparto una tabla que elaboré para ilustras más gráficamente estos números:

 

País o estado Número de policías por cada 100 mil habitantes

 

 Homicidios dolosos o intencionales por cada 100 mil habitantes
China 120 0.5
Rusia 520 6.2
Japón 200 0.4
India 150 3.4
Alemania 300 0.2
Mónaco 1,300 0
Noruega 210 0.1
Dinamarca 190 0.1
Finlandia 130 0.1
Suecia 195 0.2
Suiza 210 0.1
Holanda 380 0.1
Reino Unido 302 1.0
Francia 340 1.1
España 533 0.7
Grecia 500 1.1
Portugal 450 0.3
Estados Unidos 280 9
Canada 185 1.0
México 366 25
Colombia 310 28
Perú 330 7.2
Brasil 220 27
Argentina 560 5
Chile 260 4
Uruguay 520 8
Costa Rica 290 12
Honduras 300 42
Somalia 43 1.5
Sudáfrica 280 32
Guinea 77 23
Togo 55 11
Zimbague 351 15
Nueva Zelanda 1,100 0.3
Australia 202 0.9
Veracruz 196 20
Colima 83 113
Baja California Sur 31 91
Baja California 17 60
Guerrero 123 71
Chihuahua 55 59
Sinaloa 27 52

 

Analizando esta tabla es imposible sacar conclusiones sobre la relación entre estas dos variables. Más bien la respuesta estaría en otros factores que tienen que ver con las estructuras institucionales de procuración e impartición de justicia, así como factores sociales en relación a la manifestación de las violencias en cada contexto particular.

En relación al primer factor es evidente que los crecientes niveles de violencia o de comisión de delitos tiene en la impunidad la causa más directa y explicable.

De acuerdo al “Índice Global de Impunidad 2018”, México tiene un nivel de impunidad de 70% que tiene que ver con la relación entre carpetas de investigación y sentencias. En otra medición el índice se traduce en un 0.32%, en la relación entre porcentaje de sentencias condenatorias y el porcentaje del total de delitos. Ello se traduciría así: solamente el 0.32% de los delitos se resuelven en una sentencia condenatoria.

Estos números y porcentajes hacen que México sea el 1er lugar en índice de impunidad en América Latina y el 4° a nivel mundial.

Todo ello se agrave impresionantemente cuando pensamos que la cifra negra, es decir los delitos que no se denuncian, alcanza el 95% del total de delitos cometidos.

En el Índice de Impunidad México 2018, Veracruz tiene un nivel muy alto de impunidad y se coloca en el lugar 25 de los 31 estados.

Este panorama también se podría explicar porque a nivel nacional existen 3.5 agencias del ministerio público por cada 100 mil habitantes, con un personal de 31 personas por cada 100 mil habitantes, y 6 agentes del ministerio público por cada 100 mil habitantes. A nivel estatal estas cifras son: 3, 39 y 0.5.

El análisis y discusión sobre la Guardia Nacional o sobre las policías estatales y municipales debe estar centrado en un diagnóstico de las políticas públicas de seguridad en los últimos años y de las fallas de las policías ministeriales y fiscales para investigar y acusar a quienes cometen delitos.

Hicimos una reforma profunda al sistema de justicia penal, pero no hemos transitado verdaderamente a nuevas capacidades en los actores que intervienen en el mismo, sobre todo por lo que respecta a los ministerios públicos, los peritos y las policías investigadoras.

En cuanto a las policías es necesario contar con elementos bien capacitados, bien pagados, con seguros de vida y médicos, con prestaciones, y también con una planeación y organización que funcione. Independientemente de la Guardia Nacional y de la Estrategia nacional de seguridad pública para la construcción de la paz y la seguridad, cuyo principal objetivo es la protección de la sociedad, se necesitan policías estatales y municipales de primer nivel, entrenados, capacitados, y cuya actividad sea reconocida por la misma corporación y la sociedad.

Sin embargo, podemos tener esas policías ideales, pero mientras no sea efectivo y eficiente el trabajo de los fiscales, mientras los fiscales no tengan resultados que se traduzcan en buenas investigaciones, en vinculaciones a proceso, en audiencias exitosas y en sentencias condenatorias, el sistema seguirá colapsado, la delincuencia seguirá creciendo y las víctimas seguirán sin acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación.

Así las cosas, no importa el número de policías, importa pensar ya en un sistema de justicia que funcione. Mientras tanto toda la sociedad seguirá siendo víctima de un estado que no garantiza el derecho a la justicia. Por lo que toca a Veracruz, los veracruzanos somos víctimas de una Fiscalía que no funciona, que no tiene resultados, que no procura justicia.