El pasado 24 de junio la Comisión Nacional de Búsqueda informó que Veracruz concentra el 11% de los sitios de inhumación clandestina, colocándose en el tercer lugar nacional con 23 sitios, después de Sinaloa y Guerrero. En cuanto al número de fosas, Veracruz es el estado con el mayor número con 93 fosas, en donde se han encontrado 17 cuerpos.

No sé de dónde obtiene sus cifras la Comisión Nacional de Búsqueda, pero evidentemente no concuerdan con lo que en Veracruz se ha venido conociendo, ya que tan solo en Colinas de Santa Fe (Ciudad de Veracruz) y en Arbolillo (Alvarado) suman cientos de fosas y de cuerpos exhumados, sin añadir lo recientemente encontrado en La Guapota en Úrsulo Galván y sin contar los demás sitios, fosas y cuerpos de la región de Córdoba-Orizaba, los de la región sur o los del norte del estado.

Hemos documentado aquí en esta columna la crisis humanitaria que vive Veracruz en cuanto a personas desaparecidas y la emergencia para la localización e identificación de cuerpos humanos. Las denuncias y carpetas de investigación abiertas por desaparición de personas rebasan los 4 mil, pero el cálculo de víctimas directas por desaparición podría ser de más de 5 mil personas, y de víctimas indirectas, es decir familiares de los desaparecidos, rebasan los 25 mil.

Por otro lado, se ha señalado que los servicios médicos forenses y servicios periciales de la Fiscalía General del Estado tienen aproximadamente 600 cuerpos sin identificar.

Ante esta crisis, el gobierno federal anunció en días pasados que se instalarán centros regionales de identificación forense en cinco lugares del país, y uno de ellos se localizará en Veracruz.

Recientemente entró en operación la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) que cuenta ya con personal y recursos para su operación, pero desafortunadamente no cuenta todavía con una persona al frente de la misma como titular, lo cual ha provocado retrasos, inestabilidad e incertidumbre.

La ley estatal en materia de desaparición de personas establece un mecanismo para realizar la consulta para seleccionar a la persona titular de la CEB, pero no especifica lo que se debe hacer en caso de que no haya postulaciones o que los candidatos no cumplan con el perfil idóneo como expertos en búsqueda. Este es un vacío legal que se deberá corregir a la brevedad.

La Ley General de Desaparición Forzada o cometida por particulares solamente señala que la Secretaría de Gobernación realizará una consulta entre colectivos y organizaciones de la sociedad civil, con base en la cual el Secretario de Gobernación propondrá a la persona y el Presidente de la República lo nombrará. Pero aquí en Veracruz, algo que debió haber venido en el Reglamento de la Ley, se incluyó como un proceso que parece más una camisa de fuerza.

El papel que los representantes de familiares de personas desaparecidas han venido ejerciendo en este proceso actual de selección ha significado una preocupación al no encontrarse los consensos, y parecería que ese papel protagónico se ha vuelto un obstáculo para la toma de decisión.

En México hemos venido tergiversando la fundamental, invaluable y necesaria participación de la sociedad civil en el diseño, planeación, implementación y evaluación de las políticas públicas, al grado que ahora tenemos un sin número de organismos descentralizados, e incluso desconcentrados, donde al gobierno se le dificulta tomar decisiones o, lo que es peor, designar o remover a sus titulares.

Esto significa, desde mi punto de vista como politólogo, una democracia mal entendida y un mal diseño en la ingeniería institucional y en la búsqueda de contrapesos y mecanismos de participación de la sociedad, al sustraer a los ejecutivos federal o estatales, de facultades necesarias para designar a los titulares de organismos descentralizados.

Toda mi vida he defendido el importante papel de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas, y en la comunicación y diálogo que las instancias de gobierno deben tener (incluso he promovido y participado en esa interlocución)   como retroalimentación, desde la realidad, los ciudadanos, la academia, los expertos, las organizaciones sociales, etc. Pero esto no significa amputar facultades o atribuciones que corresponden al Ejecutivo.

En el caso de instancias como los institutos de las mujeres, las comisiones de víctimas y ahora, las comisiones de búsqueda, la facultad del Ejecutivo de designar y nombrar a sus titulares, no puede y no deber ser suplantada o secuestrada por organizaciones de la sociedad civil por más legítimo y necesario que sea su derecho a la participación, a opinar o proponer.

Desde luego las víctimas, los familiares de víctimas, tienen derechos muy importantes que las autoridades deben garantizar y promover, pero en ningún caso pueden suplantar o sustituir a las propias autoridades o sus obligaciones. Por eso, un proceso como la selección de un comisionado de búsqueda, no puede depender solamente de lo que quieran o digan los colectivos y sus representantes, y menos cuando efectivamente el proceso se ha llevado a cabo de manera legal, transparente e imparcial, porque entonces estaríamos yendo a que estos organismos se vuelvan espacios de representación de intereses particulares.

Urge que la CEB empiece a trabajar de manera profesional, seria, estable, organizada, y que se comience a dar la búsqueda, localización, identificación de las personas desaparecidas.

En este momento están puestas todas las condiciones para ello: están las leyes, están las instituciones y los presupuestos, están los gobiernos federal y local que han demostrado la voluntad de poner este tema como prioridad nacional y estatal. Después de muchos años, incluso para los casos de la Guerra Sucia de los años 70’s, se tiene la oportunidad de contar con esta voluntad política, con los recursos y las instancias, y desde luego faltarán más recursos y expertos, que se irán sumando. Pero hay que empezar ya, no se puede esperar a encontrar esa persona experta ideal que algunos representantes están esperando o a que haya una unanimidad entre 16 colectivos de familiares.

El Gobernador del Estado tiene la responsabilidad de nombrar ya una persona capaz, organizada, ejecutiva, honesta, responsable, una persona que sea sensible y humana con el dolor de cientos o miles de familiares que buscan a sus seres queridos.