Y la ciudad, Xalapa, la capital del estado, volvió a ser secuestrada.

Y los xalapeños volvieron a padecer el bloqueo de calles, las agresiones verbales y los espectáculos denigrantes que provocan agrupaciones como Los 400 Pueblos y Antorcha Campesina.

No hay forma, no hay poder humano que los convenza de que se expresen de forma ordenada, pacífica, sin afectar a terceros.

El alcalde Américo Zúñiga Martínez hizo un llamado al diálogo, a la búsqueda de acuerdos. Explica que movilizaciones como las que se han dado esta semana dañan a la ciudad y a sus habitantes.

Nadie lo escucha. Las autoridades asumen que con estos grupos sólo hay dos idiomas que valen: El dinero o el garrote. Del primero no hay, y del segundo no se atreven.

El problema no es privativo de Xalapa. Todas las capitales políticas del país, todas las sedes de los poderes, tanto a nivel estatal como federal, en mayor o en menor medida sufren estas consecuencias.

Para atender estos temas, que impactan directamente a la gobernabilidad, se utilizan a «operadores políticos», que no son otra cosa que servidores públicos cuya función es escuchar los reclamos de los manifestantes y conducirlos ante la instancia que les corresponda.

Es gracias a las manifestaciones que muchos veracruzanos han encontrado solución a sus problemas, luego de que se cansaron de tocar puertas y que nadie les ayudara. El problema no son esos grupos, que una vez atendidos se retiran a sus lugares de origen. El problema está en aquellos que han hecho de la movilización, de los bloqueos de calles y carreteras, su negocio particular.

Son los mismos que venden el voto de sus agremiados a precio de oro, los mismos que se alquilan para aplaudir a candidatos, o para corretear a los opositores.

Suele suceder que en vísperas de algún evento ineludible para las autoridades, como lo es la celebración del Grito de Independencia, los profesionales de los bloqueos hagan acto de presencia. Se trata de un descarado chantaje. «Si quieres que me quite tendrás que pagar», les expresan a los enviados del gobierno estatal. Saben que mientras más tiempo dure el bloqueo, más cara venderán su retirada.

Ningún momento es apropiado, pero menos éste, cuando se mantiene la guerra mediática entre el gobierno que se va y el que ya se come las uñas de la ansiedad por asumir el cargo.

Cuando el panorama parecía nivelarse, cuando las denuncias en contra de uno son de las mismas dimensiones, y en número similar a las que enfrenta el otro. Cuando el locuaz dirigente nacional del PRI ha archivado el tema de Veracruz, y el Presidente del Tribunal Electoral en Veracruz advierte sobre las consecuencias de que prosperen los señalamientos judiciales contra el gobernador electo, las movilizaciones de grupos porriles sólo enturbian el ambiente.

Ya nadie toma nota de las quejas de las sufridas madres de familia que tienen que hacer milagros para llegar con sus vástagos hasta la escuela, o a los que llegan tarde a sus trabajos y sus jefes no les valen la excusa de que su demora se debió «a las manifestaciones».

La gente se irrita y de no poner orden en estos temas, en algún momento podría suscitarse una desgracia.

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