Si bien es cierto que el recibimiento de Marco Antonio Lezama Moo no fue tan hostil como el que le dieron al ex dirigente estatal del PRI y ex alcalde de Coatzacoalcos, Edel Álvarez Peña, quien a finales de 2010 fue propuesto al Congreso local por el gobernador saliente Fidel Herrera Beltrán para formar parte del Tribunal Superior de Justicia el Estado –lo que en su momento fue muy cuestionado por otros miembros del TSJE, entre ellos por Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, de la Sexta Sala del Poder Judicial de Veracruz, quien públicamente declaró que “ahora cualquier pendejo puede ser magistrado”–, la mera verdad es que la reciente designación del ex subprocurador de Justicia en las regiones de Córdoba y Xalapa tampoco cayó nada bien, al menos ante la opinión pública, pese a que a diferencia del ex líder priista y ex munícipe sureño, él sí acredita una amplia trayectoria en instancias de procuración de justicia, aunque perseguido por la polémica y la sospecha.

No fue casual, por ejemplo, que el mero día de su toma de protesta Lezama Moo fuese cuestionado por los señalamientos periodísticos que se hicieron en su contra hace un par de años por presuntos vínculos con la delincuencia organizada en la región de Córdoba, los que calificó de meros “chismes” del semanario “Proceso”, que inclusive lo implicó en un supuesto interrogatorio efectuado por la Procuraduría General de la República.

Precisamente durante su desempeño como subprocurador en esa región del centro del estado, entre 2008 y 2010, a Lezama Moo le tocó investigar algunos casos de alto impacto político, entre ellos el secuestro y homicidio de la joven Karina Reyes Luna, sobrina del Arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios. La joven desapareció el 12 de junio del año 2008 cuando salía de un salón de belleza; ahí fue interceptada por varios sujetos que por la fuerza la subieron a una camioneta y se la llevaron; días después fue encontrada muerta a orillas de la autopista Veracruz-México, en los límites con el estado de Puebla.

Dos meses después, el 17 de agosto, fue anunciada la detención de 3 presuntos responsables, entre ellos el supuesto “novio” Miguel Ángel Mateos Escamilla, cuya defensa y miembros de su familia aportaron indicios de su presumible inocencia, desplegando una intensa campaña mediática. Sin embargo, el supuesto “asesino” sigue en prisión.

Otro de los candentes casos que le tocó capotear fue el asesinato del dirigente cañero de la CNPR del ingenio San Miguelito, Israel Castillo Quijano, ejecutado junto con su hermano Jonathan. Hasta la fecha el crimen sigue impune.

Como subprocurador de Xalapa su actuación no fue menos polémica. A sus desafortunadas declaraciones sobre la retahíla de jóvenes desaparecidas al inicio de la presente administración –a cuyos adoloridos familiares se atrevió a decir que muchas de ellas “se van con el amante o amiguito”–, Lezama Moo fue cuestionado públicamente por hacer mal uso de los recursos oficiales en beneficio de algunos miembros de su familia, entre ellos su hijo Marco Antonio Lezama Fernández, quien se desempeñaba como Secretario Técnico del Ayuntamiento de Córdoba, hasta que en 2011 fue cesado por el escándalo que protagonizó a causa de un aparatoso accidente automovilístico que provocó por conducir en aparente estado de ebriedad sobre el bulevar Córdoba-Peñuela, por el puente de Arboledas.

Después de este incidente apareció como empresario en el ramo de la nutrición, para lo cual, según versiones periodísticas, utilizaba dos vehículos oficiales –un Tsuru sedán y una camioneta Ram Charger– asignados a la Subprocuraduría de Xalapa, los cuales utilizaba para distribuir presuntamente alimentos y bebidas no sólo en casas y negocios del puerto de Veracruz sino también en algunos fraccionamientos residenciales de la capital del estado. Dichos automóviles, supuestamente, eran manejados por un elemento con plaza de secretario de Ministerio Público, “comisionado” para apoyar las labores comerciales del hijo del funcionario ministerial.

A sus otros dos hijos radicados en la Ciudad de México, según versiones periodísticas, Lezama Moo también les asignó elementos ministeriales como choferes. Los comisionados solían viajar constantemente a Xalapa por vales de combustible, los cuales eran canjeados en una gasolinera ubicada en la confluencia de las avenidas 20 de Noviembre y Ávila Camacho, de la capital del estado. Y es que como subprocurador tenía autorizados inicialmente vales para combustible hasta por 50 mil pesos cada mes, los cuales debían destinarse para apoyo a las labores ministeriales. Después, por ajuste presupuestal, el monto se lo habrían recortado a 35 mil pesos.

Hasta el año pasado Lezama Moo contaba con dos camionetas de su propiedad, una BMW y una Volvo, sin embargo fue señalado también de utilizar un vehículo oficial de la Subprocuraduría que presuntamente tenía al servicio de uno de sus ranchos en Tabasco.

Pese a estos antecedentes, el pasado lunes 30 de junio, el ex subprocurador rindió protesta como magistrado, cargo para el cual, dijo, se ha preparado toda su vida. “Es un honor que el gobernador (Javier Duarte) me haya propuesto para este cargo de importante envergadura. Para todo abogado es la culminación de su esfuerzo, es siempre llegar a ser Magistrado del Tribunal de Justicia o Ministro de la Suprema Corte, son los cargos más emblemáticos. Estoy preparado, he estado en muchas trincheras, trataré de hacer un buen papel para servir a los veracruzanos”.

Sin embargo, todo mundo sabe que Lezama Moo llega al TSJE no tanto por sus méritos ni por el prestigio que pudo haber ganado como subprocurador, sino por su influyente parentesco político con el poderoso ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Valls Hernández, del que supuestamente se valió también para que en marzo de este año no fuera sustituido por Alejandro Dávila Vera en la Subprocuraduría de Xalapa tal como lo pretendía hacer el recién designado procurador Luis Ángel Bravo, quien para salir del paso tuvo que enviar a la Subprocuraduría de Córdoba al abogado tuxpeño que se venía desempeñando como secretario particular de Alberto Sosa Hernández, magistrado presidente del Poder Judicial de Veracruz.