Lo malo de la memoria es que nos ayuda a recordar, decía un filósofo de cantina. Y esto viene a cuento porque si la protección a periodistas que ofreció Enrique Peña Nieto, va a ser del tipo de la que prometió a las zonas marginadas del sureste tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya nos fregamos los que nos dedicamos este oficio.
“Estamos consternados… el artero crimen… el incalificable atentado… no descansaremos… caiga quien caiga… México quiere paz… se aplicará todo el peso de la Ley…” No, estas palabras no son de Enrique Peña Nieto, fueron pronunciadas el 28 de septiembre de 1994 por Carlos Salinas de Gortari tras el asesinato de Francisco Ruiz Massieu y cuando ya le habían matado a Colosio.
Pero antes se las habíamos escuchado a Miguel de la Madrid, José López Portillo, Luis Echeverría. Y después a Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y al mismo Peña Nieto que las repitió, aunque no en ese orden, después de pedir un minuto de silencio por el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas.
Y casi a renglón seguido soltó un choro retórico y plagado de buenas intenciones con el que pretende detener la matanza (sí, está bien utilizada la palabra) de periodistas en este país.
Tras escucharlo, supe que seguiremos en la indefensión. Y no porque no quiera ayudar al gremio, sino porque no puede. Por eso cada vez que un compañero caiga asesinado los políticos desempolvarán los mismos papeles, les agregarán dos o tres palabras, se tomarán la foto con los deudos y luego cada quien se irá a su casa. Ellos bien pertrechados por sus guardias de corps y uno a pie y a la buena de Dios.
Dotar de mayor presupuesto al mecanismo de protección a periodistas es, por decir lo menos, una reverenda jalada. ¿Acaso cada periodista traerá un guarura? Eso es imposible. En el caso concreto de Veracruz, entre periodistas, periodiqueros, blogueros y mercenarios del oficio somos casi nueve mil.
Fortalecer la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión tampoco dará resultado. ¿Acaso le van a dar a la dependencia funciones de sabueso policiaco para que se infiltre entre los homicidas y detecte el nombre del siguiente periodista al que le cortarán el hilo de la vida?
La solución está en acabar con la impunidad. Pero la impunidad es la marca registrada de gobernadores, legisladores locales y federales, alcaldes, jueces, ministerios públicos y policías.
Esa impunidad es la que corresponde denunciar al periodista y por hacerlo, mataron a 19 compañeros durante el sexenio de Javier Duarte, y también a Javier Valdez Cárdenas.
Eso sí, hay que reconocerle a la señora que sabe hacer muy bien su chamba. ¿No es gracias a la impunidad que siguen sin aclararse esos 19 asesinatos?
El domingo 19 de marzo mataron a balazos al periodista Ricardo Monluí, en lo que es el primer crimen contra un colega en el bienio de Miguel Ángel Yunes. A dos meses de ocurrido, ni una palabra sobre el tema, ni una declaración, ni un comentario de la Fiscalía estatal. Impunidad total.
Duele decirlo, pero lo mismo pasará con el asesinato de Javier Valdez.
Tras el escándalo mediático y la promesa de hacer justicia caiga quien caiga, el asunto se irá al cajón del olvido gubernamental hasta que asesinen a otro periodista y el mecanismo del círculo vicioso se vuelva a poner en marcha.
Así se estila en este México nuestro donde el tejido social está roto y deshilachado. Donde el Estado ya fue rebasado por los criminales. En este México donde para justificar su ineptitud, el gobierno sigue empeñado en atemperar el malestar social y los gritos de rabia e impotencia por la muerte a mansalva de otro periodista, con palabras huecas, sobadas y gastadas que ya no convencen a nadie.
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