Acompañado por un grupo de alcaldes, diputados locales y federales, así como funcionarios del gabinete estatal, Javier Duarte de Ochoa llegó por la mañana de este lunes a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia. Bajo el brazo llevaba supuestas pruebas que acompañaron su denuncia contra el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, a quien señala por un presunto caso de enriquecimiento ilícito.

Duarte respondió así a los señalamientos que se han hecho públicos en su contra, precisamente por el delito que denunció este lunes.

Dijo que el gobernador electo cuenta al menos con 16 propiedades que tendrían un valor catastral estimado de 50 millones de pesos y que no aparecen en la declaración patrimonial de Yunes Linares.

De igual manera, el gobernador en funciones señaló que también denunciaría al electo ante la Procuraduría General de la República.

La acusación de Javier Duarte contra Yunes Linares parece parte de una estrategia de defensa, toda vez que el panista ha hecho lo propio contra el actual mandatario en reiteradas ocasiones y ante diversas instancias, como la propia Fiscalía del estado y la PGR.

Recordamos que al iniciar abril del presente año, el gobernador electo presentó una denuncia penal contra Duarte de Ochoa por un presunto enriquecimiento ilícito que ascendería a más de 3 mil millones de pesos.

En esa ocasión, arropado por los dirigentes nacionales del PAN y PRD, Yunes Linares acudió a la fiscalía de justicia del estado, ante la que presentó su denuncia correspondiente. Posterior a ello, anunció que recurriría, como lo hizo, ante la PGR y el Servicio de Administración Tributaria, en virtud de que también existía un presunto caso de evasión fiscal.

Así las cosas, una semana después de que los medios nacionales dieran cuenta de la investigación que le seguirían a él y a una compleja red de supuestos prestanombres, Javier Duarte articuló una estrategia que consiste básicamente en dos acciones: primero, la presentación de su declaración patrimonial, lo que podría considerarse como un intento de defensa; y segundo, la denuncia penal, ante la Fiscalía local, contra el sucesor, algo así como pasar a la ofensiva.

El problema para Duarte de Ochoa, decía en anteriores entregas, pasa por un tema de ausencia de credibilidad; pocos dieron valor a su declaración patrimonial porque pareciera que cualquier funcionario de medio pelo tiene más bienes y recursos que el gobernador veracruzano.

¿Realmente piensa Javier Duarte que su denuncia contra Yunes Linares ante la Fiscalía prosperará?; más bien parece un recurso desesperado del actual ejecutivo, sobre todo porque se observa muy lejana, casi improbable, la posibilidad de que la Federación permita que se ejerza acción penal contra un gobernador electo que, además, ha sido señalado ante diversas instancias por los mismos delitos, sin pruebas contundentes hasta ahora.

Lo cierto es que el nivel de la confrontación Yunes-Duarte ha escalado niveles inauditos en la entidad. Nunca se había registrado en Veracruz una sucesión tan complicada y nunca antes un gobernador había concluido su periodo con tanto descrédito y tantas denuncias en contra.

Al parecer, Duarte de Ochoa no supera la derrota electoral, la pérdida de poder y control, así como el nuevo entorno político que le es adverso.

El “apoyo” de los ediles al gobernador

Este domingo, desde la Subsecretaría de Gobierno salieron llamadas a los alcaldes priistas, para que asistieran, el lunes muy temprano, a una reunión con el gobernador Javier Duarte, en Casa Veracruz.

A dicha encerrona con el mandatario veracruzano asistieron algunos diputados locales encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Nicolás Callejas Arroyo; legisladores federales, como Erick Lagos, Edgar Spinoso, Adolfo Mota y Jorge Carvallo; funcionarios del gabinete, como Arturo Bermúdez, Yolanda Gutiérrez y Flavino Ríos; y tres o cuatro decenas de presidentes municipales, entre quienes destacaron los alcaldes de Tuxpan, Raúl Ruiz; Poza Rica, Sergio Lorenzo Quiroz; Martínez de la Torre, Rolando Olivares; y San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo Pelayo.

La mayoría de los asistentes, salvo los citados, representaban a municipios más bien pequeños, como el de Tancoco, Jesús Zaleta Redondo, quien parecía despistado, desconcertado por la convocatoria.

Entre las ausencias, Américo Zúñiga, de Xalapa; Ramón Poo, de Veracruz; y Joaquín Caballero, de Coatzacoalcos, los municipios priistas más importantes desde el punto de vista demográfico, quienes parece que prefirieron tomar distancia del problema.

Pues bien, la citada reunión fue organizada con tres fines: primero, hacer sentir que el gobernador en funciones todavía cuenta con poder y control político del estado; segundo, evitar la participación de los alcaldes en el evento organizado para instalar el Comité Rector del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, que fue encabezado por Yunes Linares; y tercero, hacer que los presidentes municipales priistas, diputados locales y federales, así como funcionarios del gabinete, acompañaran a Duarte a la presentación de su denuncia contra el gobernador electo.

El problema es que nadie, desde la convocatoria, dijo a los alcaldes que la reunión con Duarte de Ochoa era para que el actual mandatario se sintiera arropado al presentar su denuncia contra Yunes. En ese contexto, de haber sido advertidos sobre los fines de la reunión, muchos ediles hubieran optado por no acudir a la cita y dejar que el ejecutivo se rascara con sus propias uñas. @luisromero85