Benito Velázquez extiende un mapa sobre la mesa de madera y sus dedos no alcanzan a señalar todas las áreas que Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene en su comunidad.
De las 662 hectáreas del ejido Emiliano Zapata, 206 pertenecen a la empresa. En ellas hay más de 55 pozos petroleros, además de gasoductos, ductos, líneas, compresoras, un quemador, líneas de alta tensión, tanques de almacenamiento y sistemas de bombeo.
Emiliano Zapata es una comunidad indígena de Papantla, donde se ubica el bloque San Andrés que pertenece al activo de Producción Poza Rica-Altamira, donde desde 1956 se explota aceite y gas.
En 2012, Pemex abrió acceso a la inversión extranjera privada en este bloque bajo el esquema de Contratos Integrales para Exploración y Producción. Los campos maduros fueron ganados por compañías con inversión mexicana y colombiana.
Cuatro años más tarde, en 2017, la reforma energética volvería a tocar la zona, esta vez Pemex asignó 307 bloques del campo para explotación por 20 años y la posibilidad de ofrecerlos al mejor postor.
Velásquez afirma que Pemex literalmente invadió en el pasado su comunidad y el proceso no se ha detenido. “Así vivimos”, sonríe mientras mira el mapa blanco y negro donde la simbología da cuenta de sus palabras.
Aunque la petrolera tenía una planta de tratamiento para el sistema de pozos, apenas hace cinco años el pueblo pudo gestionar su propio sistema de agua potable, que ellos administran y pagan, aunque les falta el drenaje y la planta tratadora.
De tres arroyos de donde se surtían el agua, solo queda uno. El resto ha resultado inservible por la contaminación de fugas de aceite. El ejemplo es el arroyo Tejones, que tiene una fuga permanente hace dos años, cada tercer día una pipa llega y extrae entre 2.000 y 3.000 litros de hidrocarburo. En el pasado, asegura Velásquez, empleados de Pemex encendían fuego hasta consumir el combustible: “Luego nos decían que al agua estaba limpia y nosotros nos dimos por pagados”.
Para Felipe, campesino de la comunidad, ni Pemex ni las compañías que llegaron luego, pueden resarcir el daño que han hecho a la tierra con aporte alguno. “Siguen siendo limosnas en comparación con lo que las petroleras están sacando de la tierra”.
Cuando hace un repaso de los beneficios, recuerda que en Emiliano Zapata, a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (Pacma) de Pemex, tienen una primaria, un comedor y domos. Las mujeres pidieron hasta un costurero. Pero todo eso, reitera, no compensa el daño a su tierra. “Antes aquí era un paraíso, agua limpia, sembrábamos vainilla, pero con la llegada de la empresa los arroyos se volvieron negros”.
Un busto de Emiliano Zapata, símbolo de la resistencia campesina en México, da la bienvenida al pueblo. En una placa se lee “tierra y libertad”. Suena contradictorio, porque caminar por las calles del pueblo es encontrar letreros de Pemex y de la compañía privada Oleorey que son dueños del 30 por ciento del territorio.
Esta comunidad es un retrato de 100 años de explotación petrolera en Veracruz. La gestión de la riqueza de los hidrocarburos no se ha traducido en la completa atención social de las comunidades y en la satisfacción de necesidades básicas de agua potable, rehabilitación de caminos, y educación. A ello se ha sumado las pérdidas de tierras y recursos naturales.
El panorama no cambió con la Reforma Energética, proyecto bandera del ex presidente Enrique Peña Nieto desde 2014 y con el cual se buscó reforzar la industria petrolera como un motor económico nacional.
Los mecanismos para garantizar la atención del rezago social y ambiental que se crearon han sido presa de la corrupción y la falta de supervisión y la tierra fue declarada de utilidad pública, lo que permite la constitución de servidumbres legales y la ocupación temporal para la imposición de gasoductos, pozos y caminos sin una consulta previa.
El petróleo siempre ha sido un tema contradictorio para Veracruz, opina Martín Aguilar, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana.
Luego de la expropiación petrolera en 1939, la industria se planteó en México como un eje del desarrollo del país, y no se pensó en ese momento en un impacto negativo para las comunidades. “Su crecimiento estuvo ligado a la construcción de escuelas, de carreteras, generaba la idea de una abundancia petrolera”.
Sin embargo, con la intensificación de la explotación, comenzaron también las primeras afectaciones ambientales y al mismo tiempo la “industria de la indemnización” y junto con ella la corrupción y el mal manejo de los recursos.
Aguilar afirma que el saldo en general para las comunidades ha sido negativo, porque la relación con las petroleras ha sido paternalista y tiene que ver con la construcción de un estado de bienestar del país, que se acabó.
En el proceso, la desinformación amplifica las inquietudes. Benito Velásquez cuestiona que en el presente nadie les ha informado si habrá nueva explotación, si van a ocupar más tierras o si les corresponden recursos para sus necesidades. Eso, afirma, no es raro, pues ha sido así desde hace 62 años, cuando los petroleros pisaron por primera vez sus tierras.
Los petroleros también trajeron la contaminación y la delincuencia
Oscar Espino de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa de la Huasteca y el Totonacapan, afirma que la historia de la sierra indígena norte de Veracruz está ligada a la industria petrolera desde hace más un siglo, porque sus tierras son parte de la cuenca Tampico- Misantla y el codiciado Aceite Terciario del Golfo.
Los habitantes de la región conocieron la riqueza, pero también el desmantelamiento y en muchos casos la ruina. Pemex pavimentó las calles, abrió brechas y electrificó, sin embargo también expropió tierras e invadió territorios con miles de pozos petroleros.
“En algunos casos hay contratos leoninos. El ejemplo es el caso de Emiliano Zapata. Son contratos favorables a Pemex, la indemnización es irrisoria y la temporalidad no está definida. Es por el tiempo que sea necesario”.
En 2009, Pemex inició con laboratorios de campo en la región y abrió la exploración a la inversión extranjera. Así vieron llegar el Pacma con escuelas, domos, pisos, letrinas, para negociar la participación de las empresas.
“Pemex usó el Pacma y obras de infraestructura para legitimar la introducción de la industria y la voracidad. No había un resarcimiento real del daño y si se atrevían a manifestarse entonces judicializaba las causas y hacia denuncias federales”.
Espino cuestiona que generalmente hay escasa información de parte de los municipios sobre los ingresos petroleros, las donaciones de combustible y cemento, o los detalles de los proximos proyectos de extración a las comunidades.
Sumado a esto, la reforma energética y su ley de hidrocarburos aprobadas en 2013 y 2014, significaron una violación a los derechos básicos de los pueblos indígenas donde hay petróleo, afirma Espino.
La ley establece que las actividades petroleras son de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la tierra.
Va más allá, cuando indica que los dueños de la tierra deberán negociar un acuerdo con las compañías que deseen explotar y si este no se concreta, se ordenará —a través de una servidumbre legal— los pagos que le corresponden a cada propietario.
Las empresas contratistas deberán dar aviso a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sobre el tipo de contrato a realizar, ya sea de arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, compraventa, permuta, e informar previamente los detalles del proyecto.
Para el caso de Veracruz, donde hay alrededor de 20 contratos de la reforma energética firmados, la Sedatu informó a través de transparencia que tiene notificaciones de ocho contratistas que manifestaron su intención de afectar terrenos, pero evitó dar detalles de las negociaciones.
Aunque las compañías contratistas y asignatarias tienen la obligación de informar con detalle los proyectos a realizar, en la práctica hay fallas. Campesinos de la comunidad de El Mamey en Tihuatlán, por ejemplo, denunciaron que la petrolera entró a sus tierras, no tuvieron la intermediación de la Sedatu, y las negociaciones del precio de la tierra han sido injustas.
Moisés Reyes Fausto, líder de la Central Campesina Independiente, afirma que la reforma energética ha generado incertidumbre. “Tenemos una grave desventaja. El marco legal protege a las empresas en los contratos y obliga a los campesinos a aceptar las condiciones de las empresas.
Revela que el plan quinquenal de la Secretaría de Energía marca que hay municipios con territorio afectados en un 80 por ciento, pero Pemex no ha informado acerca de los planes de extracción, los derechos y obligaciones de los campesinos. “Las empresas están llegando a platicar con las comunidades, pero no tienen idea de nada, no hay capacidad de una negociación justa”.
Para Fluvio César Ruiz Alarcón, ex consejero de Pemex, y quien fuera perfilado como el director de la empresa exploración en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, esa es una de las fallas principales de la reforma energética.
Asegura que es urgente cambiar el artículo octavo transitorio de la ley de hidrocarburos que define a las actividades de producción petrolera como de interés social y orden público y por tanto prioridad sobre las demás.
“Esto obliga a las comunidades a aceptar proyectos petroleros por encima de su voluntad. Es preocupante. Si algo tienen que revisar es esto para obligar a consultas públicas de los pueblos”.
Para el caso Veracruz, apenas en agosto pasado, Integrantes del Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida tramitaron un juicio de amparo colectivo en contra de la licitación de las costas del sur de Veracruz para la extracción de hidrocarburos.
Adicionalmente, seis comunidades de la sierra indígena norte tienen firmadas actas de asamblea ejidal en las que rechazan la llegada de estos proyectos extractivos y de hidrocarburos. Y el municipio de Las Choapas se ha declarado libre del sistema de fracturación hidráulica o fracking, método de extracción novedoso que es considerado especialmente dañino para la corteza terrestre.
Apenas en noviembre del 2017, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidades (ONU), Victoria Tauli, examinó la situación de los pueblos indígenas de México y advirtió de su preocupación por la reforma energética que obliga a comunidades indígenas a rentar o vender sus tierras a las empresas, lo que dijo aumenta el riesgo de despojos, enfrentamientos y desplazamientos forzados ante el creciente interés en los recursos naturales en territorios indígenas.
Martín Aguilar de la UV también coincide en que la reforma energética tampoco prevé un modelo claro para repartir los recursos de forma equitativa, pues esa nunca ha sido la intención ni la prioridad de Pemex: “Ellos creen que el bienestar ya es automático cuando se da la explotación petrolera, nunca plantea necesidades de las comunidades, lo cual puede significar un gran conflicto social”.
Las promesas que no se cumplieron
Ruiz Alarcón concuerda en que la reforma energética planteada como factor de crecimiento económico en el país fracasó y los datos duros respaldan la necesidad urgente de hacer una revisión.
Para sostenerlo menciona dos indicadores: se prometió que tras la reforma se generarían 500.000 empleos y se producirían 3 millones de barriles diarios.
En contraparte, Pemex ha suprimido 30 mil plazas de trabajo, las empresas ganadoras de las licitaciones contractuales no han cumplido con las plazas laborales prometidas y la producción petrolera está por debajo de los 2 millones de barriles diarios de crudo.
“Hoy queda claro que más que objetivos accesibles, las promesas de la reforma solo eran propaganda, los indicadores están lejos de haberse cumplido”, afirma.
Veracruz es pieza central en el proceso: el Programa Quinquenal de Licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos 2015-2019 señala que la entidad concentra el mayor número de reservas en 188 campos petroleros.
Según el documento, se planea la exploración y extracción de hidrocarburos en 17.000 kilómetros de territorio, 90 por ciento corresponde a áreas no convencionales, es decir se extraerá bajo técnica de la fracturación hidráulica.
Aunque la técnica no es nueva para Veracruz, se utilizó para miles de pozos en el Aceite Terciario del Golfo según un informe público en 2010 . De acuerdo a solicitudes de transparencia en la entidad 1.644 pozos han sido explorados con la técnica de fracturación hidráulica.
En 2014, la Secretaría de Energía otorgó a Pemex, 489 áreas de asignación a través de la ronda cero, un gran porcentaje de ellas en Veracruz. A partir de 2015, a través de las rondas se ha entregado 20 áreas contractuales de la Cuenca Tampico-Misantla, y Sureste, además de contratos en aguas someras y profundas.
Empresas nacionales y extranjeras como Shell Exploración, Repsol, Carso Oil, Jaguar Exploración, Lifting de México, Canamex, Petrolaf, American Oil, Tonalli Energía, entre otras, ya están e Veracruz explorando petróleo.
La reforma energética hay sido un tema de enfrentamiento entre el gobierno saliente de Peña Nieto y López Obrador, quien la ha calificado de “ vil engaño”.
Peña Nieto aseguró que la reforma permitiría inversiones por 200.000 millones de dólares, el freno al aumento de gasolina y baja en las tarifas de energía eléctrica.
En el documento “Evolución de la Industria Petrolera en México”, presentado en septiembre pasado por el equipo de transición de López Obrador, se dieron a conocer cifras según las cuales con la reforma energética se esperaban inversiones por 4.073 millones de dólares en exploración y producción en el período 2015-2018; pero en total se han invertido apenas 733.4 millones.
De los 107 contratos de exploración y producción, solamente 31 registraron inversión realizada.
El máximo año de producción del gas hidrocarburo se registró en 2009 y en 2018 ha registrado una caída acumulada del 40 por ciento, es decir, una caída de 2,612 millones de pies cúbicos diarios.
La llegada de la reforma tampoco trajo crecimiento para Veracruz. Del 2013 al 2016 de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) , el crecimiento fue de apenas 1 por ciento y una tasa de desempleo de 3.4 por ciento. Por arriba de la media nacional.
Para paliar la situación, López Obrador ha prometido la inversión de 75.000 millones de pesos para la exploración y extracción de hidrocarburo en el país, adicional a los 65.000 millones que actualmente Pemex destina para talles fines, además de la construcción de una nueva refinería y la rehabilitación de otras seis.
Rocío Nahle, secretaria de Energía, ha informado que se revisarán los 107 contratos con empresas nacionales y extranjeras antes de enviar las siguientes rondas. El plan es incrementar la producción petrolera paulatinamente hasta el año 2024.
En diciembre pasado, López Obrador presentó el Plan Nacional de producción de Hidrocarburos, donde dijo que se aumentará en 2 millones 400 mil barriles diarios la producción petrolera al terminar su sexenio.
La promesa fue invertir en exploración y perforación de pozos en tierra y aguas someras en Veracruz, Tabasco y Campeche.
En el recorrido que AVC Noticias hizo por dos áreas con asignaciones y contratos a raíz de la reforma energética se revelaron inequidades en el proceso de pagos a campesinos por tierras ocupadas para la exploración por parte de Pemex, e incumplimientos por parte de las empresas petroleras de dar preferencia a la contratación de servicios de origen nacional, incluyendo capacitación y contratación, a nivel técnico y directivo.
Además se constató que instrumentos como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), han resultado ineficaces para atender la problemática de contaminación por derrames de crudo en municipios del estado.
Un día llegamos y Pemex ya no era de nosotros
Una semana antes de que la empresa Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México, tomara posesión del campo Cuichapa en el municipio de Moloacán al sur de Veracruz, a Eliseo le ordenaron poner en una caja todos sus papeles, limpiar su escritorio, y vaciar cajones, para entregar la instalación de la factoría.
Con más de 30 años como trabajador de base en Pemex, cuenta que sabían de la llegada de la petrolera desde el 2015 cuando ganó la concesión en la ronda 2 de la reforma energética, pero no previeron que de golpe más de 280 trabajadores de base y eventuales se quedarían sin trabajo. Lo único que pudieron conservar fue la factoría, pelearon por ella, para no ser enviados a una galera sin techo siquiera.
El anuncio de una nueva compañía ilusionó a gran parte del pueblo compuesto de trabajadores de Pemex, quienes vieron una posibilidad de trabajo, pero la empresa apenas dio una docena de empleos.
Tenían confianza en la promesa del Presidente Enrique Peña Nieto de que la llegada de petroleras tras a reforma traería además de empleo, bajas en el costo de tarifas eléctrica y de gas.
Eliseo cuenta que en su mejor momento en esta región había cientos de pozos en activo en el campo Lacamango, Cuichapa, Agata y Moloacán. Eran las décadas de los setenta y ochenta, las calles de Cuichapa en el municipio de Moloacán al sur de Veracruz eran un hervidero de trabajadores petroleros.
Cuichapa es parte del Activo Cinco Presidentes de donde se llegaron a sacar hasta 80 mil barriles diarios de aceite y gas.
La llegada de la petrolera fue un engaño, refuta Eliseo, dice que desde el 2005 se empezó un programa de taponamiento de pozos que aun tenían producción. “Matamos muchos pozos productivos, eran bloques de 20 o 50 pozos, que fueron los que luego se vendieron a Lifting de México. Compraron oro molido a bajo precio”.
En mayo del 2016 se firmó el contrato con la empresa por 25 años con posibilidades de renovación automática para utilizar 42 kilómetros del área contractual Cuichapa poniente de donde hasta abril del 2018, se sacaron más de 2 mil barriles diarios de aceite.
La promesa de que la empresa daría empleo no se hizo realidad. “Se suponía que venía a contratar gente, pero solo a algunos les dieron capacitación, la mayoría de la contratación es gente de fuera, por lo regular gente de Tabasco, Chiapas, Guerrero, creo que la prioridad era el pueblo, por eso muchísima gente, se ha ido porque no hay otra fuente de empleo que fuera Pemex”, cuenta.
Casi un año después de su instalación en abril del 2017, iniciaron las protestas contra la empresa, la queja fue la falta de empleo en la región, la contratación de empleados de Pemex jubilados y foráneos , y el incumplimiento de las plazas prometidas a sindicatos petroleros.
La respuesta a los bloqueos de instalaciones fueron las denuncias en contra de líderes sindicales de parte de la petrolera.
Para Mario la entrada de las compañías petroleras luego de la reforma energética es un “robo y fraude a lo descarado, porque desmantelaron a Pemex para venderla después”.
La llegada de la nueva empresa dejó sin hacer nada a los empleados de base, quienes todos los días van de 7 a 3 de la tarde a las instalaciones pero no tienen orden de trabajo, deambulan por los pozos cerrados, por las calles, o juegan baraja.
Eliseo dice que eso es un foco de alerta, que Pemex no mantendrá por mucho tiempo a 300 empleados sin hacer nada, y que por eso se debe levantar la voz, pero el suyo es un grito solitario que pocos atienden.
Ni los trabajadores, ni los comerciantes del pueblo han visto una mejora en su economía con la llegada de la petrolera, el único apoyo visible es una clínica permanente instalada en el parque principal.
La ronda 3.2 de la misma reforma energética proponía la realización de un farmoust con Pemex y empresas petroleras privadas para licitar los campos restantes: Cinco Presidentes, BacalNelash y Lacamango, lo que significaría que las únicas instalaciones que les quedan tendrían que entregarlas, y los trabajadores prácticamente irían a la calle.
Sin embargo, la transición de la presidencia con Andrés Manuel López Obrador del partido Morena les ha dado tiempo. Las licitaciones que se planeaban concretar en octubre se cancelaron hasta la revisión nuevamente de la reforma energética.
Eliseo ve la llegada del nuevo gobierno y su promesa de revisar los contratos de la reforma energética como una esperanza de echarla atrás y lograr condiciones más justas para los trabajadores.
“A dónde va a ir Cuichapa, prácticamente abandonado, es más ni la factoría es de nosotros, es cuestión de tiempo que nos desalojen, ya no es de nosotros”.
Coraje es el sentimiento que resume Eliseo cuando cuenta la historia petrolera de su pueblo. “En una ocasión fuimos propuestos para ser gerencia nacional, imagínense ahora, después de producir tanto, ahora no tenemos nada, ya entregamos todo, acabaron con Pemex”.
Me quieren pagar 7 pesos por mi terreno
Donde antes había naranjales ahora se extiende una larga explanada de grava con tanques, torres, contenedores en los que explotan a través de fracturación hidráulica el pozo Blenda 1.
Un cerco de alambre de púas rodea el terreno desde donde Catarino y Sacramento miran la actividad petrolera, y desconfían de lo que Pemex les ha informado: que el pozo no funciona.
Cuando los petroleros llegaron a reactivar el pozo hace más de un año, pagaron una parte de la indemnización del terreno, después dieron largas para firmar el contrato, así lograron el permiso para entrar a la tierra.
Una vez instalados ofrecieron a los campesinos una indemnización de 7 pesos el metro cuadrado y a futuro un porcentaje por la extracción petrolera, pero ellos se negaron a firmar.
La reforma energética establece que los titulares de la tierra deberán tener acceso al pago de la renta concepto de ocupación o uso de la tierra, el pago por afectaciones de bienes o derechos distintos de la tierra, así como la previsión de los daños y perjuicios.
Y un porcentaje de las ganancias cuyos proyectos alcancen la extracción comercial de hidrocarburos, pero en su caso nada de esto se cumplió.
En su comunidad de El Mamey en Tihuatlán al norte de Veracruz, los campesinos tenían sembrados más de 270 naranjales que fueron tirados para iniciar la exploración y explotación de tres pozos petroleros, parte de la asignación del campo Miahuapan en la ronda cero de la reforma energética.
Haciendo cuentas, Catarino dice que cada año una hectárea de naranja le da 60 o 70 mil pesos y Pemex quiere un contrato por 30 años a precios irrisorios.
“De esto vivimos, haga la cuenta cuánto se cosecha, ya multiplicamos, contra los 7 pesos, y quieren firmar a 30 años, nos dicen que seguimos siendo dueños del terreno, pero miré cómo está, para qué queremos un terreno así”, se queja el campesino.
El ruido permanente de las máquinas que extraen aceite y gas, interrumpe el silencio del campo. Sacramento advierte que tienen miedo y por eso no quieren dar la cara. Cuenta que ya hicieron varios escritos apoyados por el comisariado ejidal, para exigir un pago justo, porque además la intención de los petroleros es tomar más terreno de sus naranjales.
Sus pozos son parte del codiciado Aceite Terciario del Golfo donde entre 2006 y 2009, Pemex y compañías extranjeras han invertido más de 50.000 millones de pesos para extraer gas, aceite y petróleo, pues es considerada la reserva petrolera más grande del país, sin embargo el exito ha sido poco.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en su proyecto “Aceite Terciario del Golfo, primera revisión y recomendaciones” , en 2010 reveló que de los 500 mil barriles diarios de extracción esperados, solo se alcanzó una producción de 32 mil barriles por día.
Catarino y Sacramento recuerdan que la historia se repite. Hace 40 años, cuando explotaron el primer pozo, tampoco le pagaron al dueño los daños.
A esta denuncia se suma la de otros habitantes de El Mamey, quienes desde el 2017 han exigido la pavimentación de la avenida 20 de noviembre, acceso al pozo Blenda 1, que ha resultado dañada por el paso de pipas y camiones pesados, que llevan agua y químicos para la fracturación hidráulica.
Los campesinos bloquearon por más de tres días el camino, ahí quedaron paralizados una fila de camiones de agua y químicos.
La promesa fue una vez más atender su llamado. “A la comunidad no nos ha dejado nada, solo viene a explotar las tierras y se van, nosotros viendo no recibimos ningún beneficio, sacan miles de litros. Nos han despedazados los caminos”, señalan.
Los campesinos se quejan de que no están orientados con exactitud sobre los trabajos que ahí las petroleras hacen en su tierra, y desconocen que apenas en junio de este año, Pemex migró estos proyectos a la empresa del estado, como parte de los acuerdos de la reforma energética.
Nadie responde por la contaminación
Cuando las manchas de petróleo llegaron hasta el arroyo El Control en el centro del municipio de Las Choapas al sur de Veracruz, la alerta se prendió.
La primera reacción fue enterar a Petróleos Mexicanos (Pemex), que ahí tiene instalados los campo El Plan y Soldados, parte del activo anteriormente conocido como Cinco Presidentes.
Sin embargo nadie los atendió. La respuesta fue que ahora la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) estaría encargada por los daños y la comunicación sería vía telefónica.
La ASEA fue creada en 2014 tras las Reforma Energética y su función principal es la de regular y supervisar las instalaciones y actividades del sector de hidrocarburos, pero su respuesta para atender las emergencias por derrames ha sido lenta.
David Urdapilleta, en ese entonces encargado de la comisión de ecología en el ayuntamiento, envió fotos, archivos y oficios, pero la respuesta fue que el derrame era parte de un acto vandálico, y entonces Pemex se deslindó de la responsabilidad.
“Fuimos a Pemex, nos reunimos con directivos y nos topamos con pared, la respuesta fue la misma, después por la presión logramos una atención, pero la limpieza fue deficiente, el derrame se extendió 30 kilómetros y afectó a los pescadores y otros ríos”, cuenta.
Los derrames y la contaminación en esta región son comunes. En sus tierras dedicadas al ganado y la pesca, hay cientos de pozos.
Para llegar a la comunidad de Cerro de Nanchital a una hora de Las Choapas, hay que recorrer un camino de baches y dar cooperación para la gente que va tapando los hoyos que puede.
En esta pequeña comunidad están las instalaciones de la batería de separación Cerro de Nanchital. Decenas de ductos atraviesan por encima a los ríos y los pozos que en 2013 fueron explorados bajo la técnica de fracturación hidráulica.
Marlene Rueda no recuerda cuántos derrames de aceite y petróleo han afectado a la comunidad, el más reciente apenas el año pasado cuando un ducto que atraviesa el río Uxpanapa colapsó.
El incidente más grave ocurrió hace unos años, cuando la mayoría del pueblo tuvo que ser evacuada de emergencia y durante más de un mes vivieron en el salón social hasta donde llegaba una dotación de comida por parte de Pemex, porque les prohibieron usar el agua.
Armados de valor, una comitiva viajó más de 8 horas hasta Xalapa para hacer la denuncia ante la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Agua (Conagua). También fueron a Pemex, pero entre todos “se echaron la bolita”.
Al final, expertos llegaron para hacer estudios al agua y validar si era apta para el consumo nuevamente. “Nos dijeron que ya estaba limpia, no sabemos si eso es cierto”.
A la contaminación se suma la falta de mantenimiento a la carretera, que complica la salida de sus productos y sus enfermos. “Ya la verdad a veces nos conformamos, con que la raspen tantito, y le medio compongan, con eso”
Hasta su comunidad que tiene dos asignaciones como parte del campo Agua Dulce, no les han llegado tampoco los recursos del Fondo para Entidades y Municipios Productores de Hidrocarburo (FEMPH).
Apenas los primeros días de octubre, un acto vandálico en un ducto propiedad de Pemex Transformación Industrial que pasa por el rancho de un particular, generó un derrame en el arroyo Tepeyac en el municipio de Nanchital que afectó a más de 500 familias en la zona.
Los trabajos de limpieza y remediación fueron lentos. Una semana después del derrame, la alcaldesa Zoyla Balderas denunció que ni Pemex ni la ASEA había entregado un peritaje y no habían apoyado para atender a las familias afectadas que no podían tomar agua ni alimentos de la zona.
Además reclamó que tuvo que enviar oficios a Pemex para exigir soluciones, pues la empresa encargada de la remediación, ni siquiera tenía bolsas para los deshechos contaminados.
El derrame ocasionó la muerte de fauna y flora cercano al arroyo, los pescadores tuvieron que suspender las actividades.
Flavia Morales/Avc
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