Salvo para exhibir la crisis de inseguridad y el fracaso del gobierno de Miguel Ángel Yunes en resolver este problema en seis meses como había prometido –algo que ya todos sabíamos-, la crisis humanitaria decretada por el gobernador Cuitláhuac García durante su toma de protesta ha servido para maldita la cosa.

Los secuestros han crecido al doble, los cárteles se disputan las ciudades más importantes –según lo han reconocido mandos policiacos y presidentes municipales-, los homicidios dolosos y desapariciones de personas se cuentan por decenas; y la población vive un estado de indefensión que les ha obligado a abandonar las ciudades como sucede en Coatzacoalcos y Córdoba, por ejemplo.

A cien días de iniciado el gobierno estatal, nada se sabe de los resultados alcanzados por la crisis humanitaria decretada como primer acto de gobierno, a la que incluso el propio presidente López Obrador se comprometió a apoyar durante su visita al estado al día siguiente de su investidura.

En su primer mensaje como gobernador, para quienes ya lo olvidaron, Cuitláhuac García emitió una Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz. «Justicia, verdad y reparación”, fueron las palabras con las que inició la primera tarea de su gobierno, misma que incluiría una disculpa pública a las víctimas veracruzanas.

Hasta ahora, sólo se ha dado la disculpa pública por el caso Tierra Blanca. En el resto de los casos, de miles de casos, no ha habido aún justicia, verdad ni reparación del daño. De hecho, ni siquiera se ha recibido la visita de funcionarios de Naciones Unidas (ONU), organismo al que el mandatario pediría su intervención en apoyo a la búsqueda de personas desaparecidas.

Según se dijo hace 100 días, la declaratoria del Plan Emergente, constituiría en primer lugar ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación a víctimas de diversas violaciones a los Derechos Humanos; y además, realizar una llamado a instancias internacionales e Interamericano para exhortarles a respaldar con cooperación, financiamiento y asistencia. Si este llamado ha se hizo a los organismos mencionados, nadie sabe de su respuesta.

Es de todos conocido que Naciones Unidas tiene mecanismos y protocolos muy bien establecidos. Que no interviene en ningún Estado miembro si la ayuda no forma parte de los esquemas de ayuda internacional del organismo. La ONU no responde a las coyunturas ni conflictos políticos internos.

Además, uno de los puntos más destacados dentro del Plan, de acuerdo a lo dicho por García Jiménez, era la creación de un Centro o Instituto forense para el procesamiento de restos humanos localizados en fosas clandestinas, y lograr dar con la identidad de los cuerpos no identificados. También se contemplaba un incremento al presupuesto asignado para al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).

Hasta ahora, el gobierno no consideró en su presupuesto 2019 una partida para dar cumplimiento a proyecto del Instituto. En el caso del Fondo, este había recibido inicialmente un presupuesto de cinco millones de pesos –cantidad irrisible frente al número de casos registrados-, sin embargo, en el ajuste aprobado hace algunos días creció hasta 95 millones de pesos.

Sobra decir que el proyecto del Instituto Forense no existe, resultado del encono entre el gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado. No se puede crear un organismo de esta naturaleza, cuando esa responsabilidad corresponde precisamente en la Fiscalía, ahí donde despacha un personaje utilizado para alimentar la ingobernabilidad y la impunidad en el Estado.

El fracaso político por remover al Fiscal implica también el incumplimiento de una buena parte de la crisis humanitaria decretada en diciembre pasado. En Veracruz se tiene un registro oficial de 5 mil personas desaparecidas en la última década, pero las organizaciones de búsqueda de personas sitúan la cifra en 20 mil.

Apenas este lunes, el comisionado estatal de búsqueda, Geiser Manuel Caso reconoció que en Veracruz no existen cifras reales de personas desaparecidas; de hecho, las cifras que manejan los colectivos de búsqueda son los únicos datos que tiene la comisión, por lo que es necesario recabar todas las cifras para integrar un registro oficial.

No haber podido destituir al Fiscal les va a seguir costando muy caro.

Las del estribo…

  1. Te vamos a levantar y a desaparecer, no sabes con quién te metiste”, le dijeron la diputada Claudia Tello Espinosa y su guarura a un reportero gráfico durante un incidente de tránsito. Esa es la forma como algunos distinguidos miembros de la 4T colaboran para pacificar al país. Sin sanción a la legisladora, sólo se confirma que la impunidad es para ellos un derecho adquirido.
  2. “El Instituto Veracruzano de la Mujer debe hacer su trabajo o se tomarán medidas” amenazó el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros ante el creciente número de feminicidios. El gobierno parece empecinado en seguir abriendo frentes de batalla ante la incapacidad política de remover a los funcionarios. Antes se actuaba en privado, no se amenazaba en público.