Luego de conocer que este jueves, la Comisión Instructora del Congreso local turnó a la Secretaría General los dos dictámenes de juicio político en su contra -ambos en sentido positivo-, el Fiscal General del Estado Jorge Winckler Ortiz obsequió a los veracruzanos una joya más de su abyección y provocadora ignorancia jurídica.

A la resolución del Congreso, respondió que éste “no tendría la última palabra en caso de que votaran a favor de destituirlo”; que si tiene que hacerlo, “se irá hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (CIDH) para defender, no a él, sino “a la institución”; y acusó que la procedencia de su caso en el Congreso se trata de un acto ilegal. ¡Vaya calamidad!

Vamos por partes. En efecto, el Congreso no tendría la última palabra en su destitución, pero sí la tiene en su remoción. Removerlo del cargo es el primer y definitivo paso para su destitución.

Lo que Winckler omitió explicar es que la Constitución Política del Estado señala que una vez que se apruebe el dictamen que emita la Comisión Instructora lo turnará a la Secretaría General –lo cual sucedió ayer jueves-, misma que lo enlistará en la siguiente sesión del Pleno para su acuerdo.  El dictamen se votará en el plazo de siete días posteriores a la fecha de su turno, por lo que la próxima semana habrá de realizarse la sesión extraordinaria correspondiente.

El Fiscal ha dicho una verdad a medias que no evitará su salida de la FGE. La Constitución también señala que si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el servidor público quedará suspendido de su cargo y a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. Cuando el proceso penal culmine en sentencia absolutoria –lo que en efecto es facultad del Tribunal Superior de Justicia-, el inculpado podrá reasumir su función. Eso no sucederá.

Para entonces no sólo el TSJE investigará al Fiscal sino las propias autoridades federales a través de la nueva Fiscalía General de la República. La suerte de Winckler y sus cercanos colaboradores está echada.

La segunda mentira. Cualquier estudiante de primer semestre de Derecho sabe que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sólo admite un caso una vez que se hayan agotado todas las instancias judiciales del Estado miembro. Y si bien puede ser presentada por un particular –como es el caso-, la remoción de Winckler tendrá primero que pasar por todas las instancias jurisdiccionales del Estado mexicano, por lo que la intervención de la CIDH sólo es una ocurrencia mediática del funcionario, una tomadura de pelo.

En este escenario, ni siquiera los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas podrían acudir a la instancia internacional, porque todos los casos aún se encuentran en los tribunales mexicanos.

La tercera mentira. El fiscal insiste en que no se aferra al cargo, sino que busca defender a la institución que representa y que “no permitirá que sea destruida por acusaciones falsas”. En realidad no busca defender a la institución, ni siquiera a él mismo, sino a los intereses del grupo político opositor al gobierno estatal y al Presidente de la República.

La razón por la que Winckler permanece en la Fiscalía es porque su tarea es la de desechar cualquier denuncia o investigación que se siga en contra del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y sus principales colaboradores. El mismo Tribunal Superior de Justicia (TSJE) carece de materia si la propia Fiscalía no integra un caso.

Eso explica que a pesar de las denuncias del órgano fiscalizador, las evidencias de malversación de fondos públicos, el enriquecimiento y desvío de recursos, hasta ahora no ha prosperado una sola denuncia en la Fiscalía. Una vez que se vaya Winckler –cosa que sucederá la próxima semana- las denuncias contra la administración yunista caerán en cascada.

En su enternecedora defensa, Winckler dijo ayer mismo que en caso de que se avale destituirlo, se mandaría un mensaje “gravísimo” al país y el mundo –imagino que Trump, Trudeau y los líderes de la Unión Europea cancelaron sus agendas para atender el caso del Fiscal-, pues un partido político, por ser mayoría impondría su voluntad sobre un poder que debe ser autónomo.

¡Ah qué Jorgito! Muy pronto olvidó la forma en que él mismo llegó a la Fiscalía General y la forma en que el panismo operó en la pasada Legislatura. Está claro que todo este tiempo hemos tenido a un obediente Fiscal que no sabe de Derecho.

Las del estribo…

  1. Dice el diputado Eric Domínguez Vásquez que si la Fiscalía General del Estado desaparece no pasa nada, porque ésta resuelve acaso el uno por ciento de los casos. Tiene razón, pero bajo esa lógica, también estaría en vías de extinción el Congreso local, el cual no aporta mucho al desarrollo del Estado, sino sólo a los partidos que representan. En su ignorancia y rencillas políticas, no entienden que quienes se tienen que ir son ellos, no las instituciones.
  2. Devolver el dinero que no se ejerce no es un acto de honestidad, es un acto de incapacidad y estupidez. Según el ORFIS, el Ayuntamiento de Xalapa podría devolver –además de los 15 millones ya reconocidos- otros 180 millones de recursos federales, consecuencia de que más de la mitad de las obras planeadas para el 2018 quedaron inconclusas o canceladas. Sobran razones para que hasta Morena pida su cabeza.