No fue el juicio político, ni la denuncia interpuesta por Eric Cisneros y Hugo Gutiérrez, ni la cándida solicitud de los diputados de Morena lo que hará caer, incluso en la cárcel, al polémico Fiscal del Estado Jorge Winckler. La recomendación 25/2019 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) podría ser el último clavo en el ataúd. Ahora sí, los que saben, operaron para garantizar que no hubiera escapatoria jurídica posible.

La resolución reconoce los abusos que habrían cometido elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del ex director general de los Servicios Periciales Gilberto Aguirre Garza, preso en el penal de Pacho Viejo, quien está acusado por desaparición forzada. La Comisión acreditó que se fabricaron pruebas por medio de la tortura por parte de funcionarios de la Fiscalía General, por lo que solicitó a la misma dependencia investigar los actos cometidos y pagar una compensación a la víctima. ¿Puede haber reparación sin castigo?

Entre los elementos de prueba que presenta la Comisión están los informes realizados por la propia Fiscalía, entrevista con testigos y entrevistas a la víctima, además, especialistas externos realizaron al solicitante valoraciones físicas y psicológicas de acuerdo a estándares internacionales determinados por la ONU (Protocolo de Estambul).

Aunque el documento final aún no aparece en el portal de la CEDH, la notificación hecha a los involucrados permitió que se conociera incluso a nivel nacional. Ayer mismo, los abogados de Aguirre adelantaron llevarán  este asunto ante la Fiscalía General de la República para proceder contra Winckler y otros funcionarios por el delito de tortura.

Si bien recomendación de la CEDH es para la Fiscalía y la SSP, se señala como perpetradores de los actos de tortura a subalternos de Winckler, como el ex fiscal especial en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel, quien a la fecha se desempeña como fiscal regional Zona Centro Xalapa.

Hay que recordar que la comisión emite recomendaciones a las instituciones y no a las personas, sin embargo, la responsabilidad penal podría derivar de las propias conclusiones contenidas en el documento. La CEDH generó su investigación con elementos aportados por la propia Fiscalía, entrevistas con testigos y con la víctima que presentó la queja.

Sólo para documentar el dato. Con su resolución, la Presidenta de la CEDH abrió la puerta para que investiguen a un personaje muy cercano. Eduardo Coronel, uno de los funcionarios señalados como responsable de los actos de tortura y actual Fiscal Regional en Xalapa, se formó profesionalmente al lado de Namiko Matzumoto.

El joven abogado la acompañó por muchos años, lo mismo en la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) que en la propia CEDH, hasta que hace dos años recibió la invitación de incorporarse a la Fiscalía como responsable de la Unidad de Atención a Personas Desaparecidas. El fiscal regional, formado en la defensa de Derechos Humanos, llegó a la FGE precisamente a violarlos. Nadie como él conocía el alcance de sus acciones.

Seguramente el Gobernador y el Fiscal veían con buenos ojos el arrojo del funcionario por contribuir a cualquier costo con la venganza política del mandatario, incluso llegar hasta la tortura si era necesario para inculpar al ex fiscal Luis Ángel Bravo, también preso en Pacho Viejo.

Su paso por la FGE ha estado lleno de polémica, lo mismo por las denuncias presentadas por los colectivos que por la serie de violaciones cometidas en su encargo. Esa fue la razón por la que dejó la Unidad y fue promovido como Fiscal Regional. No se trataba de un ascenso sino de protegerlo del fuego que amenazaba con alcanzarlo… y lo alcanzó.

En el caso de la remoción del Fiscal, por fin entendieron de lo que se trataba. No había herramienta política que lo pudiera remover del cargo. Bastaba hurgar en el desempeño de la Fiscalía para encontrar la justificación jurídica y penal que permitiera su destitución. De esta forma, Jorge Winckler pasó de víctima a torturador.

La tortura es un delito federal por lo que Jorge Winckler y Eduardo Coronel tienen los días contados. Ahora todo está en manos de la Fiscalía General de la República.

Las del estribo…

1. Se multiplican los señalamientos por actos de corrupción en el gobierno morenista. Casualidad o no, resulta que el nombre que siempre aparece tras de la ruta del dinero es Eleazar Guerrero. Este fin de semana se dio a conocer un presunto desfalco millonario en el DIF estatal, precisamente donde se encuentra trabajando la hija del subsecretario de Sefiplan, uno de los personajes más cercanos al Gobernador. Dejarán a Javier Duarte como un simple aprendiz.

2. Pero no todo está podrido. Luis Cortés Hernández y Adán de la Cruz Domínguez, dos jóvenes veracruzanos que estudian en el Tecnológico Nacional de México (TecNM), en Poza Rica, ganaron los tres primeros lugares del segundo torneo  KSÜ TeknoRob, que se realizó en Turquía. Hay que aplaudir a quienes nos dan una esperanza.