Hace dos años y medio, durante su campaña política, Miguel Ángel Yunes Linares ofreció que en seis meses reduciría la violencia y la inseguridad en todo el estado; dos años después, también en campaña electoral, su hijo reconoció que era ingenuo pensar que esto era posible. Hoy el Gobernador Cuitláhuac García también acepta que de plano no puede y que urge la llegada de la Guardia Nacional, cuya creación ni siquiera ha sido aprobada por el Congreso federal.

El conflicto entre el Gobierno del Estado y la Fiscalía General ha alimentado el clima de violencia que ya prevalecía; a la inseguridad y la falta de prevención, se suma la cínica impunidad que ha permitido un fiscal indolente y perverso. La delincuencia está absolutamente desatada en todo Veracruz, aprovechando que los grupos políticos siguen peleando por preservar sus intereses.

La promesa incumplida de Miguel Ángel Yunes vale tanto como el reconocimiento de Cuitláhuac García de que en Veracruz operan seis cárteles de la delincuencia organizada. En ambos casos, como desde los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte, los veracruzanos seguimos indefensos ante el poder de los cárteles y la delincuencia organizada.

No hay terreno a salvo. La zona sur sigue siendo un verdadero infierno; la gente emigra y muchos municipios se convierten en pueblos fantasmas a consecuencia de la violencia. Pese a la declaración del Secretario de Gobierno de que habrían disminuido los índices delictivos en el sur –las cifras alegres de un hombre alegre-, lo cierto es que los homicidios, secuestros y delitos de alto impacto no ceden.

Lo mismo pasa en la capital Xalapa y hasta en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, la misma que se guardó como la joya más preciada para garantizar el relevo en el gobierno estatal. Prácticamente en cualquier lugar, en cualquier momento, puede cometerse un crimen con absoluta impunidad, no importa si se trata de un centro comercial, a escasos pasos de instalaciones de la policía o a unas cuadras de algún palacio municipal.

Durante su campaña, Cuitláhuac se refirió de manera reiterada al grave problema de inseguridad que vive el estado, sin embargo, no hizo compromiso alguno para resolver el problema. Tal vez porque no tenía los datos duros ni el conocimiento del tema, por lo que apostó a que fuera el gobierno de López Obrador –el mismo al que hoy lanza un grito desesperado- quien se encargara del asunto a través de las fuerzas federales.

Este miércoles, en el marco en las audiencias públicas que organiza la Cámara de Diputados sobre la creación Guardia Nacional, el mandatario veracruzano dijo que en el estado operan seis cárteles y su poderío supera al de las policías municipal y estatal. Lo primero resulta una sorpresa, pues se supone que sólo había dos o tres que se disputaban la plaza; lo segundo, lo saben y padecen todos los ciudadanos desde hace varios años.

En su intervención, en la que urgió la creación de la nueva institución de seguridad en el país, reveló que el sur y la zona sur-centro son consideradas focos rojos en materia de inseguridad, por lo que realizan un diagnóstico para atender la situación en esas regiones. Tampoco es nada nuevo, basta revisar los medios y dar seguimiento a las redes para conocer el tamaño de la tragedia que se vive en los corredores Coatzacoalcos-Acayucan y Córdoba-Fortín-Orizaba.

Cuitláhuac detalló que el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y los Zetas son los principales generadores de violencia en el estado y prefirió reservarse el nombre del cártel con mayor fuerza y estructura. El gobernador empieza a aprender que sus palabras y sus dichos tienen consecuencias.

Y hay un dato relevante. Según dijo ante los diputados, las administraciones anteriores dejaron un total de 4 mil 700 elementos policiacos, que se ven superados ante la capacidad de fuego de los grupos delictivos. En este caso, seguramente se refiere sólo a los de seguridad pública, ya que es evidente que no tiene control alguno sobre la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI) y no debe estar contabilizando a los elementos del IPAX, con lo que en conjunto, sumarían casi 10 mil elementos.

Mientras gobierno federal, diputados y gobernadores siguen en soliloquios, la gente sigue perdiendo la vida y su patrimonio a manos de los delincuentes.

El tema de los cárteles y la delincuencia organizada se asemeja al problema de la salud pública: tenemos el diagnóstico sobre la gravedad de la enfermedad, pero sólo nos pueden administrar pequeñas dosis de paracetamol. Y al igual que a nivel federal, no se observa una reducción de la violencia en el corto plazo.

¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá defendernos?

Las del estribo…

  1. El protagonismo del Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, sigue dando problemas al gobernador, quien en menos de una semana le ha tenido que enmendar la plana un par de veces. Primero fue el caso de la familia agredida por policías en Actopan y ahora la construcción del relleno sanitario en Chinameca. Curiosamente, ninguno de los dos temas son asuntos de la Segob sino de las Secretarías de Seguridad Pública y Medio Ambiente. Vaya forma de dilapidar el capital político.
  2. El tema del baño descompuesto de las diputadas panistas en el Congreso local es un vodevil de vergüenza ajena. Luego de que su coordinador gastara millones de pesos en casas fantasmas de enlace, ahora resulta que no tienen la iniciativa de pasar la charola, juntar 2 mil pesos y mandar a traer un fontanero por cuenta propia. El espectáculo del baño móvil los pinta tal como son: mezquinos y miserables.