Hasta hace algunos meses, a los diputados del PAN y el PRD tenían los votos suficientes para retorcer la ley y hacerse, por ejemplo, de la Junta de Coordinación Política, misma que tendría que haber sido rotatoria durante esta Legislatura, tal y como lo marca el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Sustituyeron la norma por el agandalle y están por pagar las consecuencias.

El saltimbanqui legislativo -el escándalo de Eva Cadena y su expulsión del grupo parlamentario de Morena; el reacomodo de los integrantes de la fracción “Juntos por Veracruz”, donde unos salieron y otros entraron; la adhesión pasiva al PAN de diputados de otras fracciones (Rodrigo Escalante y Vicente Benítez de “Juntos por Veracruz”; Regina Vásquez Saut del PRI) y la suma al PAN de Sebastián Reyes Arellano-, permitió que el Gobernador mantuviera sin mayores problemas el control del Congreso, hasta el primero de julio pasado.

La derrota del candidato de Miguel Ángel Yunes Márquez ha tenido muchos efectos colaterales; aun cuando Morena se hubiera hecho sólo del Congreso, el margen de maniobra hubiera jugado a favor del nuevo Gobernador. Pero ganó Cuitláhuac García y entonces todo se derrumbó (Emmanuel dixit), incluido el nombramiento del nuevo Fiscal Anticorrupción y una serie de magistrados que deberán integrar en breve el Poder Judicial.

Tan seguros estaban de ganar, que dejaron correr el tiempo. Desde que Miguel Ángel Yunes era gobernador electo, el nombramiento ya estaba listo. A nivel federal se había aprobado el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y los estados estaban en el proceso de implementación. El escándalo duartista y la presión de Yunes Linares frenó el nombramiento y este quedó dos años en el limbo, hasta que nuevamente el gobernador saliente está urgido de nombrarlo.

Todo este tiempo el nombramiento pudo realizarse sin sobresaltos; no obstante, Veracruz se mantuvo entre los últimos lugares en la implementación del sistema nacional. Acaso sólo cumplió con la armonización legislativa de las disposiciones establecidas en la Constitución, ya que no era necesario avanzar más en el tema de anticorrupción… hasta ahora.

Y de repente, los votos tampoco fueron suficientes, por lo que la noche de ayer el Grupo Legislativo del PAN tuvo que abortar la intentona de imponer a los nuevos funcionarios durante la sesión a celebrarse este jueves. La necesaria mayoría calificada obligaría a designar a un Fiscal Anticorrupción espurio que prácticamente nacería muerto, dadas las condiciones políticas que hoy se presentan en el país y particularmente en Veracruz.

Hoy todo lo que haga el gobernador Miguel Ángel Yunes tiene la atención especial del presidente electo.

Anoche, la Junta de Coordinación Política determinó no incluir en el orden del día de la sesión de este jueves, la designación del Fiscal Anticorrupción, ni el nombramiento de doce magistrados, ya que al PAN le faltan votos para lograr la mayoría calificada. El coordinador de la fracción de Morena, Roberto Zenyazen Escobar, consideró que el tema se podría quedar para la siguiente legislatura, como resultado de la votación que emitió el electorado el pasado 1 de julio.

“No va a entrar lo del Fiscal, ni va a entrar lo de los magistrados, dado que no hay números para la votación, muchos compañeros diputados ya han hecho un análisis de lo que conviene”, ha dicho. Tal vez por ello, corrió como pólvora la versión de que algunos diputados han tenido el ofrecimiento –y lo habrían aceptado- de vender su voto a favor de la propuesta del Gobernador para nombrar al nuevo Fiscal Anticorrupción.

Aquí corren dos escenarios. Que la compra de votos resulte y que haya un nuevo Fiscal alineado a los intereses de la administración estatal que fenece. En este caso, quienes así lo hagan pueden irse despidiendo de su carrera política, ya que serán López Obrador y Cuitláhuac García los encargados de hacer pública su recompensa y exhibir el sentido de su voto.

El segundo asunto es que esto tampoco blinda –como se ha querido sugerir- al gobernador y sus principales colaboradores en caso de que en el futuro se detecten irregularidades en su desempeño. El cargo no es una garantía como tampoco lo es –por ejemplo- que el Fiscal General del Estado siga en funciones así haya sido designado para un periodo de nueve años.

En ambos casos se estaría consumando una gran estafa, como sucedió con Javier Duarte y su bancada en su momento. Los millones de pesos que se destinaron a la compra de votos –y de ello hay testimonios públicos- de poco sirvió para protegerlo a la hora de la transición de gobierno. Aquí sucederá lo mismo, en un escenario donde Morena tendrá el control absoluto del Congreso local.

Por lo pronto, hoy no habrá designación alguna. Todo quedará para la última semana de julio; algunos diputados de oposición siguen rezando porque el ofrecimiento no se caiga, a sabiendas que ellos ya no estarán a la hora de ajustar cuentas.

Las del estribo…

  1. Para enriquecer la reflexión sobre lo que significa bajar el salario a la alta burocracia del país. Según un análisis de El Universal, con base en datos públicos, de los 1.87 millones de empleados del sector público, 1.8% gana por encima del sueldo que percibirá López Obrador. Eso quiere decir que la medida afectará a 34 mil 559 trabajadores de la administración pública que hoy ganan más de 108 mil pesos al mes.
  2. El 28 de junio, tres días antes de la elección, en este espacio se informó sobre caso del dinero recaudado por Morena para atender a los damnificados de los sismos en la ciudad de México y que fue a parar a la campaña electoral. La respuesta fue la descalificación vociferante a Formato7; la historia ha sido confirmada. Ahí nomás para la anécdota.