Aquélla mañana de domingo, desde el extranjero, el gobernador Javier Duarte pedía información sobre los hechos más relevantes ocurridos la entidad, los mismos que ya agitaban las redes sociales y que serían motivo de las primeras planas de los diarios al siguiente día.

Dos resultaban los más relevantes: la madrugada de ese 2 de agosto de 2015 se había registrado un atentado en contra las instalaciones del periódico Presente, de Poza Rica. En tanto, la tarde anterior, la Procuraduría de Justicia de la ciudad de México había dado a conocer que entre las víctimas del multihomicidio de la colonia Narvarte se encontraba Rubén Espinosa, el periodista que había huido de Veracruz luego de una serie de agresiones de la policía en contra de grupos anarquistas.

De lo primero, el mandatario dio instrucciones para que se movilizaran hacia Poza Rica funcionarios de la Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública; sus titulares habrían atendido personalmente a los directivos del medio, quienes con anterioridad ya habían recibido amenazas.

Del segundo evento, Javier Duarte se deslindó de inmediato. “Eso no sucedió en Veracruz; que lo investiguen Mancera y su gente; nosotros no tenemos nada que ver, no es asunto nuestro”. “Así es, sucedió en la ciudad de México, pero algunos medios ya lo están vinculando con usted”, dijo su interlocutor. “No es mi problema, que digan lo que quieran, sucedió en México y que ellos se arreglen”, insistió, sin imaginar que este evento marcaría el resto de su administración.

Desde entonces la historia no ha cambiado mucho. La cifra de periodistas y activistas sociales asesinados siguió en aumento lo mismo en lo que quedaba del gobierno de Duarte que en la administración de Miguel Ángel Yunes. El número de homicidios sigue en aumento, pero tal vez ninguno tan emblemático como el de Abiram Hernández Fernández, ocurrido este fin de semana en Xalapa.

Acaso la única diferencia es que hoy el gobierno no es el principal sospechoso. La muerte de Abiram durante el duartismo o el yunismo habría sido un verdadero escándalo nacional, tal vez de las proporciones de la muerte de Rubén Espinosa; sin embargo, esta vez no lo ha sido. Acaso algunos medios han dedicado un par de líneas para dar a conocer la noticia del homicidio del activista y defensor de los derechos humanos.

Abiram tenía 37 años. Su trabajo consistía en acompañar a los colectivos en la búsqueda de justicia de familiares de cientos de personas desaparecidas, en un estado en el que ha sido encontrada la fosa clandestina más grande de América Latina, la de Colinas de Santa Fe con 298 cuerpos sepultados en la arena. El activista fue asesinado a golpes dentro de su vivienda. Los asesinos habían forzado la cerradura; el forense indicó como causa de la muerte “traumatismo craneoencefálico severo con exposición de masa encefálica”, desmintiendo la versión de que había sido un arma de fuego.

Sin embargo, que el gobierno ya no sea sospechoso de matar periodistas o activistas no ha frenado la fatídica espiral de muerte que distingue el inicio de la actual administración. Abiram Hernández es un caso más entre los 13 mil homicidios que se han registrado en cuatro meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y nadie se atreve a salir a las calles a decirlo.

En su columna de ayer, el periodista Héctor de Mauleón documentó que el último trimestre fue uno de los más violentos en nuestra historia reciente. Detalló que de diciembre de 2018 a febrero de 2019, según los datos del Observatorio Nacional Ciudadano, se cometieron en el país 13 mil 025 homicidios dolosos. Para Francisco Rivas, director del Observatorio, la cifra representa un aumento de 13% en relación con el mismo periodo del año anterior.

“Se trata, por lo demás, del primer trimestre de gobierno más violento en los últimos cuatro sexenios: es 48% peor que el primer trimestre de Enrique Peña Nieto, y 150% que el primero de Felipe Calderón. En el conteo de homicidios dolosos realizado por Lantia Consultores, que dirige Eduardo Guerrero, el alza resulta también significativa: 4 mil 234 asesinatos en el primer bimestre de 2018, contra 4 mil 826 del primero de 2019”, cita el periodista.

Las cifras en Veracruz tampoco son las mejores. Abril inició teñido de rojo, en una numeralia de muerte verdaderamente espeluznante: cuatro ejecutados que habrían sido levantados en Amatlán, un hombre fue degollado en Boca del Río, un funcionario municipal fue asesinado en Poza Rica camino a su trabajo, y uno más apareció muerto en Córdoba.

A falta de una estrategia de seguridad, las buenas intenciones del Presidente ya nos costaron 13 mil muertos.

Las del estribo…

  1. La policía ha metido en aprietos al gobernador Cuitláhuac. El robo y la siembra de arma a estadunidenses, la desaparición forzada de un hombre en Ursulo Galván y el secuestro, violación y tortura de una profesora durante un operativo en Tlalixcoyan, han puesto en evidencia que la policía está más podrida que antes. Sanción o protección, el dilema de SSP.
  2. Ayer se presentó el Plan Veracruzano de Desarrollo del actual gobierno. La buena noticia es que nos salió mucho más barato que el anterior; la mala, que no deja de ser un catálogo de buenas intenciones que los funcionarios estatales poco entienden y nada aplican. Al menos salvaron el requisito legal.