En su desvarío ideológico y un supuesto pragmatismo político, la protesta social se ha convertido en franquicia y monopolio de los gobiernos de Morena.

Así, mientras en Tabasco emiten una ley para prohibirlas, en Veracruz llevamos semanas sufriendo a los danzantes de los 400 pueblos y otras organizaciones que han tomado por asalto la capital del estado, bajo el “patrocinio” del gobierno estatal, o al menos, del responsable de la política interna.

Sobrarán las buenas conciencias morenistas que acusen –parafraseando al filósofo de la salud, Roberto Ramos Alor-, que ningún chile nos embona. Que si se prohíbe está mal porque muestra a un gobierno autoritario, y que si se permiten también, porque expone a una autoridad permisiva y blandengue. Ambas son falacias.

En el caso de Tabasco, como lo ha reconocido el Presidente López Obrador y su partido, no hay otro propósito que evitar que grupos de ciudadanos pudieran interferir en la construcción de la refinería de Dos Bocas. En aquél estado está la semilla que el propio Andrés Manuel sembró hace muchos años con la toma de pozos y carreteras; hoy que el líder ha llegado al poder, muchos de sus seguidores de entonces han pensado que podrían seguir viviendo cómodamente de la movilización social. El Presidente lo sabe y por eso impulsó una “ley garrote” que desconoce su propio origen.

Pero resulta que no sólo quienes viven de la marcha –líderes dedicados al chantaje y la extorsión, dice el Presidente- podrían manifestarse en contra del proyecto más importante y más arriesgado de la presente administración. Con documentos y razones en la mano, movimientos ambientalistas también se estarían movilizando para tratar de impedir el desastre ecológico que implica una obra que ni siquiera cuenta con estudios de impacto ambiental.

López Obrador dice que la ley no busca restringir las libertades, que las “causas justas” tendrán libertad de manifestarse. Pero, ¿quién determinará cuando una causa es justa? ¿Acaso las marchas progresistas y patrióticas a favor de Dos Bocas será una causa justa y la defensa conservadora de la legalidad ambiental no lo es? ¿Es el Presidente el depositario del monopolio de la movilización social que lo llevó al poder y por ello sólo él puede decidir quien sí puede manifestarse y quién no?

En un artículo publicado por José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte, señala que la iniciativa del gobernador de Tabasco para regular la protesta social presenta dos grandes problemas. “El primero y más obvio, el de su constitucionalidad. Se penalizan conductas que pueden ser expresión legítima de derechos, se pierde de vista el carácter de ultima ratio del derecho penal y en distintos supuestos no se satisface el principio de razonabilidad y proporcionalidad.”

Frente a estas potenciales violaciones, explica, es probable que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presente la correspondiente acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte anule varias porciones normativas, afectando sustancialmente su aplicación.

Lo grave de la iniciativa, una vez más, es la moral impuesta desde la autoridad. Así lo explica: “El segundo y más grave problema de la propuesta es la reiteración de la consigna gubernamental frente al derecho. Subyace una racionalidad idénticamente equivocada: los derechos y sus instrumentos de protección pueden juzgarse en razón de su conformidad o distanciamiento de los propósitos del gobierno. Si los acompañan, son moralmente buenos; si los confrontan u obstaculizan, son indebidos. Permitir que el Presidente y su gente determinen la moralidad del derecho, es tanto como dejar que determinen nuestras condiciones de vida a partir de sus muy particulares designios.

El Presidente no sólo se convirtió en el franquiciatario de la protesta social, sino también de la moral pública.

Por fortuna, en Veracruz gobierna un estadista apasionado de la defensa de las libertades y los derechos humanos. En Xalapa, por ejemplo, no se prohíbe la inmoral manifestación de los 400 pueblos –no es una expresión personal, existen sanciones administrativas para quien se desnude en la calle aludiendo a esa condición- sino que hasta se promueve y se financia. Incluso, hasta se prestan las instalaciones públicas para que amarren sus casas de campaña.

A pesar de que también se han tolerado las manifestaciones e otras organizaciones como Antorcha Campesina y el Frente Cardenista –ya cumplieron un mes protestando frente al Congreso del Estado-, en realidad la empatía y patrocinio con los 400 pueblos tiene un origen: el golpeteo mediático en contra de Miguel Ángel Yunes Linares.

La obsesión que provoca el ex gobernador Yunes a sus opositores le sigue costando muy caro a Veracruz.

Las del estribo…

  1. En Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García ya instauró la versión bananera de “yo tengo otros datos”. Rechaza que haya aumentado el doble el número de feminicidios y culpa al fiscal por la clasificación que se hace de este delito. Mientras sigan en la disputa inútil, muchas mujeres siguen perdiendo la vida, más allá del tipo penal que apliquen al homicidio. Si tuvieran voluntad, ya hubieran nombrado al menos a la titular del IVM.
  2. Vergonzoso que en la discusión de ayer para aprobar la reestructuración de la deuda pública del estado, el diputado morenista Víctor Emmanuel Vargas Barrientos haya querido ilustrar a la audiencia con una definición recogida desde Wikipedia a través de su teléfono celular. Y eso que es miembro de la Comisión de Educación. Ese es Morena.