Vaya malaria ha caído a los burócratas del estado. Después de que pensaron que ya habían librado al gobierno de Duarte, que habían logrado sobrevivir al de Yunes Linares, miles de empleados –sindicalizados y de confianza- se enteran que el gobierno de Morena tiene la misma necesidad de realizar despidos masivos para abrir espacio a sus simpatizantes y cumplir con compromisos políticos. Nada ha cambiado.

Cuando no se cumplen dos semanas de gobierno, la burocracia estatal –mucha de la cual votó por Cuitláhuac- han empezado a ser presionada para presentar sus renuncias, so pena de no recibir el pago de su primera quincena de diciembre y el aguinaldo correspondiente. Las movilizaciones no se han hecho esperar.

Es lamentable la decisión que ha tomado el gobierno –si no lo ordenó el Gobernador, al menos dio su consentimiento-, de prescindir de personal que tiene muchos años laborando en las dependencias, sobre todo cuando el talón de Aquiles del nuevo gobierno es precisamente la inexperiencia y la falta de conocimiento de la administración pública.

Por supuesto que Cuitláhuac y sus colaboradores están en su derecho de arrancar de raíz cualquier herencia nociva de la administración pasada –es cierto que muchos empleados obtuvieron sus bases en los últimos meses del gobierno anterior-; sin embargo, lo están haciendo de la misma forma que en el pasado: privilegiar la militancia y la pertenencia de grupos e intereses, sobre el perfil y las necesidades de la administración. Las consecuencias de la improvisación y el amiguismo ya lo conocemos de sobra.

Llegar al gobierno a hacer una purga generalizada es una práctica deleznable. Si el ex Secretario de Educación se auto asignó una plaza pensando que nadie se daría cuenta, entonces que la cancelen y tomen las medidas necesarias. Sin embargo, despedir a empleados sin ningún criterio –se asegura que se cuentan hasta mujeres embarazadas-, no sólo es discriminatorio y violatorio de la ley, sino que los laudos le costarán al gobierno dinero que no tiene.

Es muy posible que las movilizaciones en algunas dependencias tengan un trasfondo político y haya la intención de causar problemas al gobierno. Sin embargo, esto está sucediendo en prácticamente todas las dependencias sin que hasta ahora haya una respuesta pública por parte de las autoridades. La ausencia de información –más allá de los boletines de prensa- empieza a ser un déficit de la nueva administración estatal.

Este miércoles, por ejemplo, cayó como balde de agua helada la noticia de que el Museo Interactivo de Xalapa (MIX) cerró definitivamente y sus trabajadores fueron echados a la calle. Uno de los pocos proyectos de educación y turismo, fue tirado a la basura por la corrupción de Duarte, la irresponsabilidad de Yunes y el desinterés de Cuitláhuac.

Al mismo tiempo, se hicieron denuncias de despidos masivos tanto en la Secretaría de Educación (SEV) como en la del Medio Ambiente (Sedema). En todo caso, el personal de confianza que ahí laboraba sabía que su ciclo había terminado, de la misma forma que muchos de ellos llegaron a ocupar su cargo como resultado de otra coyuntura política o de cambio de gobierno.

No obstante, según diversas publicaciones, esta vez la guadaña alcanzó a personal del Servicio Civil de Carrera y a empleados sindicalizados para cumplir diversos compromisos políticos. Que se acuse que estos espacios serán destinados a ex duartistas demerita la legítima defensa de la fuente de trabajo, sobre todo si no se aportan pruebas de los dichos. Que se defiendan con la ley y no el chisme.

Para nadie es un secreto que cada administración tiene su plantilla de aviadores. Esos se tienen que ir, sin consideración alguna ni reclamo de un derecho que nunca adquirieron, porque nunca trabajaron. Pero se debe distinguir entre unos y otros.

Es evidente que de la eventual injusticia que pudiera cometerse, muchos sacarán raja política y aprovecharán para tomar revancha mediática por su despido. Eso es de esperarse, por ello, basta con que el proceso de transición sea transparente y se respeten los derechos laborales de los empleados.

Hasta ahora, ningún gobierno que inicie ha optado por lo más sencillo: despedir lo que estorba, lo que no sirve, lo que representaban compromisos del pasado y mantener al personal más capacitado para realizar las tareas institucionales, a partir de su trayectoria y su experiencia.

Lo urgente es colocar a la gente para cumplir los compromisos, aunque no tengan la más peregrina idea de lo que se trata. Día 13.

Las del estribo…

  1. Cuando parece que el PRI ha tocado fondo, siempre resulta algo peor. Con la renuncia de Juan Carlos Molina a su Grupo Parlamentario, el partido se queda sin representación en el Congreso local. Ante la ausencia de gobernador y Presidente, el PRI veracruzano debería tomar sus propias decisiones y no esperar a que del CEN les instruyan qué hacer. Allá Veracruz no interesa.
  2. Ayer el Congreso dio por buenas las denuncias presentadas en contra del Fiscal del Estado, con lo que se iniciará el proceso de juicio político. La ruta jurídica y legislativa parece ser la más larga para destituir al Fiscal, sobre todo por la probada ausencia de abogados capaces, lo mismo en el Congreso que en el gobierno. Veamos el siguiente capítulo de esta novela.