Hará unos 20 años, durante un recorrido por un municipio serrano, un candidato a presidente municipal –que ya lo había sido en otras ocasiones– alardeaba de su capacidad de persuasión. “Ya hablé con el alcalde; le dije que tiene que ‘vomitar’ la mitad de lo que se chingó si no quiere que lo meta al bote. Antes de sentarme en la silla del palacio ya habré recuperado todo lo de la campaña… y más”. Perdió, así que no recuperó lo de la campaña, ni se benefició de la arcada presupuestal.

El vómito negro es una expresión política, descarnada pero muy gráfica, para referirse a la presión que se ejerce sobre algún personaje público –aunque también suele pasar con algunos empresarios– para que devuelva el dinero o los bienes que se presumen mal habidos. Esto se puede hacer de varias formas: desde la persecución política y de justicia, hasta el arreglo oscuro entre los grupos de poder.

Es una práctica relativamente común y políticamente aceptada; es la sanción no formal ante la evidencia del hurto. Por eso es que muchos políticos lo mismo lo padecen que lo imponen, como una forma de cobrar venganza en lo que más duele: el dinero.

Cuando se empezaron a hacer públicos los desvíos millonarios durante la administración de Javier Duarte –por supuesto lo negará hasta la tumba–, Miguel Ángel Yunes encontró en el enojo social el filón electoral que lo llevaría a la gubernatura; por ello estructuró una narrativa del justiciero que habría que hacer que los ladrones devolvieran lo robado. Aunque nunca dijo a quién.

El problema desde el principio fue que no utilizó las leyes, sino su recio carácter para imponer amenazas y sanciones que le permitiera doblegar a sus adversarios, quienes no sólo le entregaron recursos y propiedades, sino también información privilegiada para perseguir selectivamente al resto de la pandilla.

Ahora que el exgobernador acusa que le están integrando carpetas de investigación sobre la base de extorsiones cometidas en contra de exfuncionarios duartistas, sabe que eso es absolutamente cierto, por ello recurre otra vez al ánimo social para justificar su acción y acusar al actual gobierno de querer devolver el botín a los facinerosos.

Durante su toma de posesión, Miguel Ángel Yunes presumió que antes de iniciar su gobierno ya había recuperado bienes por un monto mayor a los mil 250 millones de pesos y que entregó 421 millones de pesos que recuperó la Procuraduría General de la República “tomando en cuenta elementos de información” que él mismo “aportó”. Puso como ejemplo la incautación del rancho “El Faunito” donde se encontraron obras de Botero, Tamayo y Siqueiros, las cuales serían puestas a disposición para saber su procedencia y valor. Hoy nadie sabe qué pasó con ellas.

Más tarde, vino una cascada de dinero y propiedades supuestamente recuperadas: el rancho en Valle de Bravo, la casa de Tlacotalpan, las propiedades de varios funcionarios en Estados Unidos, las casas en Xalapa –algunas de las cuales fueron a parar a manos de funcionarios yunistas, según algunas crónicas urbanas–. Yunes Linares dijo entonces que “el mal que azotó a Veracruz se llama corrupción” y que el quebranto había sido de más de 100 mil millones de pesos, algo que nunca pudo comprobar.

Pero también empezaron a difundirse videos, grabados por él mismo, donde presionaba a los exfuncionarios duartistas y a su círculo personal más cercano para que devolvieran bienes y entregaran información privilegiada. Él mismo fue documentando los delitos por los que hoy presume que será llevado a juicio.

Miguel Ángel Yunes, por muy buenas que fueran sus intenciones, actuó al margen de la ley. Se asumió lo mismo como un oficioso ministerio público que integró la investigación a su antojo, que como juez que determinó con libre albedrío la forma en que los malosos habrían de realizar la reparación del daño.

¿Qué se robaron? ¿Cuánto devolvieron? ¿A cambio de qué? ¿Quién determinó y con base en qué, la reparación del daño?, fueron preguntas que el gobierno nunca respondió. El dinero y los inmuebles fueron recuperados al margen de cualquier proceso judicial, como en su momento lo reconoció el propio mandatario estatal. Es decir, la única forma de rescatarlos fue el vómito negro mediante la extorsión.

Y por supuesto que si los duartistas optaron por ceder a la extorsión y no a la ley es porque sabían que sus pecados no podían expiarse en un juzgado sino en un acuerdo oscuro en cualquier departamento de Polanco o en alguna fría ciudad de Canadá. Si Yunes Linares hubiera utilizado a las instituciones de justicia para recuperar lo robado, hoy no estaría acusando persecución.

Según algunos reportajes, muy poco de lo que se recuperó está en los libros o el patrimonio del estado. Lo único oficial fueron las migajas que entregó la Fiscalía General de la República y algunas propiedades incautadas fuera de litigio que hoy podrían ser devueltas a sus ladrones originales.

Las del estribo…

  1. Podrá no haber dinero para comprar medicinas y vacunas; tampoco para fumigar contra el dengue. Podrán destinarse migajas para la atención a víctimas pero que no se diga que hay austeridad musical. Ya tenemos en la mira a Marc Anthony y Oscar D’León para el Salsa Fest 2020, como en los tiempos de la opulencia duartista. Un inevitable Deja Vú.
  2. La renuncia o destitución de Francisco Bravo del Instituto Veracruzano del Deporte ha vuelto a encender la comidilla de las redes sociales y las oficinas de gobierno. Involucrados el Gobernador y el secretario de Educación en versiones contradictorias sobre la salida del ex futbolista. Y eso que sólo se trata de un subdirector de una institución de poca monta.